Presidente Yamandú Orsi bajo el ojo de la JUTEP por errores en sus declaraciones.
El episodio revelado por el periodista Federico Castillo en Búsqueda —un error en la declaración jurada del presidente Yamandú Orsi detectado por estudiantes— trasciende largamente una equivocación contable. Lo que deja al descubierto es un problema estructural en el funcionamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP): la distancia entre su misión y su capacidad real de cumplirla.
El caso es, en apariencia, menor. Ingresos contabilizados como activos y una suma incorrecta. Pero lo verdaderamente relevante no es el error, sino quién lo detecta: no fue el organismo encargado de controlar, sino estudiantes en un ejercicio académico. Y cuando la situación es consultada, la respuesta es aún más preocupante: falta de recursos para revisar inconsistencias.
Ahí es donde la discusión deja de ser técnica y pasa a ser institucional.
Un sistema que no controla, sino que reacciona
La JUTEP fue concebida como un pilar de la transparencia pública. Sin embargo, los hechos sugieren que funciona más como una receptora de información que como un organismo de control activo. Si las declaraciones juradas no son verificadas de forma sistemática, el sistema pierde sentido.
La transparencia no puede depender del azar, ni de que terceros —periodistas, ciudadanos o estudiantes— detecten errores.
Casos que no cierran, sino que abren dudas
Cuando se amplía el foco, el problema se vuelve más evidente. Diversos episodios muestran que la intervención de la JUTEP no siempre aporta claridad, sino que muchas veces profundiza las controversias.
El caso de Álvaro Danza es paradigmático. El organismo descartó incompatibilidades en su actuación, pero lejos de cerrar el tema, la decisión fue cuestionada políticamente, con acusaciones de sesgo en el directorio.
En el caso de Juan Sartori, declarado omiso por no presentar su declaración jurada, el accionar formal de la JUTEP tampoco logró disipar las dudas sobre su patrimonio. La sanción existió, pero el fondo del asunto quedó en la discusión pública.
Situaciones como las vinculadas a Charles Carrera, con denuncias de filtraciones internas, o los cuestionamientos en torno a Andrés Ojeda, refuerzan la percepción de un organismo cuya actuación no siempre logra consolidar credibilidad.
Incluso en casos como el de Irene Moreira, donde sus resoluciones fueron acatadas, el funcionamiento del organismo no logra escapar del contexto de sospecha general.
Cuando el árbitro también es parte del problema
El punto más delicado es que la controversia ya no se limita a los políticos, sino que alcanza al propio organismo. Tras el caso Danza, las críticas a la entonces presidenta Ana Ferraris y la interpelación al ministro José Carlos Mahía reflejan un escenario en el que la JUTEP deja de ser vista como un árbitro neutral.
Y cuando el árbitro es cuestionado, el sistema entero pierde consistencia.
Transparencia sin control es solo apariencia
El problema de fondo no es la existencia de errores u omisiones —inevitables en cualquier sistema—, sino la falta de capacidad para detectarlos, corregirlos y explicarlos con autoridad técnica.
Publicar datos no es suficiente. La transparencia real implica validación, análisis y capacidad de cerrar dudas. Sin eso, lo que se genera es una “transparencia incompleta”: información disponible, pero sin garantías sobre su veracidad.
¿Herramienta de control o generador de desconfianza?
La pregunta central ya no es si tal o cual político cometió un error. La pregunta es si el sistema diseñado para controlar esos errores funciona.
Porque cuando:
- las inconsistencias no son detectadas internamente
- las resoluciones no cierran las controversias
- y las decisiones son interpretadas como parciales
el resultado es un efecto inverso al buscado.
La Junta de Transparencia y Ética Pública corre el riesgo de transformarse, aunque no sea su intención, en un generador de dudas más que en un garante de certezas.
Una discusión inevitable
No se trata de un problema de gobierno ni de nombres propios. Es un problema de diseño institucional. Un organismo sin recursos suficientes, sin metodologías robustas y sin capacidad de validación efectiva difícilmente pueda sostener su credibilidad.
Y en ese contexto, la paradoja es evidente: un organismo creado para transparentar puede terminar, en la práctica, oscureciendo.
La discusión de fondo ya no es opcional. Es si la JUTEP, tal como funciona hoy, es viable como herramienta de control real o si necesita una reformulación profunda para cumplir con el rol que la sociedad le exige.
Porque en materia de ética pública, la confianza no se declama: se construye. Y, sobre todo, se verifica.
