Italia reformó su política de ciudadanía por derecho de sangre (ius sanguinis) y restringió el acceso a la nacionalidad para los descendientes de italianos nacidos en el extranjero.
A partir de ahora, sólo podrán solicitarla quienes tengan padre o abuelo nacido en Italia, excluyendo a descendientes de bisabuelos y generaciones anteriores, quienes hasta ahora podían iniciar el trámite bajo la normativa vigente.
La medida, aprobada por el Consejo de Ministros italiano, busca limitar lo que el gobierno denomina “abusos” y “comercialización” de pasaportes italianos, según declaró el canciller Antonio Tajani. Aunque aseguró que el ius sanguinis no será eliminado, subrayó que la ciudadanía “debe ser una cosa seria” y que se establecerán “límites precisos”.
El impacto será significativo en América Latina, donde se encuentran las comunidades de descendientes italianos más numerosas. En Argentina, por ejemplo, 20.000 personas obtuvieron la ciudadanía italiana en 2023 y 30.000 en 2024 bajo la normativa ahora derogada. En Brasil, los números también fueron altos: 14.000 naturalizaciones en 2022 y 20.000 en 2024.
Pero los cambios no terminan ahí. A futuro, incluso quienes obtengan la ciudadanía bajo las nuevas condiciones deberán demostrar “lazos reales” con Italia. Esto implicará ejercer “al menos una vez cada 25 años” los derechos y deberes ciudadanos, aunque la normativa aún no especifica cuáles serán esos actos ni cómo se evaluarán.
