La nueva ley que regula el ingreso a las intendencias por concurso fue aprobada por el Parlamento. Especialistas advierten que mejorará el sistema, aunque no eliminará todas las prácticas discrecionales.
Luego de un intenso debate que se extendió por más de tres horas, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto de ley que regula el ingreso de personal a las intendencias mediante concursos o sorteo. La iniciativa fue aprobada con setenta y cuatro votos afirmativos del Frente Amplio y el Partido Nacional, y dieciocho votos negativos del Partido Colorado, Cabildo Abierto, Identidad Soberana y el Partido Independiente.
El escenario no era sencillo, ya que los diputados solo podían aprobar o rechazar las modificaciones introducidas previamente en el Senado. Entre esos cambios, uno de los más discutidos fue la incorporación —a pedido del Congreso de Intendentes— de una excepción que habilita a los gobiernos departamentales a realizar contrataciones directas hasta un cuatro por ciento del total de cargos presupuestados. Este punto fue determinante para que el Partido Colorado rechazara el proyecto tanto en el Senado como en la Cámara Baja.
El constitucionalista Eduardo Lust analizó la norma recientemente aprobada y sostuvo que no es inconstitucional, aunque advirtió que, si bien supone un avance en el concepto de ingreso a las intendencias, no erradicará completamente prácticas históricas del sistema. “Algo va a mejorar, pero algunas prácticas van a continuar”, resumió.
Qué establece la ley
La norma regula el ingreso de personal presupuestado o contratado en las intendencias, promoviendo el concurso como mecanismo general y obligatorio. No obstante, habilita una excepción que permite designaciones directas dentro del límite del cuatro por ciento de los cargos, sin necesidad de concurso. Este artículo fue interpretado por sectores de la oposición como una puerta abierta a la discrecionalidad política.
Posturas divididas
Durante el debate parlamentario, el senador colorado Pedro Bordaberry fue uno de los más críticos. “Es una vergüenza aprobar una ley que habla de transparencia y mérito y, al mismo tiempo, permitir designaciones directas”, afirmó en la sesión del Senado de octubre. Desde el Frente Amplio se defendió la excepción como un punto de equilibrio entre la profesionalización del ingreso y la operativa real de las intendencias, mientras que el Partido Nacional respaldó la ley señalando que representa un avance, aunque reconoció que el artículo fue producto de una negociación política. El planteo colorado de que todos los ingresos fueran por concurso o sorteo no prosperó.
Constitucionalidad y alcances
Lust explicó que la Constitución establece que es competencia del intendente designar a los funcionarios, pero no determina el mecanismo. El artículo sesenta y cuatro de la Carta Magna habilita al Parlamento, con una mayoría especial de dos tercios, a legislar sobre normas generales aplicables a los funcionarios de los gobiernos departamentales. “Ese quórum se alcanzó, por lo que la ley no es inconstitucional ni en la forma ni en el fondo”, sostuvo.
El especialista señaló además un detalle técnico: la ley se aplica únicamente a la Intendencia y no a las Juntas Departamentales, que mantienen sus propios criterios de ingreso. “El gobierno departamental tiene dos órganos y la norma refiere solo a uno de ellos”, aclaró.
Prácticas que continuarán
Consultado sobre si la ley pone fin al clientelismo político, Lust fue categórico: “No se termina”. Si bien reconoció que la intención es sanear el sistema y limitar el ingreso discrecional, advirtió que seguirán existiendo cargos de confianza, tercerizaciones, arrendamientos de servicios y contrataciones a través de fundaciones o cooperativas. “Hay un espectro amplio de personas que podrán seguir trabajando para las intendencias sin ingresar por concurso”, concluyó.
La ley, ya promulgada, marca un cambio relevante en la regulación del ingreso a los gobiernos departamentales, aunque deja abierto el debate sobre hasta dónde alcanza su impacto real en la práctica cotidiana.
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