En las veredas del centro, en las esquinas de los barrios o junto a las ferias, el comercio informal se ha vuelto parte del paisaje urbano de Salto. Lo que para algunos representa una salida laboral legítima ante la falta de oportunidades, para otros es un problema que erosiona la formalidad, la recaudación y la competencia justa.
La realidad es que detrás de cada puesto callejero hay una historia de necesidad. Personas que, frente a la falta de empleo estable o los bajos ingresos, encuentran en la venta ambulante un modo de subsistir. Sin embargo, el crecimiento sostenido de esta modalidad también pone en evidencia debilidades estructurales, un mercado laboral poco inclusivo, la informalidad extendida y cierta complicidad de las autoridades locales, que justamente enfrentan un dilema: controlar o comprender.
Reprimir sin ofrecer alternativas no resuelve el problema, pero permitir que el fenómeno se expanda sin reglas termina perjudicando a los comercios que cumplen con impuestos, habilitaciones y normas sanitarias.
Salto necesita políticas integrales que combinen acompañamiento social, capacitación y formalización progresiva. Es indispensable que el Estado, las gremiales empresariales y los propios vendedores construyan un espacio de diálogo donde la inclusión económica no sea una consigna vacía, sino un camino real.
El comercio informal es más que una cuestión de ventas callejeras, es un espejo de la desigualdad, del desempleo y de la urgencia cotidiana de muchos salteños. Ignorarlo sería tan irresponsable como no actuar para integrarlo a la legalidad.