Mucho se viene hablando de ANTEL estos días. Y hay quienes hablan de forma extremista, por llamarle de alguna forma. Por ejemplo, leíamos ayer que una persona escribió: “Vendieron el Internet de ANTEL y nadie dice nada”; otra persona le respondió: “Ojalá se venda todo lo público, así terminamos con tanto vicio que hay en los funcionarios públicos…”. Ambas son visiones que no encuadran, pensamos, lo que está pasando actualmente. Sobre ello queremos escribir hoy, intentando arrojar luz sobre el tema, aclarando algunas cosas, desde nuestra perspectiva y opinión personal, por supuesto, que como siempre puede ser compartida o no. Para ello, empezamos con estas líneas que son parte de una nota de opinión que publicábamos en la edición del sábado:
“Resulta que ANTEL ya no tendrá el monopolio para abastecer con servicio de Internet a la población. También podrán hacerlo ahora, cinco empresas de Cable (tres de Montevideo y dos del interior). Ante ello, muchos por estas horas «han puesto el grito en el cielo», volviendo a agitar los viejos fantasmas de la «privatización». Como si todo lo privado fuera malo; como si los emprendimientos privados no generaran trabajo. En primer lugar, hay que dejar en claro algo que pareciera obvio, o no tanto para algunos: los uruguayos podremos, si así lo queremos, seguir optando por ANTEL, es decir por la empresa estatal. Igual que para la telefonía móvil podemos seguir eligiendo esta empresa, aunque haya otras -privadas- que compitan con ella. Solo en telefonía fija el monopolio es del Estado. Por otra parte, ¿no vendría bien que ANTEL tuviera competencia? ¿No servirá para que se preocupe de brindarnos un mejor servicio, al saber que si estamos desconformes podemos elegir un privado? Da para pensarlo, antes de rechazar automáticamente la nueva propuesta. Pero además, lo que poco se dice, es que la posibilidad de que empresas privadas brinden servicio de Internet a los uruguayos, ya existe desde hace mucho tiempo, porque así lo permite la propia Constitución de la República. Simplemente ocurre que el anterior Gobierno Nacional -aún yendo en contra de las leyes- no lo permitía…”.
Hasta ahí la nota anterior. Ahora profundicemos…
Fíjese usted, estimado lector, lo que dice el numeral 17 del artículo 85 de la Constitución de la República. Dice que compete al Parlamento «Conceder monopolios, requiriéndose para ello dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara. Para instituirlos en favor del Estado o de los Gobiernos Departamentales, se requerirá la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara». Eso no pasó nunca. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo (lo que incluye a sus órganos desconcentrados, como la URSEC) carece de toda facultad para hacerlo. No lo puede hacer por las leyes, como decíamos, y tampoco puede hacerlo de hecho, que es lo que venía ocurriendo. Ningún servicio brindado por ANTEL, excepto la telefonía fija, queda cubierto por esa reserva de mercado y cualquiera otra interpretación que se haga es arbitraria, es un capricho casi, y atenta contra la Constitución (atenta contra el derecho de propiedad, de libertad de trabajo, de libertad de comercio…).
Pero le digo más…no solo la Constitución estaba siendo “pisoteada” por los políticos de turno. El monopolio que se le daba a ANTEL también atentaba contra la ley 18.159 («de Promoción y Defensa de la Competencia»), que además -y esto llama la atención- no fue aprobada por gobiernos colorados ni blancos, sino que es del año 2007, es decir en plena administración del Presidente Tabaré Vázquez. Es la ley que dice en su artículo 2?:»Todos los mercados estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia, excepto las limitaciones establecidas por ley, por razones de interés general». O sea… todos los mercados, salvo que la ley establezca una excepción. Y la ley deberá hacerlo de acuerdo al artículo de la Constitución del que hablamos antes.
Pero si con todo esto no fuera suficiente, esta ley establece en su artículo 3?:»Todas las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que desarrollen actividades económicas con o sin fines de lucro, en el territorio uruguayo, están obligadas a regirse por los principios de la libre competencia». Pero más claro, imposible: dice públicas y privadas, y dice que nadie está exonerado de la competencia.
Y más todavía diremos… La ley también dice que «Se prohíbe el abuso de posición dominante, así como todas las prácticas, conductas o recomendaciones, individuales o concertadas, que tengan por efecto u objeto, restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado relevante».
Ahora claro, ¿qué pasó? Que en ese momento, quizás como para suavizar un poco la inconstitucionalidad en la que se estaba cayendo, se introdujo un artículo en la ley de medios, el N° 56, que prohíbe a los prestadores de servicios de comunicación audiovisuales, brindar «servicios de telecomunicaciones de telefonía o transmisión de datos». Pero tampoco se pudo, porque en 2016, los tres cable-operadores montevideanos interpusieron, cada uno por su lado, recursos de inconstitucionalidad contra la prohibición de brindar servicio de trasmisión de datos. Y la Suprema Corte de Justicia les dio la razón.
Finalmente este gobierno, el actual, decidió autorizar a los cable-operadores a brindar servicios de trasmisión de datos a través de cable coaxial. Por ahora se firmaron cinco resoluciones a favor de Nuevo Siglo (Riselco SA), TCC (Tractoral SA), Monte Cable (Monte Cablevideo SA), Korfield y Praimar.
En fin, creemos que los ciudadanos vamos a ganar al tener más opciones. ¿No se nos dice siempre que lo importante es el pueblo y su libertad? También es apostar a la libertad dar varias opciones, públicas y privadas.
Entonces, decimos en síntesis, que no nos parece una mala idea. Al contrario, tenemos confianza en que se genere una sana y hasta necesaria competencia. Estaremos ante un escenario que, ni más ni menos, nos guste o no, nuestras propias leyes lo avalan. Y desde hace años, no está de más reiterarlo.
