Desde la aprobación de la Ley Forestal en 1987, Uruguay ha protagonizado un proceso de forestación planificada que ha transformado significativamente la matriz productiva del país y su paisaje rural. Sin embargo, este proceso, aunque exitoso en términos económicos, ha generado un debate creciente respecto a su sostenibilidad ambiental y equidad territorial.
Transformación profunda
En las últimas décadas, Uruguay ha experimentado una transformación silenciosa pero profunda: el avance sostenido de la forestación. Lejos de ser solo una actividad productiva, el desarrollo forestal ha emergido como una pieza clave del modelo económico, social y ambiental del país.
Desde la aprobación de la Ley Forestal en 1987, que incentivó la plantación de especies como eucaliptus y pino en suelos declarados de prioridad forestal, el país ha pasado de tener unas 50.000 hectáreas forestadas a más de un millón. Esta expansión no solo ha sido ordenada y regulada, sino también acompañada por inversiones millonarias, tanto públicas como privadas, que consolidaron al sector forestal como uno de los motores de exportación del Uruguay.
“Hoy el sector genera más de 25.000 empleos directos e indirectos y representa alrededor del 5% del PIB”, destaca el ingeniero agrónomo Pablo Aguirre, especialista en desarrollo sostenible. “Pero también trae aparejados desafíos sociales y ambientales que no podemos ignorar”.
Entre los beneficios de la forestación se destacan la captura de carbono, la recuperación de suelos degradados, la creación de corredores biológicos y la diversificación de la matriz productiva. A nivel ambiental, se calcula que los bosques industriales capturan anualmente millones de toneladas de CO₂, contribuyendo así a los compromisos internacionales del país en la lucha contra el cambio climático.
Sin embargo, la expansión forestal no ha estado exenta de polémica. Organizaciones rurales y ambientalistas han cuestionado el impacto sobre los recursos hídricos, la biodiversidad y el desplazamiento de otras actividades productivas. También hay voces que alertan sobre la concentración de tierras en manos de grandes empresas extranjeras y el riesgo de monocultivos extensivos.
“El desafío no es demonizar ni glorificar la forestación, sino encontrar un equilibrio real entre producción y sostenibilidad”, señala Ana Rodríguez, socióloga especializada en políticas rurales. “Uruguay tiene la oportunidad de ser un modelo en manejo forestal responsable, pero para eso se necesita más transparencia, participación ciudadana y planificación a largo plazo”.
En 2023, el gobierno anunció una revisión de la política forestal con énfasis en la diversificación de especies, la gestión del agua y el respeto a las comunidades rurales. El debate está sobre la mesa, y todo indica que el futuro verde del país no se definirá solo en los bosques, sino también en el diálogo democrático y la ciencia.
Breve historia y marco normativo
La Ley Forestal N.º 15.939, sancionada en 1987, estableció los lineamientos básicos para el desarrollo del sector forestal en Uruguay. Se declararon de prioridad forestal ciertos suelos de baja productividad agrícola, se crearon incentivos fiscales para la inversión privada y se establecieron mecanismos de regulación y seguimiento. Esta política permitió una expansión ordenada del sector y generó condiciones atractivas para grandes inversiones nacionales e internacionales.
Crecimiento del sector y su impacto económico
Desde entonces, la superficie forestada pasó de menos de 100.000 hectáreas en 1990 a más de un millón en la actualidad, lo que representa aproximadamente el 6% del territorio nacional. El complejo forestal-industrial —incluyendo plantaciones, viveros, transporte, aserraderos y plantas de celulosa— se ha convertido en uno de los principales generadores de empleo rural y en un pilar de las exportaciones nacionales, representando aproximadamente el 5% del PIB.
Beneficios ambientales: una perspectiva positiva
Desde el punto de vista ecológico, las plantaciones forestales industriales tienen potencial para contribuir a la mitigación del cambio climático mediante la captura de carbono. Asimismo, han ayudado a frenar procesos de erosión en suelos degradados, mejorar la cobertura vegetal en zonas marginales y establecer corredores biológicos en algunas regiones del país.
Controversias y desafíos actuales
A pesar de estos logros, el modelo forestal uruguayo ha sido objeto de críticas. Algunos estudios advierten sobre la pérdida de biodiversidad asociada a los monocultivos, la presión sobre los recursos hídricos, el uso intensivo de agroquímicos y la transformación del paisaje en forma poco diversa. En el plano social, también se plantea la preocupación por la concentración de tierras, el desplazamiento de otras actividades agropecuarias y la escasa participación de las comunidades rurales en los procesos de toma de decisiones.
Además, persisten tensiones entre el modelo forestal como política de desarrollo y la necesidad de una planificación territorial más democrática, con foco en la equidad y la resiliencia ecológica.
Conclusiones
La experiencia uruguaya en forestación constituye un caso singular en América Latina: ha demostrado que es posible desarrollar un sector forestal moderno, competitivo y fuertemente institucionalizado. No obstante, este éxito productivo no puede evaluarse de manera aislada, sino que debe ser analizado a la luz de los desafíos ambientales, territoriales y sociales que plantea.
En un contexto global marcado por la urgencia climática, la forestación adquiere una nueva centralidad. Pero esa centralidad no debe ser entendida únicamente como una herramienta de compensación o captura de carbono, sino como una oportunidad para construir modelos de uso del territorio más equilibrados, participativos y sostenibles.
El futuro del modelo forestal uruguayo dependerá, en gran medida, de nuestra capacidad colectiva para repensarlo, diversificarlo y democratizar su gestión.
