La modificación del CPE para las devoluciones del Fonasa, adoptada por decreto y sin discusión legislativa, es denunciada como un ajuste autoritario que reduce beneficios, altera derechos y reabre el debate sobre el rol del Estado en el sistema de salud.
La reciente decisión del gobierno de modificar el cálculo del Costo Promedio Equivalente (CPE) para las devoluciones del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) no es un simple ajuste técnico, sino una acción con claros ribetes autoritarios que altera de fondo la relación entre el Estado y la ciudadanía. Sin pasar por el Parlamento, se elevó el umbral de ingresos que determina quién y cuánto recibe de devolución, sin debate ni transparencia. Esto no solo afecta derechos adquiridos, sino que demuestra un desprecio por los procedimientos democráticos y coloca en jaque el equilibrio del sistema de salud. La norma, disfrazada de “corrección metodológica”, se presenta como un golpe burocrático que muchos ya llaman un tarifazo encubierto, con consecuencias fiscales y sociales contundentes.
Vistos desde el vidrio de la calle, la historia es más simple y menos noble. Mientras el gobierno intenta convencernos de que se trata de una cuestión de “más equidad” y “corrección de errores”, el ciudadano común siente el olor evidente de la mochila que le pesa más. Se le incrementa la carga sin justificación clara y con poco margen para quejarse.
La ironía termina de redondear este cuadro: quienes deberían garantizar justicia y transparencia son justamente los que, con un decreto y sin consenso, cambian las reglas del juego mientras presentan el cambio como un acto de justicia. Los opositores denuncian la arbitrariedad, hablan de “mazazo” y expropiación disfrazada. El oficialismo responde con discursos cargados de buena voluntad y mensajes que buscan construir una narrativa heroica sobre la protección a los más vulnerables. Sin embargo, para esos mismos vulnerables, el resultado puede ser un sistema que presiona más y ayuda menos.
La paradoja es cruel: un Estado que debería ser protector se muestra como una mano pesada que se lleva lo poco que queda, con la excusa de cuidar a los débiles. El público, cansado y desconfiado, mira esta obra con escepticismo, preguntándose si acaso no se trata más de un teatro de trapos viejos que de una política genuina. Gobernar, parece, no es administrar con justicia sino administrar con poder. Abrir o cerrar compuertas a voluntad, sin pensar en las consecuencias para quienes sufren la sequía.
Hasta la próxima semana.
