El Ministerio de Economía y Finanzas evalúa extender beneficios fiscales de frontera al litoral tras testearlos en Brasil.

Grupo RAS recibió locomotoras y confirmó plan de conectar Salto con la región. La inversión depende de rehabilitar un tramo de vía. Oportunidad logística clave.

Vertedero de Salto arde. ACAS denuncia inacción y humo tóxico. Exjerarca Ugartemendia pide Relleno Sanitario al Ministro Ambiente. Urge una solución.

La renovación de Plaza Artigas en Salto, inaugurada por el intendente Albisu, generó la respuesta del edil Mario Furtado (FA) que criticó el "abandono" de las plazas barriales, contrastando la inversión céntrica con la "mugre" de la periferia. Fuego cruzado por promesas de iluminación y prioridades.

El servicio de ómnibus de Salto genera pérdidas millonarias. El Intendente interino Francisco Blardoni explicó los ajustes internos para bajar el subsidio (del 50% al 37%). Mencionó el alto costo salarial (76%) y la idea de una tarjeta electrónica. Sobre la privatización, Blardoni aseguró que no hay interesados, pero se analiza subir el boleto a $30.

Ruben Albarengue (Lista 22 ADEOMS) detalla su agenda tras la elección. Con 4 directivos, fiscalizarán a Gómez. Prioridades: seguridad laboral, salario 3% sobre IPC y diálogo con el intendente por los 292 cesados. Informó sobre presiones de la Lista 1966 durante la campaña.

El reciente proyecto de ley aprobado en el Senado que regula el ingreso a las intendencias departamentales mediante concurso o sorteo actuó como un catalizador en la ya tensa situación que vive nuestro departamento. En Salto, la administración se encuentra sumida en un conflicto con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOMS), una disputa que tiene como eje central la legalidad de los ingresos por designación directa de 292 funcionarios durante la última etapa del período de Andrés Lima, y su posterior cese por la gestión del intendente Carlos Albisu.

El Senado aprueba por unanimidad una ley clave para agilizar la expropiación de viviendas abandonadas con deudas, buscando combatir el déficit habitacional. En Salto, con más de 7.300 inmuebles vacíos, esta herramienta podría generar soluciones habitacionales para miles de personas y revitalizar la ciudad.

La FUM-TEP, a través de su secretaria general Alejandra Pereira, alerta sobre el bajo presupuesto educativo del Ejecutivo. Reclaman el 6+1% del PBI y advierten sobre las consecuencias del recorte: aulas superpobladas, falta de recursos y precarización. Apoyan la propuesta del Codicen y analizan un paro.

ADEOMS resolvió paro parcial de 10 a 12 y concentración frente al Palacio Córdoba este viernes, en respuesta al anuncio de cese de 291 municipales. La Asamblea definió además medidas "sorpresivas y estratégicas" para defender puestos de trabajo. No hubo manifestación en el Parque Sauzal. Se agrava el conflicto municipal en Salto.

ACAS y vecinos de Salto se oponen a la instalación de una planta de compostaje en Corralitos. La organización ambientalista denunció los riesgos sanitarios y ambientales del proyecto ante el Ministerio de Ambiente. Este proyecto de inversión privada ya había sido presentado en la administración anterior y despertó críticas entre los distintos actores.

El MTOP puso fin al proyecto de puerto de barcazas en Salto Grande. El fracaso, atribuido a la falta de inversores, aviva la polémica sobre responsabilidades. Este hecho se suma a la fallida iniciativa de puerto en Corralitos, evidenciando un patrón de promesas de desarrollo incumplidas en Salto, un departamento golpeado por el desempleo.

Presupuesto con un "impuesto Temu" del 22% a las compras exprés, pero sube la franquicia anual a US$ 800. Se busca la equidad fiscal y la protección del comercio local. La medida genera críticas de la ciudadanía.

El Gobierno de Salto reafirmó su postura sobre el convenio con Adeoms y el futuro de 292 funcionarios y sostiene que el procedimiento iniciado respecto a los 292 trabajadores es una obligación legal, no una decisión política. El contador Walter Texeira Núñez, secretario general de la comuna, explicó que se trata de un acto de cumplimiento de la ley frente a una "grave ilegalidad" cometida por la administración anterior.