La Universidad de la República en Salto prepara una jornada de reflexión y debate con participación de PRODEA y Federico Piedrabuena, abogado y docente de Derecho Penal en la Regional Norte, en torno al concepto de maltrato animal y las implicancias del nuevo proyecto de ley que busca tipificar delitos vinculados al trato hacia los animales.
¿Cómo se relaciona un jurista con un tema que, para buena parte de la población, remite a la emoción y la empatía?
“Mi participación en la jornada —explica— surge desde el plano académico. Fui invitado en calidad de docente de Derecho Penal, para analizar el proyecto desde esa óptica. Naturalmente, como ser humano, hay un vínculo con los animales, pero no milito en organizaciones ni tengo una relación directa con grupos de protección. Me interesa el tema desde la construcción jurídica que intenta regular esa convivencia”.
Esa aclaración, lejos de distanciarlo, permite situar el debate en un terreno poco explorado: el de la racionalidad del derecho frente a los impulsos éticos y emocionales de la sociedad.
“El derecho es una construcción cultural —sostiene—, no tiene existencia por sí misma, sino que surge como un discurso que orienta conductas. Cada norma impone o prohíbe comportamientos y, con ello, busca realizar un valor social que la comunidad considera necesario para su funcionamiento”.
El cambio de paradigma
Hasta ahora, ese sistema de normas ha sido, por definición, antropocéntrico: todo gira en torno al ser humano, sus derechos y sus obligaciones. El proyecto de ley que hoy se discute propone un giro: reconocer al animal no humano como sujeto de tutela jurídica.
“Tradicionalmente —explica Piedrabuena—, el derecho penal castigaba conductas humanas que lesionaran derechos de otros seres humanos. Los animales eran protegidos solo de modo funcional: se cuidaba una especie para preservar el equilibrio natural, porque el ser humano necesita ese equilibrio para sobrevivir. Pero no se protegía la vida del animal por sí misma. Este proyecto cambia eso: la vida del animal se vuelve tutelable penalmente por su valor intrínseco, no por su utilidad para el hombre”.
Ese desplazamiento conceptual abre un debate profundo sobre la legitimidad constitucional de extender derechos a seres no humanos. “El orden jurídico uruguayo reconoce los derechos humanos como inherentes a la personalidad humana. Ingresar derechos de seres no humanos implica un cambio de paradigma que debe ser analizado con prudencia, porque desafía la estructura misma sobre la cual está construido nuestro sistema jurídico”.
Ética, educación y Estado
El docente advierte que el rechazo al maltrato animal no depende solo del castigo penal, sino también de la educación y la ética ciudadana. “Las situaciones de maltrato —dice— son moralmente inaceptables y deben tener una respuesta del Estado. Pero más allá del derecho penal, el desafío es generar una cultura de respeto, donde el animal no sea un objeto de uso, sino un ser vivo con quien convivimos”.
La importancia de un debate que recién comienza
El diálogo con Piedrabuena deja en claro que la discusión sobre el maltrato animal no se agota en la empatía ni en la indignación moral. Es, sobre todo, una cuestión de cultura jurídica y de modelo de sociedad.
“Los cambios culturales son lentos —reflexiona—, pero son necesarios. Lo positivo es que existan grupos que impulsen estas ideas, porque de ese modo se generan ámbitos de debate que permiten avanzar. No se trata de coincidir o no con cada planteo, sino de abrir espacios donde se pueda discutir racionalmente cómo queremos organizar nuestra convivencia con los animales”.
En ese sentido, considera que las universidades, los organismos públicos y las asociaciones civiles cumplen una función indispensable: llevar el debate del plano emocional al plano reflexivo, sin que ello implique deshumanizarlo. “El derecho no puede actuar guiado solo por la emoción, pero tampoco puede ignorar los cambios de sensibilidad social. El equilibrio entre ambas dimensiones es lo que permite construir una convivencia más justa”.
