La Intendencia de Salto asumió la iniciativa de modificar el Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable de Salto y su microrregión.
Según plantea, tiene que ver con el interés de algunos empresarios en hacer un negocio inmobiliario en torno a lo que han dado en llamar “Barrio Residenciales”, para lo que no habría espacio dentro de los límites de la ciudad. Mismo argumento que se utilizó cuando se hizo lo propio con el Proyecto el Milagro.
La Ley de Ordenamiento Territorial, N° 18.308, obliga a realizar la planificación con procesos determinados, que entre otras cuestiones, tienen dos instancias de participación pública, la Puesta de Manifiesto, en la que se publican los avances de la propuesta por un lapso de al menos 30 días para que diferentes actores, colectivos o individuales aporten en forma escrita opiniones o preocupaciones. Luego de incorporadas las propuestas o levantadas las observaciones, vendrá la llamada Audiencia Pública en la que se podrán volver a plantear inquietudes. Por último irá una propuesta de Decreto articulada a la Junta Departamental que tendrá la posibilidad de aprobarla, modificarla, rechazarla o incluso no votarla. El tiempo dirá que es lo que ocurre.
Sin entrar en detalles sobre la propuesta, queremos plantear algunas inquietudes.
En primer lugar lo que hace a la participación pública. Es clave para la construcción democrática, en la que se garantice no solo el derecho a la ciudad y a los servicios para todos los ciudadanos, sino también a opinar sobre que tipo de ciudad queremos construir.
La participación es posible únicamente si se cuenta con información, es necesario que la misma esté al alcance y en forma comprensible para todos. No basta con que esté colgada en algún rincón de Internet. Necesitamos que sea fácilmente accesible y comprensible, de otra forma estaremos como cuando los médicos hablan entre ellos en un idioma que nos es inaccesible y no entendemos nada y por tanto no podemos ni de casualidad opinar sobre lo que nos está pasando. Los documentos están publicados y se pueden leer, pero solamente pueden entenderlos quienes tienen alguna formación en esos temas.
Pero además, la participación tiene sus tiempos, tenemos que comprender de qué nos están hablando para luego madurar una posición desde la que opinar o incluso preguntar.
En estas condiciones, no se puede pretender que sin información comprensible los salteños estemos en condiciones de dar una opinión en 30 días.
En segundo lugar, no se entienden las razones para aumentar el área urbanizada sin aumento de la población, la ciudad de Salto está, valga la redundancia, llena lugares vacíos o con muy baja densidad. Un ejemplo de ello es Arenitas Blancas – Villa Magüey que no tienen densidad urbana suficiente ni siquiera para sostener una línea de ómnibus.
La excesiva extensión hace, entre otras cuestiones que Salto tenga una fragilidad urbana muy importante con niveles de calidad del espacio público y de servicios lejos de ser de buena calidad. Agrandar la ciudad para la misma cantidad de gente, aumentará los costos de infraestructura y mantenimiento de la ciudad y los tiempos de los desplazamientos.
Preguntamos ¿quién o quienes van a pagar ese aumento de los costos?, ¿los empresarios que pidieron se modifique la normativa o se hará como con el alumbrado que pagamos entre todos?
El tercer tema es el ambiental, se estaría aumentando la carga de uso sobre un ambiente frágil como es la cuenca del Arroyo San Antonio, un pequeño curso de agua que ya tiene varias complicaciones desde la calidad de aguas y no se encuentra en condiciones de tolerar mayores densidades. Además tiene ubicada a pocos metros de su desembocadura la toma de agua de OSE y con la experiencia que vivió el área metropolitana este año, por lo menos habría que ser cuidadosos.
En cuarto lugar los aspectos jurídicos. Entendemos que el Gobierno Departamental, debe dictar una reglamentación, que responda a las necesidades colectivas y al bien público, por encima del interés particular de unos pocos.
Cuando se trata de un gobierno progresista, ese criterio se vuelve un imperativo ético. Es una seña de identidad del seregnismo.
Por último, una cuestión política, el plan de gobierno departamental con el que el Frente Amplio ganó las elecciones departamentales, que es el pacto que se hace con los ciudadanos, es absolutamente contrario a la creación de este tipo de enclaves cerrados que no hacen más que fragmentar la sociedad en un esquema de burbujas, todo lo contario a la sociedad democrática e igualitaria que siempre estuvo en la matriz cultural de los uruguayos, desde el “naides es más que naides” hasta la túnica blanca con moña azul.
Somos muy respetuosos de los programas de gobierno, son la palabra empeñada, por eso destacamos la importancia del Congreso del Frente Amplio que sesiona este fin de semana.
Contrariar el programa de gobierno obligaría a una amplia y real participación de la ciudadanía y no solamente a cumplir con la formalidad de las instancias que requiere la Ley para la modificación de la norma, y a partir de cambios reales en la sociedad, no de pedidos de particulares.
Pensar la ciudad en clave progresista, implica pensar en los resultados que queremos lograr, esto es una ciudad abierta, democrática e inclusiva, pero también en el como y a que costos se hace, no tenemos derecho a imponerle ni al medio físico ni a la sociedad cuestiones que contraríen esos valores.
