El Presupuesto Quinquenal 2026–2030 del Gobierno de Salto constituye mucho más que una herramienta contable: es una definición política, institucional y estratégica sobre cómo se pretende gobernar y desarrollar el departamento en los próximos cinco años. En ese sentido, estamos ante un presupuesto que asume el desafío de ordenar, invertir y proyectar, en un contexto económico exigente y con compromisos financieros heredados que exigen que seamos concretos y determinar que está administración quiere cumplir con los compromisos asumidos y dejar a Salto en una mejor posición.
Desde una mirada general, el presupuesto prevé gastos por más de 21.600 millones de pesos en el quinquenio, con un respaldo de recursos que supera los 24.300 millones, lo cual es muy adecuado desde lo financiero. Esta diferencia no es menor: permite afrontar deudas, fideicomisos y obligaciones de largo plazo sin comprometer la continuidad de los servicios esenciales ni paralizar la inversión pública. Gobernar también es asumir responsabilidades, y este presupuesto lo hace con seriedad y honestamente con mucha responsabilidad.
Uno de los ejes más relevantes es la apuesta a la inversión como motor para levantar Salto. A lo largo del articulado y, especialmente, en los anexos presupuestales, se observa una fuerte orientación hacia obras de infraestructura, equipamiento urbano, alumbrado público, vialidad, saneamiento y fortalecimiento de los municipios del interior. La descentralización no aparece solo como un discurso, sino respaldada por partidas concretas que buscan equilibrar el desarrollo territorial y mejorar la calidad de vida en todo el departamento.
La utilización de fideicomisos como herramienta de gestión, particularmente vinculados a obras estratégicas y al área de Termas del Daymán, refuerza esta lógica de inversión planificada. Es cierto que estos instrumentos comprometen recursos más allá del período presupuestal, pero también es cierto que permiten ejecutar obras que de otro modo serían inviables. El desafío está en administrarlos con rigor, control y transparencia. La comisión de control integrada por ediles de diferentes partidos políticos es una excelente señal en ese sentido.
En materia organizativa, el presupuesto define con claridad la estructura administrativa y los programas de funcionamiento e inversión. Esta separación es sana desde el punto de vista institucional, porque permite identificar dónde se gasta para sostener la gestión diaria y dónde se invierte para transformar la realidad del departamento.
El capítulo de relaciones laborales merece una lectura atenta. Allí se regulan escalas salariales, retiros voluntarios, compensaciones y, también, los cargos de particular confianza. La normativa es clara en cuanto a su naturaleza política, su forma de designación y su cese automático con la autoridad que los nombra. Sin embargo, en un tiempo donde la ciudadanía exige cada vez más información y control, resulta razonable plantear que la transparencia no solo debe ser normativa, sino también cuantitativa: conocer con mayor precisión el impacto global de estos cargos fortalece la confianza institucional y el debate democrático.
Este punto no invalida el presupuesto, pero sí plantea un desafío de mejora: gobernar bien también implica explicar mejor los cargos de confianza y en qué forma serán los ingresos como funcionarios, monotributos, cooperativas y otras formas legales de relación de dependencia.
Finalmente, no puede soslayarse un dato político de fondo: este es un Presupuesto de la CORE, y como tal trasciende lo departamental. Forma parte de una visión de país que apuesta a la responsabilidad fiscal, a la inversión como herramienta de desarrollo y a la gobernabilidad como valor central. Salto no es una isla, y lo que aquí se haga bien puede transformarse en referencia nacional.
En síntesis, estamos ante un presupuesto ambicioso, con fuerte impronta inversora, que busca levantar Salto desde la obra, la planificación y la estabilidad institucional. El desafío será ejecutarlo con eficiencia, control y transparencia, porque allí es donde los presupuestos dejan de ser números y se convierten en realidades.
Entonces podemos afirmar, que el Presupuesto Quinquenal 2026–2030 del Gobierno de Salto presenta un fuerte énfasis en la inversión pública como herramienta para el desarrollo departamental, con especial atención a infraestructura, descentralización y fortalecimiento de los municipios. Se apoya en recursos suficientes para afrontar compromisos financieros y proyecta una gestión ordenada y responsable.
Si bien el marco normativo de los cargos de particular confianza está claramente definido, el presupuesto plantea el desafío de avanzar hacia mayores niveles de transparencia cuantitativa. En su conjunto, se trata de un presupuesto con proyección política e institucional, alineado con la visión de la CORE y con el objetivo central de levantar Salto.
