Edil cuestiona la Guardia Municipal en Salto por invadir competencias, carecer de recursos y promover una visión punitiva alejada de la convivencia social.
Juan Pablo Rocca Selgas
Edil Partido Socialista –
Frente Amplio
La propuesta de crear una “Guardia Municipal” en Salto es una distorsión de la naturaleza misma del gobierno departamental y solo arenga una discusión polarizante que quita el foco de las necesidades prioritarias del departamento. Bajo el pretexto de la seguridad, nos enfrentamos a una iniciativa que colisiona frontalmente con las libertades individuales, la lógica presupuestaria y las competencias constitucionales.
La propuesta del Gobierno Departamental no solo invade competencias del Poder Ejecutivo, sino que descuida las tareas básicas por las cuales el ciudadano paga sus impuestos. La seguridad ciudadana es un derecho y un deber del Estado, pero la eficiencia en los servicios municipales es la obligación primaria de la Intendencia; y en eso la actual administración está en deuda con el cumplimiento de sus promesas electorales.
Resulta paradójico proponer la creación de un cuerpo de seguridad cuando las arcas municipales no suelen contar con recursos para la financiación de esta propuesta. Existen antecedentes en el país que demuestran otras formas de respaldar y coordinar con el Ministerio del Interior. Sin objetivos claros, garantías de funcionamiento y recursos presupuestales adecuados, lo que se propone es una cáscara vacía.
Quizás el punto más crítico sea la desconexión con la línea de trabajo del Ministerio del Interior. Mientras la política nacional de seguridad tiene como objetivo aterrizar modelos de convivencia ciudadana e integración social junto con otros organismos del Estado, la propuesta del Gobierno Departamental parece anclada en una visión punitivista y de consolidación de estereotipos sociales, que, lejos de solucionar el problema, evita la discusión de fondo para encaminar soluciones reales que mitiguen la inseguridad.
Un aspecto peligroso de la propuesta, y que se puede percibir desde lo discursivo, por más atractivo que pueda sonar, es el concepto de “garantizar la libre circulación”. Esta consigna no debe ser una excusa para que la Intendencia decida quién tiene o no el derecho a habitar una plaza, la costanera o cualquier espacio público. En primer lugar, porque no es una preocupación central de la población de Salto y, en segundo lugar, porque el espacio público es, por definición, el lugar por excelencia donde se convive y se tolera la diversidad.
Se necesitan respuestas certeras sobre el alcance de este anuncio, porque no hay que claudicar el compromiso de que el espacio público debe ser el lugar del encuentro, no el de la sospecha permanente.
