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Diputado De Brum calificó de “arbitraria, ilegal y violatoria de la Constitución” la suspensión de la exportación de ganado en pie

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El diputado colorado también cuestionó la compra del campo María Dolores por parte del Instituto de Colonización y alertó sobre irregularidades constitucionales en el proceso.

En declaraciones a Actualidad Agropecuaria, el diputado del Partido Colorado, Horacio De Brum, expresó fuertes críticas al accionar reciente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), en particular por la suspensión transitoria de la exportación de ganado en pie con destino a faena inmediata, dispuesta por el ministro Dr. Alfredo Fratti.

El legislador salteño calificó la medida como “arbitraria, ilegal y violatoria del artículo 36 de la Constitución de la República”, el cual establece las libertades de trabajo, comercio e industria. “En un Estado de Derecho, no se puede suspender un derecho comercial establecido por decreto desde 1992, simplemente mediante un correo electrónico”, advirtió De Brum.

Asimismo, cuestionó que la decisión carece de fundamentos jurídicos y administrativos formales. “Un acto administrativo debe estar motivado y fundado. Este no tiene resolución, decreto ni justificación. Es un abuso de poder y una señal de incertidumbre para los operadores del sector”, agregó.

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De Brum también hizo referencia a declaraciones del Ministro de Economía, Ec. Gabriel Oddone, quien manifestó públicamente que no compartía la medida. “Incluso desde el propio gobierno se reconoce que fue inconveniente y que se buscará otro rumbo”, señaló.

Cuestionamientos a la compra del campo María Dolores
El diputado también reiteró sus críticas al proceso de adquisición del campo María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), por un monto superior a los 32 millones de dólares.

De Brum sostiene que la compra fue aprobada con votos “inconstitucionales”, ya que dos de los tres directores que votaron estaban, a su entender, inhabilitados por el artículo 200 de la Constitución, al tener vínculos activos, directos o indirectos, con actividades rurales privadas.

“Además de las observaciones del Tribunal de Cuentas, hay una motivación política inadmisible: se fundamentó en parte como un homenaje al expresidente José Mujica. Los fondos no son del INC, son del pueblo uruguayo. No se puede usar esa motivación para una operación de esta envergadura”, enfatizó.

De Brum recordó que el expresidente del INC, Eduardo Viera, debió renunciar ante el señalamiento de estas incompatibilidades, y cuestionó que la directora Karina Henderson aún permanezca en el cargo pese a su situación.

Advertencia política
Consultado sobre futuras acciones, el diputado colorado no descartó una eventual convocatoria a sala del ministro Fratti si la situación no se regulariza. “Vamos a estar vigilantes. No podemos permitirnos decisiones sin respaldo jurídico. Uruguay es una república y hay que actuar con seriedad”, concluyó.

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