Las denuncias falsas contra los hombres son una realidad y un flagelo de nuestra sociedad, impulsada por los colectivos feministas, de género, y con eco en los políticos, que luego dictan leyes aberrantes, que van en contra del Estado de Derecho y de los fundamentos mismos de la democracia.
¡Querían datos, aquí los tienen!
Hoy ese silencio atronador se termina. Porque los datos existen, son públicos y son oficiales.
Según el Informe de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía (Expediente 2025-33-1-00557), entre los años 2020 y 2024, en Uruguay se registraron 193.049 denuncias por violencia doméstica. Pero de todas esas denuncias, solo 8.328 llegaron a un proceso penal.
Eso significa que más del 96 % de las denuncias nunca llegó a juicio penal.
Si, como lo estás leyendo, un 96% de esas denuncias no llegan a nada, y el restante 4% implica solamente el inicio de un proceso penal, que tampoco significa condena, porque puede haber sobreseimiento. O sea, que incluso estamos hablando de menos del 4% de denuncias que tuvieron éxito.
Sin embargo, para el hombre denunciado, en el 100% de los casos la condena empieza con la mera denuncia.
Desde ese instante, en muchos casos, se activan medidas que destruyen su vida en cuestión de horas: es retirado de su hogar, se le prohíbe ver a sus hijos, puede ser sometido a tobillera, su empleo queda en riesgo, su nombre queda manchado para siempre en su entorno social.
Todo esto sin juicio, sin pruebas concluyentes, sin condena. La ley 19.580 es una aberración en contra del Estado del Derecho y de la Democracia.
El expediente puede terminar archivado meses después. Pero el daño ya está hecho. El hogar ya fue perdido. El vínculo con los hijos ya fue roto. El trabajo, muchas veces, ya se perdió. Y la reputación, casi nunca se recupera.
El Estado genera una completa destrucción del hombre y de la familia.
El mismo informe oficial de Fiscalía revela otro dato que estremece: en cinco años, solo 2 denuncias de violencia doméstica en todo el país terminaron con imputación por denuncia falsa. Dos casos sobre casi doscientas mil denuncias.
Ahora bien, esto no demuestra que las denuncias falsas no existan. Demuestra algo mucho más grave: el sistema prácticamente nunca sanciona una denuncia falsa, aun cuando sus consecuencias para el denunciado sean devastadoras.
Así se crea una asimetría peligrosa, donde denunciar no tiene consecuencias, ser denunciado puede costarlo todo, y el Estado no repara nunca el daño cuando la acusación no se prueba.
Conceder todo tipo de privilegios, beneficios y ventajas por denunciar implica fomentar una industria perversa donde las mujeres buscan obtener todos los beneficios que la ley les concede y al mismo tiempo, quienes viven política, económica o laboralmente de esta estructura feminista —organizaciones, programas, cargos, oficinas, presupuestos— necesitan que el problema exista, crezca y sea permanente para justificar su continuidad. La industria no busca resolver el problema sino perpetuarlo, puesto a que cuando el problema se mantiene, la industria se alimenta y todos siguen viviendo de lo que produce, a costa de la destrucción del hombre.
Este esquema está generando un daño profundo y muchas veces invisible. Porque detrás de cada archivo hay hombres que entran en depresión, caen en adicciones, pierden sus vínculos, se hunden en el aislamiento, y en no pocos casos, terminan quitándose la vida.
La verdadera violencia viene del Estado cuando destruye personas sin condena, sin prueba y sin reparación. Arrasando el principio de inocencia y de igualdad ante la ley y eliminando todas las garantías de defensa del denunciado. Un totalitarismo en contra de los genitales masculinos impuesto desde un régimen que se autodefine como democrático.
A quienes gobiernan y legislan LES DIGO:
Los datos están sobre la mesa. No se trata de ideología, sino que se trata de justicia básica en un Estado de Derecho democrático. Es una obligación moral y política corregir esta injusticia y discriminación. Proteger a las víctimas no puede seguir significando condenar inocentes por adelantado.
Y a la sociedad entera LE RUEGO:
No miren esto como un problema ajeno. Porque mañana puede ser tu hijo, tu padre, tu hermano o tu amigo el que se vea expulsado de su casa, separado de sus hijos, sin trabajo y señalado por todos… sin que jamás se haya probado su culpa.
Cuando el Estado puede destruir una vida solo con una denuncia, ninguno de nosotros está realmente a salvo.
PD: En el link encontraran el informe de denuncias por violencia doméstica emitido por la FISCALIA GENERAL DE LA NACION.