A casi diez años de la Ley de Salud Mental, persisten barreras de acceso, desigualdades económicas y un modelo asistencial condicionado por la escasez de recursos, con impacto directo en usuarios y profesionales.
La arquitectura del abandono: presupuesto, acceso y estigma en la salud mental uruguaya
La aprobación de la Ley de Salud Mental N.º 19.529 en 2017 fue presentada como un hito en la historia sanitaria del Uruguay. El texto legal consagró un cambio de paradigma: del modelo asilar hacia un enfoque comunitario, interdisciplinario y centrado en derechos humanos. Sin embargo, a casi una década de su promulgación, la distancia entre la letra de la ley y la experiencia cotidiana de usuarios y profesionales continúa ampliándose. Las altas tasas de suicidio, la persistente segmentación del acceso a la psicoterapia y la sobrecarga del primer nivel de atención revelan una contradicción estructural que no puede explicarse como un simple déficit de implementación.
La tesis que guía este análisis es clara: la política de salud mental en Uruguay se organiza sobre una lógica de escasez administrada. El presupuesto limitado, la burocratización del acceso y la primacía de intervenciones de bajo costo no son fallas técnicas aisladas, sino componentes estructurales de un sistema que regula el sufrimiento psíquico mediante criterios económicos antes que clínicos. Esta dinámica produce una forma contemporánea de estigma: menos visible que el encierro manicomial, pero igualmente eficaz en la exclusión.
Una ley avanzada en un sistema frágil
Desde el punto de vista normativo, la Ley 19.529 se alinea con estándares internacionales promovidos por la Organización Mundial de la Salud. Prohíbe la creación de nuevos hospitales psiquiátricos, promueve la desinstitucionalización y enfatiza la atención comunitaria. No obstante, estas disposiciones requieren condiciones materiales precisas para volverse operativas: dispositivos intermedios, equipos interdisciplinarios estables, continuidad terapéutica y una red territorial capaz de sostener procesos clínicos complejos.
En la práctica, estos soportes son insuficientes. La reducción progresiva del manicomio no ha sido acompañada por una expansión proporcional de alternativas comunitarias. El resultado es un fenómeno de transinstitucionalización: personas con padecimientos psíquicos graves circulan entre internaciones breves en hospitales generales, la precariedad habitacional, el sistema penal y una atención ambulatoria fragmentada. El cierre simbólico del asilo no implicó, necesariamente, la construcción de un entorno terapéutico sólido.
Presupuesto y priorización de intervenciones
El análisis del gasto en salud mental permite comprender parte central del problema. En Uruguay, la proporción del presupuesto sanitario destinada a salud mental se mantiene por debajo de las recomendaciones. Esta restricción condiciona el tipo de respuestas que el sistema puede ofrecer. La atención se organiza en torno a intervenciones de bajo costo y alta rotación, donde la prescripción farmacológica ocupa un lugar central y la psicoterapia queda relegada o limitada en su duración.
En el sistema público, las consultas psicológicas suelen ser breves, espaciadas y sujetas a largas listas de espera. En el sector mutual, si bien existe mayor disponibilidad, los copagos y los topes administrativos de sesiones actúan como barreras económicas que restringen el acceso sostenido. De este modo, la posibilidad de un tratamiento psicológico continuo se convierte en un privilegio asociado a la capacidad de pago.
Esta lógica no es neutral. Define qué sufrimientos son atendidos, cuáles se cronifican y cuáles quedan fuera del sistema. La escasez presupuestaria opera, así, como una forma indirecta de censura clínica.
Estigma y desigualdad de acceso
El estigma en salud mental no se expresa únicamente en actitudes sociales negativas. También se manifiesta en la arquitectura institucional del sistema. La espera prolongada, la fragmentación de la atención y la falta de continuidad transmiten un mensaje implícito: el sufrimiento psíquico es secundario frente a otras prioridades sanitarias.
En este contexto, la condición socioeconómica se vuelve un determinante central del acceso. Usuarios del sistema público enfrentan mayores obstáculos temporales y estructurales, mientras que quienes pueden recurrir a la atención privada acceden a tratamientos más intensivos y personalizados. La desigualdad se naturaliza bajo una retórica de cobertura universal que no se traduce en igualdad real de prestaciones.
Esta forma de estigmatización administrativa es menos visible que el encierro institucional del pasado, pero igualmente efectiva. No excluye mediante muros, sino mediante procedimientos, tiempos y costos.
Suicidio y respuestas institucionales
Uruguay mantiene desde hace décadas una de las tasas de suicidio más altas de la región. Este indicador, lejos de ser un fenómeno exclusivamente individual, refleja fallas en los dispositivos de prevención, detección temprana y seguimiento. Si bien se han implementado líneas telefónicas y protocolos de riesgo, estas herramientas resultan insuficientes cuando no están integradas a una red clínica capaz de sostener procesos a mediano y largo plazo.
La prevención del suicidio se ha formalizado, pero no siempre se ha fortalecido. La notificación obligatoria y los procedimientos estandarizados conviven con una atención primaria sobrecargada, donde el seguimiento longitudinal es difícil de garantizar. El problema no es la ausencia de protocolos, sino la debilidad de las condiciones que permitirían que estos funcionen de manera efectiva.
Implicancias para la práctica profesional
Estas condiciones tienen un impacto directo en la práctica clínica. Psicólogos y psiquiatras del sistema público trabajan en contextos de alta demanda y recursos limitados, lo que los obliga a priorizar casos y acortar intervenciones. Esta dinámica genera desgaste profesional y dilemas éticos persistentes, ya que las decisiones clínicas quedan condicionadas por factores administrativos.
Además, la falta de espacios de escucha sostenidos favorece la cronificación del malestar. Duelo, ansiedad o conflictos vinculares no elaborados pueden derivar en cuadros más graves cuando el acceso a la atención es discontinuo. El sistema, por omisión, contribuye a la producción de enfermedad.
Desde un punto de vista epistemológico, se consolida una concepción pragmática de la salud mental, orientada a la reducción rápida de síntomas y al restablecimiento funcional, en detrimento de abordajes que contemplen la complejidad subjetiva y social del padecimiento.
Límites y desafíos futuros
Este análisis, centrado en fuentes documentales y académicas, no sustituye la necesidad de investigaciones empíricas actuales que exploren la experiencia de usuarios y profesionales en distintos territorios del país. Resulta prioritario evaluar el impacto real de los dispositivos comunitarios existentes, así como el efecto de la burocracia sanitaria sobre la práctica clínica.
Asimismo, es necesario incorporar una perspectiva territorial que supere el sesgo urbano y contemple las particularidades del interior del país, donde las barreras de acceso suelen ser aún más pronunciadas.
Conclusión
La salud mental en Uruguay se encuentra atravesada por una contradicción estructural. Una ley avanzada convive con un sistema que no cuenta con los recursos ni la organización necesarios para hacerla efectiva. El resultado es una política que, en nombre de la reforma, reproduce formas renovadas de exclusión.
El acceso a la atención psicológica sigue siendo desigual, el estigma adopta formas administrativas y el presupuesto opera como un regulador silencioso del sufrimiento. Para los profesionales de la salud mental, el desafío excede la clínica individual: implica también interrogar y visibilizar las condiciones estructurales que limitan su práctica.
Sin una redefinición clara de prioridades presupuestarias y organizativas, la promesa de una salud mental comunitaria corre el riesgo de quedar reducida a un enunciado normativo. La transformación real no depende solo de leyes, sino de decisiones políticas que reconozcan al sufrimiento psíquico como un problema central de la salud pública contemporánea.
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