Este martes 12 de agosto, la Cámara de Diputados votará un proyecto de ley que habilita la eutanasia en Uruguay. Ante esta instancia legislativa, el partido Identidad Soberana convoca a una marcha en rechazo a la iniciativa, que partirá desde Plaza Artigas hasta Plaza 33.
La movilización contará con la participación de profesionales de la salud, del derecho y referentes provida, y busca informar a la ciudadanía sobre los alcances del proyecto.
En entrevista con este medio, la diputada nacional Natalia Pigurina, organizadora de la marcha y referente de Identidad Soberana, expresó una firme oposición a la propuesta. “Convocamos a la ciudadanía porque creemos que mucha gente no sabe realmente de qué se trata este proyecto. Y lo que plantea va mucho más allá de los casos de personas mayores con enfermedades terminales”.
Críticas al texto del proyecto
Según Pigurina, el proyecto que se discute en el Parlamento contiene “múltiples carencias legales, médicas, éticas y humanas”. Una de las preocupaciones centrales, señaló, radica en la ambigüedad del texto legal. “Habla de ‘mayores de edad’, pero no especifica si son 18 años. Si en el futuro se bajara la mayoría de edad a 16, esta ley aplicaría directamente a adolescentes”.
Además cuestionó la definición de «apto psíquicamente», ya que, según afirma, no se establece la obligatoriedad de una evaluación por parte de un psiquiatra o psicólogo, ni de un comité médico. “Eso deja un vacío peligroso. ¿Quién determina si una persona está en condiciones mentales para tomar una decisión irreversible como esta?”, se preguntó.
Otro punto de crítica es la designación de la causa de muerte como “natural”. Según la legisladora, eso eliminaría el derecho a realizar autopsias, investigaciones judiciales o reclamaciones legales por parte de los familiares. “Ni siquiera pueden pedir explicaciones porque todo queda legalizado bajo esa etiqueta”, dijo.
Cuidados paliativos: la gran deuda
Desde Identidad Soberana, el argumento central no es negar el sufrimiento de personas en situaciones terminales, sino cuestionar si se han agotado previamente todas las alternativas humanitarias. En este sentido, Pigurina remarcó la necesidad de fortalecer la red de cuidados paliativos, aún lejos de una cobertura nacional. “En Montevideo la cobertura llega al 90%, pero en el interior apenas alcanza el 16%. ¿Cómo vamos a ofrecer eutanasia como opción cuando ni siquiera todos acceden a tratamientos paliativos adecuados?”.
La diputada enfatizó que la sedación paliativa —ya contemplada por la ley vigente desde 2023— permite acompañar al paciente en sus últimos momentos, sin dolor y con asistencia psicológica para la familia. “Eso ya está disponible, pero no se ha desarrollado como corresponde en todo el país”, señaló.
Riesgos éticos, sociales y médicos
Pigurina también hizo referencia al impacto que esta ley podría tener en el marco de la salud mental, en particular en los jóvenes. “Este proyecto no se limita a pacientes terminales. Puede alcanzar a personas con enfermedades crónicas, y entre ellas está la depresión. Con los índices de suicidio juvenil que hay en el país, abrir esta puerta es muy peligroso”, alertó.
En cuanto al rol del personal médico, recordó que el proyecto entra en contradicción con el juramento hipocrático. “Un médico se forma para salvar vidas. Esto le exigiría hacer lo contrario. Se cambia completamente el sentido de la medicina”, afirmó.
Por otro lado advirtió que el proyecto no contempla adecuadamente la protección de los familiares del paciente ni su participación en el proceso. “No se requiere la autorización de un familiar directo, ni su presencia. Solo se exigen dos testigos que no tengan intereses económicos. ¿Quién controla eso?”, cuestionó.
Órganos, costos y sospechas
Uno de los temas más polémicos abordados en la entrevista fue la posible relación entre la eutanasia y la donación de órganos. Pigurina recordó que, salvo declaración expresa en contra, todos los ciudadanos uruguayos son donantes. “En el proyecto no se especifica nada sobre este tema, lo que deja lugar a muchas dudas. No estoy acusando, pero sin controles ni garantías se abre la puerta al tráfico de órganos”, advirtió.
También mencionó el costo que implica para el sistema de salud el mantenimiento prolongado de pacientes: “¿Cuánto cuesta una cama por día? ¿No hay detrás de esto una intención de descomprimir los servicios médicos?”.
“No estamos en contra de la eutanasia, pero sí de este proyecto”
La diputada aclaró que su postura no es un rechazo absoluto al concepto de eutanasia. “No estamos en contra de aliviar el sufrimiento en casos extremos. Pero ya existen mecanismos legales para eso, como los cuidados paliativos y la sedación. Lo que rechazamos es un proyecto que abre un abanico tan amplio que puede incluir a adolescentes deprimidos o a personas vulnerables”.
Pigurina comparó la situación con la ley de aborto, aprobada en 2012. “Yo estoy a favor del aborto en casos concretos, como violación o riesgo de vida para la madre. Pero esa ley permitió que hoy haya 31 abortos por día. Se terminó usando como método anticonceptivo. No se concientizó, no se educó”.
Finalmente convocó a la ciudadanía a asistir a la marcha, informarse y debatir. “No pedimos que vayan a apoyar nuestra postura. Pedimos que vayan a escuchar, a preguntar, a participar. Porque esto afecta a todos”, dijo.
La movilización partirá desde Plaza Artigas a las 18:30 y llegará hasta Plaza 33, y contará con discursos del neurólogo Dr. Carlos Shroeder, el abogado Ignacio Suparo y Alexandra Bozzo, del grupo Pro Vida .
“Este proyecto está mal hecho. No protege al paciente, ni a la familia, ni al médico. Y como madre, me aterra pensar que algún día me llamen para reconocer el cuerpo de mi hijo y ya sea tarde para preguntar qué pasó”, concluyó la legisladora.
