Desde hace mucho tiempo que en el país se habla de la situación carcelaria. Más aún diríamos que es uno de los temas que más ha llamado nuestra atención.
El Uruguay pasó de tener 3.000 presos (hoy privados de libertad (¿?) a 14.000. La lectura de esto pude ser muy disímil. Quienes defienden las medidas actuales sostiene que ello es índice de la mayor rigurosidad y las penas “mas duras” que se han impuesto a algunos delitos. Quienes apuestan a la rehabilitación, sostienen que este endurecimiento de las penas ha acentuado el problema carcelario.
En tanto el submundo carcelario existe y allí rige la ley del más fuerte. Quienes han caído allí por delitos menores, son presa fácil de los denominados “peces gordos” y sus pandillas, los que verdaderamente “mandan” tras las rejas.
Días atrás escuchábamos una entrevista al ex fiscal Gustavo Zubía, que seguramente de esto sabe porque durante muchos años se desempeñó cercano a este sub mundo, sostener que más de 95 por ciento de los delincuentes “pesados” no tienen interés en ser rehabilitados.
Concretamente le oímos sostener que las penas abreviadas que establece hoy el nuevo sistema son aceptadas por los delincuentes, porque les significan una salida anticipada.
Gráficamente sostenía algo que hemos dicho en estas columnas, el delincuente no tiene en cuenta las penas que le impondrán si los descubren, “cometí doce robos y en el último me agarraron”, por lo tanto “cuando salga voy a seguir haciendo lo mismo”, es lo que habitualmente sostienen los delincuentes.
En definitiva, decía Zubía que hemos sido demasiado “blandos” con los delincuentes. Tal como lo hemos sostenido en estas columnas, el endurecimiento de las penas de por sí no soluciona nada si no es acompañado por otras medidas. Nuestra posición sigue siendo la misma. A quien demuestra voluntad para recuperarse, el Estado debe darle las herramientas adecuadas para hacerlo, desde protegerlo dentro de la prisión, hasta adiestrarlo y mostrarle el buen camino.
A los demás -sin desconocer que lo pueden simular muy bien- debemos caerles con todo el peso de la ley. Son enemigos de la sociedad, no les interesa vivir dentro de ella y aceptar sus normas de convivencia, sino sencillamente aprovecharse de ellas y ante la menor fisura que encuentran violarlas o manejarlas a su provecho.
En definitiva y a ello nos sumamos, lás cárceles no deben ser escuelas del delito, sino que los reclusos o “privados” de libertad deben de trabajar y costearse sus gastos, porque debemos ser conscientes, pero no ingenuos.
A.R.D.
