El desafío de la tierra y el arraigo: Una mirada profunda al Instituto Nacional de Colonización con Luca Manassi
En el entramado institucional del Uruguay, pocos organismos cargan con una responsabilidad social y económica tan estructural como el Instituto Nacional de Colonización (INC). Creado a mediados del siglo pasado, su misión sigue siendo el termómetro de la salud del medio rural. Hoy, esa responsabilidad recae sobre un directorio que combina experiencia técnica y representación política. Entre sus figuras más jóvenes se encuentra Luca Manassi, un abogado salteño de 30 años que, desde hace un año, ocupa el sillón correspondiente a la oposición.
Manassi no es solo un técnico en leyes; es un hombre del interior que entiende que la política de tierras no se puede dictar únicamente desde los escritorios de la Ciudad Vieja de Montevideo. Su gestión se ha caracterizado por un despliegue territorial que busca romper con la histórica disociación entre la oficina central y la realidad del campo, allí donde «pasan las cosas».
Un Directorio de equilibrios políticos y sociales
La gobernanza del INC es, por definición, un ejercicio de pluralidad. El directorio se compone mediante acuerdos políticos que buscan representar las distintas sensibilidades del país. El Poder Ejecutivo designa al presidente y al vicepresidente, pero el cuerpo se completa con voces diversas: un representante de la educación, un representante de los productores, lugar que hoy ocupa la también salteña Karina Henderson, y el representante de la oposición.
Para Manassi, este año de gestión ha sido un proceso de inmersión total. «Estamos aportando desde nuestro lugar y conocimiento, trabajando mucho», señala. Esa labor lo ha llevado a recorrer rincones del Uruguay que suelen quedar fuera del radar metropolitano. La crítica de Manassi a la centralización no es menor: advierte que la distancia física entre la sede del Instituto y las fracciones de campo puede nublar el juicio de quienes deben tomar decisiones sobre el destino de miles de familias.
Génesis de una ley: 1948 y la subdivisión racional
Para comprender la relevancia del trabajo de Manassi y sus colegas, es imperativo mirar hacia atrás, específicamente a 1948. En aquel año se promulgó la ley de creación del INC bajo una premisa que hoy suena a vanguardia sociológica: lograr una racional subdivisión de la tierra.
Uruguay enfrentaba entonces una economía estancada, con un sector productivo carente de innovación y emprendimiento. Existía una paradoja dolorosa: muchísima gente tenía las ganas y el conocimiento para trabajar el campo, pero el acceso a la tierra era un privilegio inalcanzable. El Estado intervino entonces para revitalizar la economía nacional, comprando tierras y administrándolas para entregárselas a productores familiares y asalariados rurales.
El fin era , y sigue siendo, doble. Por un lado, un fin económico: dinamizar la producción nacional. Por otro, un fin social crucial: el arraigo.
El mandato de residir: Contra el vacío de la campaña
Uno de los puntos en los que Manassi hace especial hincapié es en la obligación legal que tienen los colonos de residir en la fracción. No se trata simplemente de un contrato de arrendamiento comercial; es un compromiso de vida. «La ley implica que el colono tiene que vivir en su fracción», explica el abogado.
Este repoblamiento de la campaña es la respuesta directa a un medio rural que ha venido siendo golpeado por la migración hacia las ciudades. Al obligar la presencia del productor en la tierra, el INC no solo asegura que el campo se trabaje, sino que se mantengan vivas las escuelas rurales, los caminos y el tejido social del interior profundo. El instituto es, en última instancia, la herramienta para brindar acceso a la tierra a quienes no podrían obtenerla por ningún otro medio.
El caso de los refugiados sirios: Entre la solidaridad y la norma
La gestión del INC no está exenta de controversias y situaciones complejas que trascienden lo estrictamente productivo. Un tema que ha vuelto a la mesa de discusión es la situación de las familias sirias que llegaron al país en calidad de refugiados durante el periodo de gobierno de José Mujica (2010-2015), bajo un convenio entre la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia y el Instituto.
Manassi aborda este tema con la cautela que exige su cargo, pero con la firmeza del cumplimiento normativo. Se refiere particularmente al caso de un matrimonio con una familia numerosa, que recibió una fracción de tierra y una vivienda construida por MEVIR para paliar una situación de vulnerabilidad extrema.
A pesar del espíritu humanitario del convenio original, la realidad administrativa ha encendido alarmas en el Directorio. «Lo que se ha venido observando desde el Instituto son una serie de incumplimientos, principalmente en el pago de la renta», señala Manassi. Como cualquier colono, estas familias están sujetas a obligaciones financieras por el uso de la tierra del Estado.
Actualmente, el Instituto se encuentra en un proceso de tratativas. Aunque no se ha llegado a una resolución final.
