La Intendencia de Paysandú se enfrenta a una crisis sin precedentes tras sufrir un ataque cibernético el 24 de julio que dejó paralizados casi todos sus servicios. El intendente Nicolás Olivera calificó la situación como “devastadora”, afirmando que “nos mataron” en alusión al impacto que ha tenido el hackeo en la operativa de la comuna.
Los atacantes, pertenecientes al grupo de ciberdelincuentes conocido como Alpha, han exigido un rescate de 650.000 dólares en bitcoins para restaurar el acceso a la información secuestrada. Olivera explicó que el ataque se llevó a cabo mediante un ransomware que encriptó los datos de la intendencia, dejando inhabilitados servicios cruciales como el cobro de tributos, la inscripción de nacimientos y defunciones, y la liquidación de sueldos. “Todo lo que tiene sostén informático en la Intendencia fue afectado”, afirmó el intendente.
“Prácticamente no tenemos ningún tipo de servicio habilitado. Todo indica que estuvo mucho tiempo trabajando esta gente en el hackeo de los sistemas. Pidieron un rescate económico, pero no se nos pasó por la cabeza pagar”
Nicolás Olivera, intendente de Paysandú
La decisión de no pagar el rescate es firme, ya que Olivera declaró: “Nunca estuvo en la remota idea nuestra pagar, porque hay un principio básico que es con terroristas no se negocia y menos con dinero de la gente”. Sin embargo, este compromiso trae consigo consecuencias inmediatas. La falta de acceso a sistemas esenciales ha afectado el funcionamiento normal de la intendencia, generando incertidumbre y preocupaciones entre los ciudadanos de Paysandú.
La magnitud del ataque es alarmante, especialmente considerando que el grupo Alpha ha estado detrás de ataques a organismos de varios países, incluyendo Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, Israel y Canadá. Según Heber Paguas, presidente de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic), la ciberdelincuencia ha crecido a un ritmo alarmante, superando incluso la amenaza del tráfico de drogas y armas. “La probabilidad es alta en cualquier caso”, agregó, subrayando la facilidad con la que los delincuentes pueden atacar a cualquier organismo, desde una pequeña empresa hasta grandes instituciones.
Además de la pérdida de información crítica, el ataque ha llevado a la Intendencia a replantear su estrategia de ciberseguridad. Olivera admitió que los sistemas afectados han comprometido el funcionamiento de la intendencia y, por extensión, la vida de los ciudadanos de Paysandú. La intención es restablecer los servicios y recuperar la información perdida, pero el proceso será complicado. “Estamos buscando respaldos en papel y otras fuentes para reconstruir las bases de datos”, explicó el intendente.
La falta de confianza en las capacidades de ciberseguridad de la intendencia ha llevado a algunos ediles, como Marcelo Tortorella del Partido Nacional, a solicitar una auditoría informática para evaluar los niveles de seguridad actuales y prevenir futuros ataques. Aunque Olivera defendió los protocolos de seguridad previos al ataque, reconoció que serán necesarias inversiones significativas para mejorar la infraestructura tecnológica de la comuna.
Este ciberataque no solo representa una pérdida de información crítica, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la ciberseguridad en el ámbito gubernamental. La situación plantea interrogantes sobre la preparación de las instituciones públicas frente a las crecientes amenazas digitales y la necesidad de adoptar medidas proactivas en un mundo cada vez más amenazante.
Con la experiencia del ataque aún fresca en la memoria, la Intendencia de Paysandú deberá navegar en un entorno de incertidumbre, mientras se esfuerza por restablecer sus operaciones y salvaguardar la información de los ciudadanos. La colaboración con agencias gubernamentales y la inversión en tecnología serán esenciales para reconstruir no solo los sistemas, sino también la confianza de la población en su administración.
