El doble asesinato de Luna Giardina y su madre, presuntamente cometido por Pablo Laurta, generó una fuerte conmoción pública y abrió un necesario debate sobre la responsabilidad social y mediática en la difusión de ciertos discursos.
Laurta, vinculado al colectivo Varones Unidos, había sido una figura conocida por su postura crítica hacia el feminismo y las denuncias de violencia de género. El caso plantea interrogantes sobre los límites del debate público, el rol de los medios y el cuidado que debe tenerse al dar espacio a mensajes que pueden contribuir a desinformar o deslegitimar a las víctimas.
En el siguiente texto, la edil Paulina Yaque reflexiona sobre las implicancias de este hecho y sobre la necesidad de revisar las prácticas y discursos que circulan en torno a la violencia de género.
Cuando el odio encuentra micrófono
El caso de Pablo Laurta, detenido por el femicidio de Luna Giardina y su madre, conmueve y nos interpela profundamente. Pero más allá del horror de este crimen, es necesario mirar el contexto y los discursos que lo precedieron.
Paulina Yaque
Laurta no surgió de la nada. Durante años fue referente de Varones Unidos, un colectivo que, bajo el discurso de “defender a los hombres”, difundió ideas antifeministas, negó la violencia de género y promovió la noción de que la mayoría de las denuncias de mujeres son falsas.
Un relato peligroso que buscó desacreditar la lucha feminista y poner en duda la palabra de las víctimas.
Y lo más preocupante: ese discurso encontró espacio en los medios y hasta en el Parlamento, donde se los convocó a opinar sobre la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza. Mientras tanto, los movimientos que acompañan víctimas y denuncian femicidios siguen siendo invisibilizados y deslegitimados.
Hoy, uno de esos referentes, un hombre denunciado varias veces por su ex pareja, que mientras acumulaba denuncias hablaba públicamente de “denuncias falsas”, está acusado de ser un doble femicida.
Una doble moral brutal, que muestra el peligro de permitir que los discursos de odio se disfracen de debate legítimo.
Esto exige responsabilidad política, mediática y social. Dar espacio a quienes niegan la violencia de género no es neutralidad, es complicidad. Cada vez que se duda de una víctima o se pone en el mismo plano el odio y la lucha por los derechos, se alimenta la cultura que permite que estas violencias sigan ocurriendo.
Es momento de preguntarnos a quiénes damos voz, a quiénes legitimamos, a quiénes escuchamos.
De exigir a los medios que dejen de sembrar sospecha sobre las mujeres, y al sistema político que no vuelva a abrir las puertas del Parlamento a quienes sostienen discursos misóginos.
También debemos repensar nuestras leyes. La Ley de Corresponsabilidad en la Crianza contiene artículos preocupantes, especialmente aquellos que promueven la revinculación de niños y niñas con padres denunciados por violencia o que plantean que un hombre violento con la madre de sus hijos no necesariamente es violento con ellos.
¿Podemos seguir sosteniendo eso después de tantos casos en los que el odio se vuelve letal?
Estos hechos deben servirnos para revisar leyes, prácticas y discursos, pero sobre todo para revisarnos como sociedad.
Porque no hay leyes que alcancen si seguimos dando micrófono y legitimidad a quienes niegan la violencia de género, la justifican o la reproducen.
La violencia de género existe, mata y necesita compromiso. Y necesita que, desde todos los ámbitos, no se le dé más voz al odio, sino a las mujeres que todavía siguen luchando por vivir.
Edil departamental. Integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Género / Militante feminista
