La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo en conferencia de prensa ayer miércoles que quedó claramente presentado durante la interpelación «que no hubo una situación ilegítima» en el caso de la exoneración fiscal al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie.
El diputado frenteamplista Gonzalo Civila fue el miembro interpelante.
En conferencia de prensa, y aún en medio de la interpelación, la jerarca aseguró que se actuó tanto de parte de Alfie como de la ministra «dentro de la ley» y que lo ilegítimo «hubiese sido negar la exoneración tributaria».
«En definitiva, esta interpelación se está llevando a cabo, me la están realizando por cumplir con la ley», aseguró la ministra.
Defendió que el expediente sea confidencial, porque es «para proteger un instrumento» que tiene como objetivo promover la inversión.
«Me lo pueden preguntar 20 veces más, pero el expediente no sale del Ministerio de Economía. No hay normativa que avale compartir el expediente de ningún inversor. No vamos a abrir el expediente por temas comerciales y de competencia», aseguró la ministra.
En relación al cuestionamiento ético del Frente Amplio, Arbeleche se preguntó: «¿La ética de quién? ¿Qué está buscando el miembro interpelante, que yo aplique mis valores personales por encima de las leyes de la República? Entendemos así no es como se maneja una República y la ética de los gobernantes es la ley».
La de este miércoles fue la primera interpelación para un ministro del gobierno de Lacalle Pou, y tuvo varios cruces entre los legisladores de la oposición y del Frente Amplio.
DESARROLLO DE LA INTERPELACIÓN
La ministra de Economía, Azucena Arbeleche fue interpelada desde la mañana de ayer hasta entrada la noche en la Cámara de Diputados donde dio explicaciones sobre el beneficio fiscal que su cartera otorgó al director de la OPP, Isaac Alfie, y que luego fue declinado por éste.
Durante la interpelación, Arbeleche dijo detalles sobre la resolución 1522 dictada por el Ministerio de Economía y Finanzas en febrero de este año y firmada por ella, que daba exoneraciones tributarias a una empresa privada de asesoramiento profesional de Isaac Alfie.
«Mediante esa resolución se declara promovida al amparo de las leyes, el proyecto de inversión de la firma referida por un monto de 138.351 UI, declarando la misma inversión elegible y otorgando las exoneraciones tributarias, por el período de junio de 2019 y diciembre 2020», detalló la ministra.
«La Comisión de Aplicación, la COMAP, recomendó expresamente al Poder Ejecutivo el otorgamiento de los beneficios previstos en la legislación aplicable. Se actuó en consecuencia, plenamente conforme a Derecho. La exoneración otorgada es regular, legal y ajustada absolutamente al sistema jurídico», remarcó.
Arbeleche expuso otros argumentos y dijo por ejemplo que «el cargo de director de OPP no tiene incompatibilidades para el desarrollo de actividades privadas». Es decir, «las normas vigentes no afecta la capacidad de goce de los derechos. Si encontramos en esta ley la capacidad de ejercicio o legitimación para actuar, pero no se amputan los derechos sustantivos o de fondo».
Por otra parte, dijo que «el beneficiario no integra el órgano decisor llamado a actuar en su solicitud. Quien toma la decisión es el MEF, quien solicita no integra el MEF», subrayó Arbeleche ante la Cámara de Diputados. «Debe quedar claro que el economista Alfie no integra el MEF ni el Poder Ejecutivo, el economista preside otro órgano que es la OPP, dependiente de Presidencia de la República. Según nuestro derecho público debe ser diferenciado del Sistema Orgánico Poder Ejecutivo. Aquí no había un solo mostrador como para estar presuntamente de los dos lados del mismo».
En esa línea Arbeleche prosiguió diciendo: «Ni la ministra se encuentra sujeta a jerarquía del director de la OPP ni viceversa».
«El beneficiario no participó ni podría participar del proceso decisorio. No tuvo ni pudo tener ningún tipo de injerencia en el expediente cuyo trámite corrió por completo por el MEF».
La ministra dijo que «ningún inversor está obligado a renunciar a los beneficios legales si se cumplen los requisitos, sea o no sea funcionario; el economista Alfie tampoco».
«Esto es chiquito, son 8.000 dólares pero hace una conducta, una forma de actuar», remarcó.
«¿Cómo se explica que un gobierno que restringe gastos en un contexto de crisis, que decide recortar gastos en la administración pública, que no ponga absoluto celo y lupa en esto?. No estamos hablando que la exoneración de los 8.000 dólares de Alfie le hiciera un agujero al estado Uruguayo, pero es un concepto», remarcó.
Civila enfatizó el hecho de que la ministra Arbeleche «no respondió si es una resolución inconveniente» tal como lo sostuvo el presidente de la República. «La ministra no contestó si piensa lo mismo».
En esa línea agregó: «Si esto esta tan bien hecho, ¿por qué el presidente le pide a Alfie que renuncie a los beneficios? Esto significa que el presidente es capaz de pedirle a un ciudadano que renuncie a lo que pertenece por ley para evitarse un lío político? «¿Una resolución inconveniente es la que es perjudicial para el país o la que daña al gobierno?», se preguntó.
«La ministra no nos dijo si examinó en detalle el expediente, si le informó al presidente que estaba firmando la resolución. ¿Cómo se puede decir que no haya implicancias cuando funcionarios dependientes de Alfie estaban en la firma de la resolución? concluyó Civila.
CONFERENCIA DE PRENSA
La ministra dijo en conferencia de prensa que por todo lo expuesto “quedó aclarado que no hubo una situación ilegítima”. “Se actuó en todo caso dentro de la ley y de forma legítima”, agregó. Por su parte, el diputado Civila dijo en conferencia de prensa que hubo preguntas que Arbeleche no contestó en
