Edición Año XVIII N° 953, lunes 23 de febrero de 2026
ALARMA. La Constitución de la República es el marco legal regulatorio garantista respecto al ejercicio tanto de nuestros derechos como de nuestras obligaciones por el mero hecho de ser personas, donde cada uno de nosotros debemos ser considerados como iguales ante la aplicación de la ley, no existiendo otra diferencia que nuestros propios talentos y virtudes.
Ante esto, uno debería dormir tranquilo porque la mera existencia del Estado se fundamenta en ser quien garantice que esto ocurra. Ahora bien, cuando el mismo Estado comienza a perderse en un laberinto espeso y profundo de burocracia, o de personas que ocupan cargos que terminan siendo fagocitados por la monotonía de ese mismo laberinto, y erran el camino, el texto constitucional deja de ser garantista para ser solo declarativo y sin eficacia alguna.
Esto viene a colación de que estamos tomando conocimiento en los últimos meses de una cantidad realmente alarmante de denuncias de abuso infantil que es imposible que sigamos mirando para el costado y debamos tomar la firme decisión de hacernos cargo como sociedad. Lo otro que también es alarmante es que, si las denuncias de abuso infantil vienen en franco crecimiento, imaginemos la cantidad de casos que existen aun sin denunciar o que quizás nunca sean denunciados sea por temor, vergüenza o complicidad, lo mismo da.
Pero lo que es más alarmante es conocer cuál es la respuesta del Estado cuando existe una denuncia de este tipo. Quiero creer que en la mayoría de los casos se actúa de acuerdo a lo que mandata nuestra Constitución y nuestra legislación vigente, que lejos de ser perfecta es lo que tenemos, y donde además existe la convicción que aún se puede legislar mejor, sobre todo para dar la debida protección a los sectores más vulnerables.
Pero lamentablemente aquí no hay margen para la excepción, estamos hablando de niñas, niños y jóvenes, acá no se puede tolerar un solo caso en que se actúe de forma negligente o contraria incluso al sentido común.
Recientemente tomé conocimiento de un caso de una niña de 4 años que habría sido abusada por su padre en Artigas (nota a Andrea Tuana en edición de ayer de EL PUEBLO), donde las autoridades del INAU departamental como la Fiscalía y Justicia tanto de la ciudad de Artigas como la de Bella Unión fueron no solo omisos, sino que terminaron poniendo en custodia a la menor con los padres del denunciado abusador, quien no ha tenido en todo este tiempo ninguna limitación de contacto con la niña abusada.
Se me ha acercado documentación donde incluso una abogada que trabaja como Asistente Técnica de la Subdirección General de Gestión Territorial de INAU, la Dra. Cecilia Galusso, solicita “se vuelvan a tomar de forma urgente por el tiempo que dure la investigación en Fiscalía del Delito como medida de protección la prohibición de comunicación y acercamiento hacia (la menor) de las personas denunciadas, es decir…” (siguen los nombres de dos varones, uno de ellos su padre).
El caso incluso había sido archivado, ahora se logró desarchivar por el esfuerzo de personas que trabajan por fuera del sistema institucional y ahora estará a estudio de la Justicia salteña. Acá es cuando una máxima del jurista Justino Jiménez de Aréchaga pueda tener asidero, cuando sostuvo “que si la Justicia tarda pero llega, ya no será Justicia”.
Hasta acá el Estado conspiró contra una niña de 4 años a la que debía proteger, esperemos que no sea demasiado tarde ahora para que rectifique lo que ha hecho.
Hasta la semana que viene… y tilo pa’la barra!
