MANO. “Se nos ha ido de las manos”, se está escuchando mucho en estos días. Unos
culpan al gobierno por dar mensajes contradictorios (encontrar el justo equilibrio entre la
apertura económica del país –que, dicho sea de paso, la mayoría reclama- y la salud de la
gente, ha quedado claro que es muy difícil de poder sostener), y el gobierno culpa a la
irresponsabilidad de la gente por haber bajado la guardia porque pensará –supongo- que
nunca se agarrará el virus. Es complejo entender qué está pasando por algunas cabecitas.
Lo cierto es que esta situación justificó a que una legítima mayoría parlamentaria legislara
recortando derechos a los ciudadanos bajo el argumento de cuidarnos. Muchas gracias,
pero no me gusta que recorten mis derechos porque haya personas, las menos, que no
cumplan con sus obligaciones ciudadanas.
Todo lo que bien que nos definía como sociedad al inicio de esta pandemia y que llevó a
nuestro presidente a ser reconocido a nivel mundial por lo bien que nos portábamos y que
teníamos la pandemia controlada, bueno, esta ley que se aprobó en tiempo récord
interpretando el artículo 38 de nuestra Constitución ahora dice todo lo contrario, que
como no nos estamos portando como gente seria y responsable, tienen que mandarnos a
la policía para reestablecer “el orden público” en caso de aglomeración.
Pero que, además, tal como viene funcionando la cosa, los vecinos son los que pueden
denunciar aglomeraciones de personas llamando en forma anónima al 911, como pasó
con un grupo de no más de cinco sindicalistas (que dicho sea de paso, un video que circuló
en las redes sociales permite ver que cumplían con el protocolo sanitario) que fueron
detenidos por averiguaciones por la policía porque estaban un martes de noche pintando
sus reivindicaciones en la zona del CERP.
¿Dónde puede terminar esto? Que la policía se vea saturada de llamadas de vecinos en
estas fechas porque les molesta el ruido o por envidia o celos de que el vecino la está
pasando mejor o por lo que sea, y que la policía se sienta con el derecho de querer
meterse en nuestro hogar para confirmar que se esté cumpliendo con las medidas
sanitarias, aun sabiendo que la Constitución sigue reconociendo al hogar como un lugar
inviolable durante la noche, pero que según las declaraciones que anoche dio el ministro
Larrañaga en conferencia de prensa, si no se acata la orden policial, será considerado en
desacato y detenido, porque eso es lo que permite la nueva ley.
Apelaremos siempre, entre buenos orientales, a que esta situación no se nos vaya de las
manos, y estemos atentos a cualquier intento de atropello a nuestros derechos
constitucionales como ciudadanos, recordando también que tenemos obligaciones, y que
podemos (y debemos) cumplirlas sin que nos apliquen el uso de la fuerza.
DETALLE. Un detalle casi innecesario de comentar y que por lo que estamos viviendo en
este tiempo hasta parece (y es) algo frívolo, y tiene que ver con que, ¿se fijaron que los
distintos dirigentes políticos que aún usan corbata (por lo general, aquellos que se
identifican con posturas conservadoras), suelen tener el color de sus divisas? Eso puede
apreciarse notoriamente en ministros, senadores, diputados y dirigentes de medio pelo de
los partidos Nacional y Colorado, y en algunos casos, en gente de Cabildo Abierto.
Es un comentario que no conduce a nada porque no le cambiará la vida a nadie, pero que
sirve para cumplir con los márgenes y dimensiones requeridas para este artículo de
opinión que en este fragmento bien podría llamarse “corbatas a la moda ideológica”.
Hasta la semana que viene…
