Un reciente pedido de funcionarios del Ministerio del Interior, luego de ubicar y detener en el país a uno de los delincuentes más temidos y buscados por sus acciones como narcotraficante, es un hecho muy grave, quizás más de lo que se supone.
Los funcionarios han pedido mayores garantías, lo que en buen romance significa que las garantías actuales que tienen no se consideran que sean suficientemente seguras para ellos y sus seres queridos. Esto es muy grave, significa que estamos a las puertas de un Estado dominado por el narcotráfico u otras acciones de delincuentes capaces de tomar nefastas represalias con quien o quienes se le pogan adelante.
Muchas veces desde estas columnas hemos reclamado mayores controles, porque una cosa es el país que entienden los políticos que existe, y otorga suficientes garantías y otra cosa muy diferente es lo que indica la realidad.
Que en estos casos los controladores pidan mayor seguridad, que es lo mismo que decir mayor control, indica que no es precisamente la legalidad quien”manda” y quien dispone de la suerte de todo aquel que osa ponerse en su camino.
El gobierno en su calidad de ejecutante de las políticas de seguridad debería de tomar este hecho como algo sumamente grave, porque de la forma en que sea enfrentado dependerá la suerte del país.
Casi al mismo tiempo de esto, se conoció la detención de una licitación, dispuesta por el MInistro de Defensa, debido a que se habría descubierto cierto accionar ilícito en la conducta de estos empresarios.
Parelalemente se afirma que parte del Ejército Nacional ha realizado tareas para una empresa privada a pedido y mandato de sus jerarcas.
Todo esto huele muy mal y es necesario que se den las explicaciones correspondientes y se adopten las medidas que marca la ley. En principio el hecho de que se aclaren estas cosas, puede ser beneficioso, como también lo sería el hecho de que se evitaran las acciones deleznables que son capaces de llevar a cabo los delincuentes.
Hay oficios y profesiones que conllevan un alto riesgo, entre ellos el periodismo, pero es el Estado quien tiene la función de proteger a quien ejerce estas profesiones.
Si se llega a ejecutar y llevar adelante las amenazas, es responsabilidad del Estado y a él debemos pedirle cuentas porque en definitiva, si existe delincuencia, si existe impunidad, es responsabilidad del Estado, que en alguna medida estaría fallando.
A.R.D.
