Cuando el fiscal Gómez pidió el procesamiento con prisión del Ministro de Economía Fernando Lorenzo y del presidente del Banco de la República, Fernando Calloia, por abuso de funciones, el Frente Liber Seregni, grupo del Frente Amplio al que pertenece el Ministro de Economía, levantó su voz contraria al pedido
En esa oportunidad la reacción dentro del Frente Amplio fue similar a la que provocó el procesamiento de Zimmer. Desde el Frente Líber Seregni (FLS) denunciaron que el pedido de procesamiento demostraba una “judicialización de la política” y recalcaron el respaldo para ambos.
Dos meses más tarde la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de inconstitucionalidad del delito por el que el fiscal había pedido su procesamiento, lo que tampoco cayó bien dentro del FLS. Aunque el fallo no llamó la atención, el astorismo cuestionó la celeridad con la que la Suprema Corte se expidió. “Fue muy rápida la decisión. Lo de (el intendente de Colonia, Walter) Zimmer fue mucho más lento. Sorprende un poco que haya sido tan expeditiva, estará cambiando la Suprema Corte”, dijo a El País el diputado Horacio Yanes.
Por tratarse del mismo delito, las comparaciones entre los casos de Zimmer, Calloia y Lorenzo fueron frecuentemente comparados. Si bien para la dirigencia del Partido Nacional en nada se parecen, a Lacalle Pou le “extrañó” que “en situaciones más complicadas para el país se pida un procesamiento sin prisión” y en el caso Zimmer el pronunciamineto de la Justicia fue de procesamiento con prisión.
Distanciados de los hechos, entendemos que es al Parlamento, que debe aprobar las leyes que corresponde revisar el delito de abuso de funciones -aunque en el caso Zimmer se adjudica también otro delito – tiene la gravedad suficiente como para ser castigado incluso con cárcel.
El hecho de que hasta el presidente de la República haya ido a visitar y darle su solidaridad al Intendente en la cárcel, está indicando que hay por lo menos un terreno a revisar minuciosamente en este sentido.
No estamos diciendo que la ley esté mal hecha, ni mucho menos aprobando algunas acciones o influencias que no corresponden, pero si cuestionando la gravedad de las sanciones, cuando no pueden entenderse como corrupción, si por esta entendemos aquellas acciones que suponen un beneficio económico para quienes las ponen en práctica o su entorno.
Una cosa si, no podemos seguir protestando y reclamando “según el color del procesado” y callando cuando no se trata de alguien de nuestras tiendas…
Esto es lo inadmisible, porque se supone que las leyes deben considerar a todos por igual.