Por Dr. Adrián Báez
Estimados lectores. Desde hace muchísimo tiempo hemos venido sosteniendo que, en nuestro vendito país, existen ciudadanos categoría A y ciudadanos categoría B, lo que constituye en sí mismo, una enorme injusticia.
Dicha clasificación surge de la lógica evidencia existente a través de la vivencia de muchos compatriotas, quienes, por el hecho de deber por falta de pago cuotas de préstamos, créditos, etc., son, en caso de no regularizar la deuda, ingresados al tan afamado y temido Clearing. 
De más está decir que, aquellos que asumen una deuda, sea de la clase que fuere, lo hacen, o así se intuye que ocurre, deliberadamente y con consentimiento de su voluntad; ergo, deben “honrar las deudas”, como se decía antiguamente.
También es cierto que, hay deudores y deudores. Los hay quienes no respetan los compromisos adquiridos, pero, en su mayoría, están los que rigurosamente y toda religiosidad, cumplen, aún a costas de padecer algunos sacrificios.
Ahora; y esta pregunta no creemos que haya quien no se la haya hecho, ¿es absolutamente necesario quedar manchado al entrar en la “ficha negra” del mencionado registro, no pudiendo acceder a ningún tipo de crédito, ni préstamo por el período de 5 años, cerrándosele así al deudor todas las puertas habidas y por haber, siendo que el acreedor dispone de las herramientas jurídicas correspondientes para poder cobrarse dicha deuda?
Estamos convencidos que no. Y el por qué, es muy claro. Hasta que en nuestro Uruguay, no se haga responsable a la clase política por aquellos excesos en los que incurre cuando detenta el poder, malgastando y derrochando los recursos públicos, sin siquiera ser “amonestados” por ello, es rotundamente inmoral que quienes la luchan a diario y que por el altísimo costo de la vida, se ven privados de cumplir con sus obligaciones, sean indicados en una lista que es manejada por el sector privado, como “leprosos”.
Volvemos sobre el tema porque, en las últimas horas, la Intendencia de Salto decidió enviar al Clearing a los deudores de tributos municipales. Quienes no deseen ingresar en el registro de deudores deberán abonar las cuantías indicadas, en caso contrario, y además de engordar las filas de “indeseables”, serán ejecutados por la vía judicial.
Que el sector privado busque el cobro de lo que le corresponde, está bien; que quien asuma una obligación, deba asumir las consecuencias por el incumplimiento, está bien. Lo que nos parece harto injusto, más sabiéndose por parte de los gobernantes la difícil situación por la que atraviesa el país, a causa de políticas económicas paupérrimas e irresponsables, es que sean las instituciones públicas las que aumenten los obstáculos de los compatriotas que se ven limitados por los apremios económicos.
Quienes se han jactado de ser socialistas, vienen desocializando a la sociedad. Los que deberían dar respaldo y facilidades, son quienes levantan muros de imposibilidades y zozobras. Quienes están emplazados por la dignidad a exigir igualdad de tratamiento entre gobernantes y gobernados, son los que fomentan las grietas ¡Vergüenza!
Uruguay no está siendo coherente con su mandato constitucional en donde se indica que todo somos iguales ante la ley. Que unos dilapiden el patrimonio nacional y sean apañados, y que otros no puedan por la coyuntura afrontar sus deudas y por ello sean víctimas de la “inquisición”, demuestra que hay ciudadanos clase A y clase B.
