Walter Campos propone aplicar la plusvalía en Salto para financiar saneamiento, calles, alumbrado y espacios públicos.
El edil Walter Campos impulsa la reglamentación de la ley de plusvalía para financiar obras clave en Salto
El edil por el Frente Amplio, Walter Campos, inició un camino legislativo donde busca reglamentar la ley de plusvalía a nivel departamental. Esta norma nacional permite recuperar parte del mayor valor que adquieren los terrenos privados gracias a la inversión pública.
Campos dijo a EL PUEBLO que trabajó intensamente para lograr el respaldo de sus pares. Tras realizar tres exposiciones en la Comisión de Obras, logró que la Comisión de Hacienda tratara su propuesta. El legislador dijo que debió esforzarse bastante para que escucharan sus planteos sobre ordenamiento urbano.
El trámite parlamentario actual
La propuesta legislativa avanzó en un casillero. El edil aguarda que sus colegas lo convoquen pronto para defender los motivos del texto. Campos pretende demostrar la utilidad de esta herramienta para mejorar las finanzas de la Intendencia.
El legislador aclaró que esta iniciativa se ampara en un marco legal nacional. Sin embargo, la gran mayoría de las intendencias uruguayas todavía no la aplican en sus territorios.
El espejo de otras comunas
Hasta el momento, muy pocas intendencias lograron avanzar en la aplicación de esta normativa sobre el suelo. Únicamente Montevideo, Canelones y Maldonado se acogieron con éxito a la ley 18308. El curul salteño analizó estos tres antes de armar su plan.
De todos los modelos observados en el sur, uno se destacó por su alcance positivo. Para el edil frenteamplista, la reglamentación de Canelones es la más completa y mejor diseñada. La ordenanza canaria ofrece una redacción muy amplia que sirve como una guía ideal.
Antecedentes locales olvidados
La idea de cobrar por el mayor valor del suelo no representa una novedad para Salto. Existe un antecedente normativo en el numeral 35 del artículo 19 de la ley 9515 para la reglamentación de la recuperación pública de la plusvalía que está prevista en el artículo 129 del decreto departamental 6593/2016, informó Campos.
A pesar de tener ese respaldo legal guardado, nunca se llegó a aplicar en la práctica. La falta de una reglamentación impidió que Salto recaudara cifras millonarias durante los últimos años. Campos busca terminar con ese vacío normativo que favorece solo a los grandes inversores.
Fondos frescos para el territorio
Una de las mayores virtudes del proyecto radica en la independencia de los recursos obtenidos. Los ingresos generados por la plusvalía tendrán un carácter estrictamente extra presupuestal. Todo el dinero obtenido irá a la gestión territorial. El objetivo es que el gobierno tenga capital fijo para adquirir tierras útiles.
La polémica expansión al norte
El debate cobra una fuerza especial debido a los cambios recientes en el plano urbano. La modificación del Plan de Ordenamiento Territorial habilitó la extensión residencial al norte de avenida Garibaldi. Esta normativa, conocida como PLOTS, generó una fuerte discusión política.
El legislador de la izquierda se mostró muy crítico con la forma de aprobación de la expansión. Campos lamentó que se votara la habilitación de 140 hectáreas de forma inicial. La idea original del edil era habilitar la mitad para evaluar primero el mercado.
Riesgos ambientales en Apolón
Las consecuencias de habilitar zonas habitacionales sin servicios ya se pueden observar en el terreno. El edil advirtió sobre problemas de drenaje que sufren varios predios sobre avenida Apolón. En esos lugares el agua brota de la tierra incluso en los días sin lluvia.
Fraccionar y vender campos en esas condiciones puede traer graves perjuicios a los compradores. La falta de preparación del suelo genera riesgos estructurales para cualquier construcción familiar. El curul insistió en que no busca trancar el progreso de la ciudad.
Obras clave para los barrios
El retorno de la plusvalía permitirá financiar obras que transformarán la vida de muchas familias. La Intendencia dispondrá de capital para extender el saneamiento en zonas postergadas. También se podrán abrir calles transitables, instalar alumbrado eficiente y construir plazas públicas.
La iniciativa privada dejará de ser un negocio individual para transformarse en desarrollo colectivo. Los recursos obtenidos facilitarán la compra de terrenos para escuelas y liceos públicos. Muchas veces el Gobierno nacional tiene el dinero pero carece de predios disponibles.
El recuerdo de Ciudad de la Costa
La propuesta de Campos encuentra un reflejo en experiencias previas en nuestro país. Durante la gestión de Marcos Carámbula en Canelones se llevó adelante una actualización del valor catastral de los inmuebles en Ciudad de la Costa. En aquella época, existían propiedades de alto valor que pagaban impuestos como terrenos baldíos.
Aquel relevamiento catastral generó una inversión pública que transformó la populosa zona. El edil salteño pretende aplicar ese mismo criterio de justicia tributaria en nuestro departamento. El mercado inmobiliario no puede funcionar libremente sin regulación del Estado.
