Un lunes clave para la seguridad nacional
Este próximo lunes 23 de febrero, la Cámara de Diputados se convertirá en el escenario de una definición política de alto impacto. Los legisladores deberán votar el articulado de la nueva Ley de Prevención Integral del Lavado de Activos, una iniciativa que nació como respuesta directa al atentado con una granada contra la fiscal Mónica Ferrero en septiembre pasado. Aunque el proyecto ya cuenta con una aprobación general, el tratamiento de los puntos específicos asoma complejo. Las bancadas llegan con posiciones divididas en temas sensibles que tocan desde el bolsillo de los ciudadanos hasta la estructura judicial del Estado.
El debate por el uso de efectivo en la mira
Uno de los ejes que genera mayor fricción es la modificación de los topes para transacciones con billetes. El texto que viene del Senado propone bajar el límite actual de un millón de Unidades Indexadas (unos US$ 160.000) a un escalón intermedio de 200.000 UI (cerca de US$ 32.000). Esta medida busca dificultar que el dinero «sucio» del narcotráfico entre al circuito legal sin dejar rastro. Sin embargo, el diputado cabildante Álvaro Perrone ya adelantó que no acompañará este cambio. Su argumento es firme: entiende que el tope alto fue ratificado por la ciudadanía en el referéndum de la LUC y no debe tocarse. Sin el apoyo de Cabildo Abierto, el oficialismo depende exclusivamente de la voluntad de algunos legisladores colorados que aún no definieron su voto.
¿Qué pasará con la Fiscalía Especializada?
Otro punto de discordia es la supresión de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos. El Poder Ejecutivo sostiene que esta oficina, creada en 2022, no ha rendido los frutos esperados y resulta ineficiente y costosa. La idea es que los fiscales que investigan el delito original (como la droga o el contrabando) se encarguen también de rastrear el dinero. El diputado nacionalista Pablo Abdala mostró sus reparos, señalando que eliminar una herramienta de este tipo sin una alternativa clara podría ser un retroceso institucional. Si no estamos conformes con los resultados, es difícil dejar sin efecto la fiscalía sin una respuesta alternativa, reflexionó el legislador ante la posibilidad de desmantelar la unidad.
Nuevos controles para sindicatos e inspecciones
El proyecto también trae novedades para los gremios. El diputado colorado Conrado Rodríguez impulsa un artículo para que los sindicatos pasen a ser sujetos obligados de control, al igual que ya sucede con las iglesias y los partidos políticos. Esto implicaría que las organizaciones sindicales deberán justificar el origen de sus fondos y realizar reportes de operaciones sospechosas. Por otro lado, la potestad de la Senaclaft para retirar documentación informática en inspecciones sin orden judicial previa es vista con recelo. Algunos legisladores consideran que esto podría vulnerar garantías constitucionales y exigen que siempre intervenga un juez antes de incautar archivos de una empresa o particular.
Lecciones de nuestro propio pasado
Para entender la relevancia de la ley que se vota este lunes, es necesario recordar el «Operativo Peces», aquel megaoperativo del año 2011 que desnudó la fragilidad de nuestros controles. En aquella oportunidad, la Justicia procesó a 20 personas, entre las que figuraban no solo contrabandistas, sino también profesionales y funcionarios públicos que daban apariencia legal a fondos provenientes del tráfico de mercaderías. La investigación confirmó que el dinero sucio se había infiltrado en la economía salteña mediante la compra de campos, vehículos de lujo y propiedades, utilizando sociedades pantalla para ocultar a los verdaderos dueños. Aquel caso fue la prueba de fuego que demostró que el lavado no es un problema exclusivo de las grandes capitales financieras, sino una realidad que distorsiona el mercado local, genera competencia desleal para el comerciante honesto y corrompe las instituciones de nuestra propia ciudad.
El golpe a las «economías de frontera»
El departamento ha sido históricamente vulnerable al tráfico de bienes, pero los operativos recientes como la “Operación Goro” en noviembre de 2025 muestran un cambio de escala. Ya no se trata solo de pasar mercadería, sino de estructuras que mueven millones y necesitan lavar ese efectivo en el comercio local.
Protección contra las estafas y ciberdelitos
Otro punto clave que beneficiará directamente al salteño es la inclusión de los delitos informáticos como precedentes del lavado. En los últimos meses, la Jefatura de Policía de Salto ha emitido constantes alertas por estafas telefónicas y digitales. Con la nueva ley, si los criminales logran estafar a personas o empresas y luego intentan mover ese dinero por el sistema financiero, los controles serán automáticos.
Un cambio profundo en el tablero delictivo
De aprobarse el articulado tal como está, Uruguay dará un salto hacia estándares internacionales más exigentes. La ley no solo baja los topes de efectivo, sino que amplía la lista de delitos que se consideran «precedentes» de lavado, incluyendo por ejemplo los ciberdelitos. Esto permitirá que la Justicia tenga una red más fina para atrapar a quienes intentan blanquear capitales. Además, se busca mejorar la coordinación entre organismos, pasando de una estructura dispersa a una persecución del patrimonio criminal mucho más agresiva. El objetivo final es claro: que el delito deje de ser un negocio rentable en nuestro suelo.
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https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Salto-20-procesados-por-contrabando-uc132552
