La directora de Vivienda de la Intendencia de Salto, María Eugenia Almirón, relató que esta administración se enfrentó a un panorama complejo tras asumir. Describió como desordenado el estado de los proyectos y la documentación.
Un plan “Avanzar” estancado
Uno de los proyectos más afectados fue el Plan Avanzar, una política pública del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) que busca atender la situación de los asentamientos irregulares, promoviendo su integración social y urbana y mejorando la calidad de vida de quienes viven en ellos. A diferencia de otros departamentos donde las obras ya comenzaron, en Salto el plan permaneció en pausa. La principal razón, esgrimió el exministro Raúl Lozano, fue la falta de cumplimiento por parte de la anterior administración en la entrega del terreno con los servicios básicos necesarios.
Según Almirón, los equipos de la Intendencia trabajaron arduamente para subsanar las observaciones del Ministerio desde el primer día de gestión. En el asentamiento La Esperanza, se logró levantar casi todas las objeciones, con una sola pendiente. En el asentamiento La Amarilla, solo restaría una observación por corregir. El objetivo es que estos proyectos, que fueron presentados en octubre del 2024 y aprobados en abril del 2025, dejen de ser un anteproyecto para convertirse en proyectos ejecutivos. Esto permitirá la definición de los montos de obra, que incluyen infraestructura vial, saneamiento, conexiones y la canalización de arroyos.
La directora contó que la Intendencia debe realizar un relevamiento de las familias, cuyos datos se cotejan con el Ministerio para la selección final de beneficiarios. Explicó que se habla de realojo cuando se trata de familias que viven en zonas inundables y de mejoras edilicias en el caso de construcciones existentes que no presenten otros problemas.
Más de 60 comodatos precarios y la incertidumbre de cientos de familias
Otro de los problemas heredados es la situación de las cooperativas de vivienda. Se entregaron 62 terrenos en comodato, la mayoría en la ex Chacra Municipal, pero también en zonas de dudosa calidad de suelo. Almirón describió la situación como de gran precariedad, ya que los comodatos, que en realidad son préstamos de uso, no pasaron por la Junta Departamental y esto deja a cientos de familias en un estado de incertidumbre.
La escribana señaló que estos documentos no tienen el aval del Gobierno departamental, lo que las imposibilita de presentarse ante instituciones como la Agencia Nacional de Vivienda para solicitar créditos, ya que no cumplen con los requisitos. Informó sobre reuniones con FUCVAM para abordar el problema. Declaró que, si bien el marco legal es claro, hay un componente social que no puede ignorarse, ya que muchas familias habrían sido «burladas en su buena fe». Almirón manifestó la intención de la Intendencia de llevar tranquilidad a la población y buscar un mecanismo legal para contemplar la situación de esas familias.
Freno a los nuevos asentamientos: una Policía Territorial sin implementar
Almirón también se refirió a la problemática de la proliferación de nuevos asentamientos, una situación que, afirmó, no se ha sabido contener. Apuntó a la falta de implementación de la Policía Territorial, una figura que ya está regulada por un decreto de la Junta Departamental. Esta unidad no solo tendría funciones de contralor e inspección, sino también un rol de prevención para la creación de nuevos asentamientos.
Según la directora, la Intendencia no cuenta con los recursos humanos para una fiscalización permanente y actualmente trabaja en coordinación con Inspectoría Departamental, área que tiene diversas responsabilidades a su cargo y no puede destinar todos los recursos exclusivamente a la función que debe cumplir la Policía Territorial dado que la labor de control e inspección es exigente y, si no se realiza de forma constante, no se logra frenar la creación de nuevos asentamientos, especialmente durante los fines de semana. La escribana afirmó que es necesario contar con un equipo técnico que trabaje «24/7», y que la Intendencia debe avanzar en la conformación de esta unidad.
Una cartera de tierras inexistente y terrenos contaminados
La escribana fue enfática al denunciar la falta de una verdadera cartera de tierras en la Intendencia. Explicó que tener una lista de terrenos no es suficiente; los predios deben ser aptos para la construcción, contar con los servicios básicos y calles abiertas. Con pesar, contó que en la pasada administración se entregaron terrenos de forma irresponsable, incluso en el predio del ex basurero, donde se habían dispuesto residuos hospitalarios.
Almirón subrayó la importancia de la prudencia y la responsabilidad, ya que la entrega de terrenos no aptos es una burla a las personas. Recordó que la ley es clara y exige que la Intendencia entregue predios con servicios. Manifestó la necesidad de sentarse a trabajar en la creación de una cartera de tierras real y funcional, que brinde soluciones habitacionales a los ciudadanos.
Un trabajo ordenado para ayudar a más salteños
La directora de Vivienda cerró la entrevista con una reflexión sobre la situación de Salto en comparación con otros departamentos. Reveló que, según en Plan Quinquenal del Ministerio, Paysandú superaba a Salto por tres veces en construcción de viviendas. Concluyó que para avanzar es fundamental una articulación coordinada y ordenada entre el Gobierno nacional y el departamental.
Afirmó que el MVOT cuenta con programas muy interesantes, como canastas de materiales, lotes con servicio y préstamos para refacción de viviendas. Resaltó que si la Dirección de Vivienda trabaja de forma ordenada, con la colaboración del Gobierno nacional, se podría asistir a un amplio espectro de la población, desde la clase media hasta los sectores más vulnerables, y así, resolver una de las principales preocupaciones de los salteños.
