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sábado, noviembre 29, 2025
Columnas De Opinión
Dr. Pablo Sosa Pereira
Dr. Pablo Sosa Pereira
Pablo Sosa es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República (2022). Especialista en Derecho Electoral, integra la Corte Electoral desde 2009 y actualmente es secretario de la Oficina Electoral de Salto y prosecretario de la Junta Electoral. En 2023 fundó el estudio jurídico Sosa-Pereira & Asociados, enfocándose en Derecho Público y Electoral. Tiene publicaciones académicas y se destaca por su experiencia institucional, práctica profesional y aporte al estudio del sistema electoral.

Un análisis crítico sobre la tragedia en Uruguay que expone la fragilidad del sistema legal frente a la violencia de género y vicaria.

Violencia vicaria y derecho en crisis: reflexiones sobre un horror insoportable

AGENDA LEGAL: REFLEXIONES SOBRE EL DERECHO

En el marco discursivo y disruptivo que configura el derecho contemporáneo, nos enfrentamos a una problemática que desvela el entramado complejo entre el vínculo intersubjetivo, la coacción y la protección legal. La violencia vicaria, como expresión especializada dentro del amplio espectro de la violencia de género, revela un escenario donde el daño se realiza a través de terceros -en particular, a través de los hijos- con el evidente propósito de afectar a la mujer víctima. Esta modalidad de violencia se presenta no solo como un fenómeno de agresión física directa, sino como una estrategia jurídica y social que desafía los límites tradicionales del derecho y exige una adaptación normativa y operativa profunda.

La tragedia acontecida en Uruguay, donde un individuo, denunciado por violencia de género y con medidas cautelares judiciales vigentes, secuestra a sus hijos pequeños para finalmente asesinar a ambos y suicidarse, pone en evidencia no solo la insuficiencia estatal para prevenir el desenlace fatal, sino también las contradicciones inherentes a las políticas públicas relacionadas con la protección de la mujer y la infancia. La violencia vicaria se distingue de la violencia de género en que esta última refiere a la agresión directa contra la mujer por razones de género, mientras que la primera utiliza a los hijos como instrumentos para infligir daño a la mujer, un daño desviado o vicario, cuyo impacto psicológico alcanza dimensiones insondables y permanentes.

Ahora bien, despojémonos por un instante del lenguaje jurídico y bajemos a un plano más humano, aunque no por ello menos ácido. La realidad palpable es una ironía que duele: leyes pretenciosas, órdenes judiciales y protocolos que, en la práctica, funcionan como un papel mojado ante la violencia sistemática. Mientras se discuten en los ámbitos políticos y judiciales —entre acusaciones de “populismo” y “preservación del derecho del padre”—, niños mueren y madres quedan destrozadas.

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Como abogados, nuestra tarea no es solo interpretar normas en abstracto, sino confrontar ese entramado donde la política y la justicia fallan a los que más deben proteger, no nos acostumbremos al Horror, no normalicemos lo insoportable. 

Hasta la próxima semana.

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