La caída del régimen de Maduro abre un escenario inédito para Venezuela y para toda la región. Tras años de autoritarismo y deterioro institucional, el país enfrenta el desafío de una transición compleja pero necesaria, donde la reconstrucción democrática, el respeto al Estado de Derecho y el acompañamiento internacional serán claves para devolverle al pueblo venezolano la libertad y la esperanza.
Venezuela atraviesa horas que pueden marcar un punto de inflexión en su historia reciente con la caída de Maduro. Tras años de autoritarismo, deterioro institucional, persecución política sistemática y un profundo daño social, lo ocurrido este 3 de enero de 2026 ha reavivado una esperanza largamente postergada: la posibilidad real de que el pueblo venezolano retome el camino de la libertad, del respeto al Estado de Derecho y de la plena vigencia de la democracia como forma de convivencia y organización política.
La democracia no es solo un sistema electoral ni se agota en el acto de votar. Es, ante todo, el imperio de la ley por encima de los hombres, la vigencia efectiva de las libertades individuales y colectivas, la división de poderes y la certeza de que el poder tiene límites claros y controles reales. Cuando esos límites se rompen, cuando el Estado deja de estar al servicio de la ciudadanía y pasa a ser una herramienta de dominación, los pueblos, tarde o temprano, terminan reaccionando. Venezuela ha vivido durante demasiado tiempo las consecuencias de un régimen que vació las instituciones, degradó la vida pública y empujó a millones de personas al exilio, separando familias y truncando proyectos de vida.
Si efectivamente se abre una etapa de transición, no será sencilla ni inmediata. Los integrantes del régimen darán batalla, se aferrarán a los resortes de poder que aún conservan y el proceso no estará exento de tensiones, conflictos e incluso episodios de violencia. La historia enseña que ninguna reconstrucción democrática es fácil luego de años de concentración del poder, corrupción estructural y debilitamiento institucional. Será un proceso complejo y delicado, que exigirá responsabilidad política, madurez democrática, diálogo amplio entre actores diversos, garantías jurídicas claras y un compromiso firme con la paz social. Pero también será una oportunidad histórica para restablecer el Estado de Derecho, sanar heridas profundas, reconstruir la confianza y devolverle al ciudadano el lugar central que nunca debió perder.
En este escenario, la comunidad internacional y, en particular, los países de la región no pueden permanecer indiferentes. No se trata de intervenir ni de imponer soluciones externas, sino de acompañar, respaldar y proteger un proceso genuinamente democrático, respetuoso de la soberanía popular. América Latina no puede mirar hacia otro lado cuando un pueblo lucha por recuperar sus libertades. Uruguay, con su tradición republicana, su apego a las libertades públicas y su historia democrática, debe estar del lado correcto de la historia: el lado del pueblo venezolano y de su derecho a decidir su destino sin presiones, sin tutelajes y sin autoritarismos.
Venezuela merece volver a ser una nación donde disentir no sea un delito, donde opinar no implique persecución, donde emigrar no sea una obligación forzada por la desesperanza y donde el futuro no esté condicionado por el miedo. Millones de venezolanos, dentro y fuera de su país, esperan ese tiempo nuevo y agradecen cada gesto de apoyo, cada señal de solidaridad y cada pronunciamiento que reafirme que la democracia sigue siendo el único camino legítimo para construir sociedades justas y libres.
Cuando los pueblos reclaman libertad, la historia se mueve. Ojalá este enero marque el inicio de una Venezuela libre, en paz, democrática y reconciliada consigo misma, y que encuentre en América Latina no solo palabras, sino respaldo firme para transitar ese camino.
