Los vecinos de Nueva Hespérides realizaron este miércoles una reunión final para presentar los descargos formales contra la instalación de una planta de compostaje en las inmediaciones de la zona.
El encuentro, realizado en la escuela local, congregó a decenas de residentes, autoridades y representantes políticos, y culminó con el anuncio de dos noticias claves que fortalecen la postura vecinal: la Intendencia de Salto no autorizará la instalación de la planta y Aeropuertos del Sur también ha manifestado su rechazo a la ubicación propuesta.
El cierre del encuentro estuvo a cargo de Matías Olaizola, quien agradeció a los asistentes y resaltó la importancia del acompañamiento recibido por parte de diversos actores políticos y sociales. Entre los presentes se destacaron los diputados Pablo Constela y Horacio De Brum, el ex intendente Ramón Fonticiella, representantes de la Junta Departamental.
Olaizola comunicó que, minutos antes del comienzo de la asamblea, recibió una llamada del intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu.“Deciles a los vecinos que no autorizo la planta”. La afirmación fue recibida con aplausos por parte de los presentes.
Además, compartió un mensaje del gerente de Aeropuertos del Sur, quien informó que la empresa ya presentó sus descargos ante el Ministerio de Ambiente, cuestionando también la ubicación de la planta por su cercanía al aeropuerto local, lo que representaría un riesgo operacional por la atracción de aves y residuos orgánicos.
A pesar de estas señales positivas, Olaizola advirtió sobre la necesidad de continuar organizados y vigilantes. “Quizás hoy tenemos esta definición, pero si mañana cambia la administración departamental, corremos el riesgo de que otro intendente entienda que conviene poner la planta en ese lugar”. En ese sentido, instó a avanzar hacia una solución estructural mediante normativa que prohíba explícitamente este tipo de emprendimientos en zonas habitadas y ambientalmente sensibles.
Previo a la reunión EL PUEBLO mantuvo diálogo con Juan Marcos Richard, vecino del lugar y uno de los promotores de las acciones.
“Creo que es la última reunión que se va a hacer, esperemos que así sea. La empresa presentó un manifiesto y hay 20 días para que los vecinos presentemos nuestros descargos. En este caso son negativos porque todos estamos en contra”.
Richard subrayó que la planta, aunque necesaria para resolver problemas de disposición de residuos, no puede instalarse en un área densamente poblada, pruductiva y ambientalmente vulnerable. Según explicó, los argumentos vecinales están respaldados por informes técnicos de la Universidad de la República y especialistas como la ambientalista Alexandra Bosso, con foco en la alta fragilidad del terreno: suelos arenosos, napas freáticas superficiales y vertientes activas.
“Acá donde yo vivo, uno va con una pala, hace un pozo y el agua sale. Eso es porque hay vertiente. Los pozos son superficiales, y cualquier contaminación va directo al agua que usamos”, advirtió.
Otro de los puntos críticos denunciados por los vecinos es la falta de transparencia en la información proporcionada por la empresa. “Nos dijeron que era poda, cáscara de naranja, pasto… Nunca nos hablaron de subproductos de frigoríficos ni de efluentes de OSE. Cuando descubrimos eso, todo cambió”, afirmó.
Una amenaza social y productiva
La preocupación no se limita al riesgo ambiental. Richard detalló que en un radio de un kilómetro viven más de 150 personas, muchas de ellas trabajando en pequeñas chacras, y que se verían gravemente afectadas por olores, presencia de aves , moscas y roedores. “Estamos hablando de 100 toneladas por día. Es mucha basura orgánica, en una zona donde hay producción y gente viviendo todo el año”.
Además, recordó que si bien el Ministerio de Ambiente tiene competencia sobre el estudio de impacto ambiental, la Intendencia tiene la potestad de aprobar o rechazar la instalación en el territorio departamental. “Por más que el Ministerio lo apruebe, la Intendencia tiene la última palabra”, subrayó.
Defensa del territorio y pedido de blindaje legal
A lo largo del proceso, los vecinos han presentado observaciones de forma individual, pero la reunión de este miércoles buscó sumar fuerza con una recolección masiva de firmas que serán elevadas junto al informe técnico al Ministerio. El plazo para presentar los descargos vence el próximo 25 de septiembre.
Olaizola, al cierre de la jornada, insistió en que esta victoria debe consolidarse en leyes que protejan a la comunidad a largo plazo. “Sería importante que, con la presencia de diputados, ediles y fuerzas vivas de la comunidad, podamos legislar para dejar claro que en esta zona no puede instalarse una planta”, sostuvo.
Mientras tanto, el movimiento vecinal continuará activo. “Este sería el último paso, pero vamos a seguir atentos”, expresó Richard. Y concluyó: “Los vecinos concordamos en que hay que encontrar una solución al tema de los residuos, pero no a costa de arriesgar el agua, la salud y el trabajo de toda una comunidad”.
