Cinco familias reclaman diálogo y soluciones por realojo y que se contemple sus fuentes laborales; desde la Intendencia aseguran que “la enorme mayoría” aceptó las nuevas viviendas
Un grupo de vecinos del barrio La Amarilla manifestó públicamente su preocupación ante el inminente proceso de realojo previsto para los vecinos de la zona de Rambla Ceibal, próxima a la cañada y al puente del barrio.
A través de un correo enviado a diario EL PUEBLO, residentes afectados plantearon su incertidumbre frente a la posibilidad de abandonar viviendas en las que aseguran haber invertido durante años, mientras que desde la Intendencia de Salto se sostiene que el proyecto forma parte de un amplio plan de regularización y mejora habitacional impulsado junto al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
Según explicó Juan Lafuente, uno de los vecinos involucrados, actualmente son cinco las familias directamente afectadas por las órdenes de realojo. Señaló que muchas de ellas llevan entre cinco y once años viviendo en el lugar y afirman haber ocupado los terrenos con conocimiento y autorización de autoridades de la administración departamental anterior.
Lafuente indicó además que el problema involucra a decenas de residentes del barrio, aunque el reclamo puntual corresponde hoy a cinco hogares.
Inversión en ahorros y trabajo
Los vecinos sostienen que durante años realizaron importantes mejoras en sus viviendas y en el entorno de la zona. En el caso de Lafuente, aseguró haber invertido más de 40 mil dólares en la construcción y acondicionamiento de su hogar.
Además, explicó que en su vivienda residen seis personas y que recién hace aproximadamente un mes tomaron conocimiento formal sobre el posible desalojo y traslado. Según afirmó, una de las principales preocupaciones tiene que ver con la continuidad de sus actividades laborales.
En particular, señaló que la propuesta de vivienda alternativa no le permitiría mantener el almacén familiar que actualmente constituye la principal fuente de ingresos del núcleo familiar.
Los vecinos reclaman instancias de diálogo con las autoridades departamentales y solicitan que representantes del gobierno concurran al barrio para conocer personalmente la situación. Asimismo, aseguran contar con documentación y fotografías que respaldan el proceso de transformación y mejora realizado en el lugar durante los últimos años.
«La enorme mayoría” aceptó las nuevas viviendas
Frente a los cuestionamientos planteados por algunos residentes, la directora de vivienda de la comuna, María Eugenia Almirón, defendió el proceso de realojo impulsado en el marco del plan de regularización del asentamiento La Amarilla y afirmó que la mayoría de las familias beneficiarias aceptó el traslado.
“Simplemente nosotros lo que hicimos fue solicitarles que firmaran el consentimiento del realojo, que es una documentación que obviamente emite el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial”, explicó.
La jerarca recordó que el convenio fue firmado en el año 2022 entre el Ministerio y la Intendencia de Salto con el objetivo de avanzar en la regularización del asentamiento y mejorar las condiciones habitacionales de las familias de la zona.
Según indicó, el proyecto contempla la construcción de 93 soluciones habitacionales nuevas, ubicadas frente al Vispo Mari y también sobre calle Gaboto y avenida Concordia.
“Son casas de primera y con todos los servicios”
Almirón sostuvo que las primeras familias convocadas al realojo son aquellas que actualmente ocupan construcciones precarias en zonas inundables de Rambla Ceibal.
“De esas primariamente 83 familias, firmaron todos los consentimientos, todos están firmando la posibilidad de irse a esas casas nuevas, con todos los servicios que van a tener”, afirmó.
La directora destacó además que el nuevo complejo habitacional contará con infraestructura comunitaria y servicios básicos completos.
“Tienen el diseño de una plaza en el medio, tienen un salón comunal espectacular, son casas de primera, de material, que tienen todos los servicios y que van a estar en muchísimas mejores condiciones de las que tienen ahora”, expresó.
La jerarca insistió en que el foco del proyecto está puesto en la mejora de la calidad de vida de las familias beneficiarias y en el impacto urbano y ambiental positivo para la zona.
“Nosotros en realidad lo queremos hablar sobre la positividad que esto genera”, señaló.
Una inversión millonaria y definición pendiente
Durante sus declaraciones, Almirón también remarcó la magnitud económica del proyecto habitacional.
“Esa inversión de esas 93 casas al gobierno nacional anterior le costó 9.300.000 dólares. Es una inversión que el Uruguay entero, todos nosotros los salteños y todos los uruguayos, hemos hecho para beneficiar a determinadas personas”, indicó.
Finalmente, confirmó que aún existen algunas familias asesoradas profesionalmente que no han definido si aceptarán o no el traslado.
“Estamos esperando que estas personas que tienen un patrocinio profesional nos den una respuesta en cuanto a cuál decisión van a tomar”, sostuvo.
Agregó que las futuras acciones dependerán de la resolución que adopten las familias y de las actuaciones jurídicas correspondientes por parte de la Intendencia de Salto.
