El nuevo acuerdo comercial entre Uruguay y la Unión Europea abre oportunidades de crecimiento, empleo y reducción de pobreza, con foco en equidad social.
Juan Pablo Rocca Selgas
Edil Partido Socialista –
Frente Amplio
El reciente intercambio comercial entre Uruguay y la Unión Europea, el primero bajo el marco del nuevo Tratado de Libre Comercio, no es simplemente un trámite aduanero; es un hito que redefine las posibilidades de desarrollo para nuestra nación. Bajo la gestión del gobierno de Yamandú Orsi, este paso posiciona al país en un escenario global de mayor competitividad, pero, sobre todo, ofrece herramientas concretas para saldar deudas internas históricas.
Según proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los efectos de este acuerdo a diez años vista son contundentes. No hablamos de meras expectativas, sino de una hoja de ruta hacia el bienestar:
• Un incremento del 1,9% en el Producto Interno Bruto (PIB).
• Un crecimiento adicional proyectado del 2,5%.
• Una reducción de la tasa de desempleo en 2 puntos porcentuales.
• Y el dato más esperanzador: una caída del 8,4% en los niveles de pobreza.
Estas cifras son el respaldo necesario para enfrentar los desafíos sociales que aún nos mantienen en alerta. La necesidad de una presencia estatal robusta es imperiosa, especialmente para erradicar la pobreza infantil, una herida que requiere soluciones estructurales y no solo paliativas.
Esto lo ponemos en el contexto de que el cierre del año 2025 dejó señales claras de dinamismo. Con una tasa de empleo del 60%, un desempleo situado en el 7,0% y la creación de 26.000 nuevos puestos de trabajo, el rumbo parece consolidado. Sin embargo, el análisis fino revela dónde deben estar las prioridades.
Resulta histórico y celebrable que el 75% de los nuevos empleos creados en 2025 hayan sido ocupados por mujeres, alcanzando la tasa de empleo femenino más alta de nuestra historia. No obstante, la realidad nos impide caer en la complacencia: la brecha de empleo entre géneros persiste en 16 puntos y la brecha salarial ronda el 21%. El nudo crítico de nuestra sociedad tiene rostro de mujer y de niño. El 70% de los hogares pobres tiene jefatura femenina, en su gran mayoría con menores a cargo. Aquí es donde el crecimiento económico debe transformarse en justicia social.
La respuesta de este gobierno se cimenta en una premisa histórica: ampliar derechos con las herramientas del presente. El acuerdo con la Unión Europea no debe verse como un fin en sí mismo, sino como el combustible para una política de Estado que ponga el foco en la equidad.
El crecimiento económico solo tiene sentido si se traduce en una mejora tangible para la población.
