El gobierno planea un nuevo bono verde en 2027 para atraer inversores y avanzar en la desdolarización de la deuda.
¿Qué son los bonos verdes y realmente son eficaces?
Los bonos verdes —también llamados bonos sostenibles o vinculados a la sostenibilidad— son instrumentos de deuda emitidos por gobiernos o empresas para financiar proyectos con impacto ambiental positivo. A diferencia de un bono tradicional, estos títulos incorporan compromisos específicos en materia climática o ambiental: si el emisor cumple determinadas metas, mantiene ciertas condiciones financieras; si no lo hace, puede enfrentar penalidades, como un aumento en la tasa de interés.
En términos prácticos, funcionan como cualquier otro bono —el inversor presta dinero y recibe intereses—, pero están atados a indicadores ambientales medibles, como reducción de emisiones o preservación de ecosistemas.
¿Son eficaces? Depende del diseño. Cuando incluyen indicadores claros, verificables y con consecuencias financieras reales, pueden convertirse en una poderosa herramienta de política pública: alinean el costo del financiamiento con el desempeño ambiental del país. Si las metas son poco exigentes o difíciles de monitorear, su impacto puede diluirse.
Uruguay y su experiencia pionera
En octubre de 2022, Uruguay emitió su primer bono indexado a indicadores climáticos: el Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático (BIICC), con vencimiento en 2034. El instrumento colocó 1.500 millones de dólares y convirtió al país en pionero en América Latina en este tipo de emisiones soberanas.
El bono fijó dos grandes metas (KPIs):
- Reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
- Conservación del área de bosque nativo.
Según los últimos datos oficiales, Uruguay logró:
- Mantener el área de bosque nativo respecto a 2012 (datos disponibles hasta 2021).
- Reducir un 46% las emisiones de GEI en comparación con 1990.
Sin embargo, el esquema incluye penalidades. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, advirtió que, si el país incumple metas futuras, podría pagar hasta 42 millones de dólares adicionales a partir de 2027, a razón de unos 6 millones anuales.
Es decir, el bono no es solo una declaración simbólica: tiene consecuencias financieras concretas.
Un nuevo bono verde en 2027
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, adelantó que el gobierno planea emitir un nuevo bono verde en 2027. “Para los inversores en Europa, esto sigue siendo algo importante”, señaló, en referencia a la fuerte demanda que este tipo de activos mantiene en ese mercado, incluso cuando en Estados Unidos algunos sectores han reaccionado con escepticismo frente a los instrumentos ESG.
La eventual nueva emisión todavía no tiene definidos detalles como plazo o metas específicas, pero se inscribe en una estrategia más amplia.
Bonos verdes y desdolarización: una estrategia financiera
El nuevo instrumento también se vincula con la política de desdolarización de la deuda. Uruguay busca que aproximadamente la mitad de su financiamiento se emita en moneda nacional.
Emitir en pesos puede ser más costoso que hacerlo en dólares, pero reduce riesgos cambiarios y protege al país frente a shocks externos. En 2025, el 40% de la deuda internacional se colocó en moneda local, el nivel más alto de la historia reciente.
Para 2026, el objetivo es captar unos 6.000 millones de dólares en financiamiento, principalmente mediante emisiones de deuda. Un nuevo bono verde podría combinar ambos objetivos: sostenibilidad y fortalecimiento del mercado en moneda nacional.
¿En qué benefician a un país como Uruguay?
Para una economía pequeña, abierta y dependiente de los mercados internacionales, los bonos verdes pueden aportar varias ventajas estratégicas:
1. Acceso a una base de inversores más amplia
Muchos fondos europeos y multilaterales priorizan activos sostenibles. Esto puede traducirse en mayor demanda y, potencialmente, mejores condiciones financieras.
2. Reputación internacional
Uruguay ha construido una imagen de estabilidad institucional y liderazgo en energías renovables. Un bono verde refuerza esa narrativa y consolida su posicionamiento como país comprometido con la transición energética.
3. Disciplina de política pública
Al vincular el costo de la deuda a metas ambientales, el Estado se autoimpone incentivos económicos para sostener políticas climáticas consistentes.
4. Diversificación del riesgo
En combinación con la desdolarización, permite reducir vulnerabilidades ante crisis cambiarias o financieras externas.
¿Existen riesgos?
Sí. Entre los principales:
- Riesgo de incumplimiento: si las metas no se alcanzan, el país paga más.
- Dependencia de factores externos: eventos climáticos extremos, cambios productivos o shocks internacionales pueden afectar los indicadores.
- Mayor costo inicial: emitir en pesos o con condiciones vinculadas a sostenibilidad puede resultar más caro que una emisión tradicional.
¿Son realmente eficaces?
En el caso uruguayo, el instrumento parece más que una estrategia de marketing financiero. El diseño del BIICC incorpora incentivos reales y metas exigentes. Además, el país parte de una matriz energética ya altamente renovable, lo que fortalece su credibilidad.
La eficacia, en definitiva, se medirá en dos planos:
- Ambiental: si efectivamente consolida reducciones de emisiones y preservación de ecosistemas.
- Financiero: si amplía el acceso a capital y reduce vulnerabilidades estructurales.
Para Uruguay, los bonos verdes no son solo una herramienta climática: son parte de una estrategia integral de posicionamiento internacional, gestión de riesgos y consolidación de su modelo de desarrollo sostenible.
