La Intendencia envió a la Junta Departamental un proyecto de Decreto para modificar el Plan Local de Ordenamiento Territorial de Salto (PLOTS). La propuesta surge de pedidos realizados al ex-Intendente Lima por desarrollistas inmobiliarios que pretenden construir barrios privados bajo el régimen de las Unidades de Propiedad Horizontal (UPH). Para armar el proyecto contrató al Estudio Lecuna y asociadas, quienes se definen como “Arquitectas expertas en urbanismo, ordenamiento territorial, paisajismo y estudios ambientales”.
En 35 días, entre noviembre y diciembre de 2023, se cumplieron las dos instancias formales y obligatorias de participación pública, la puesta de manifiesto (por el mínimo tiempo legal) y la audiencia pública. A pesar que la ley n°18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (LOTDS) define la participación como uno de los principios rectores del ordenamiento territorial, ni la Intendencia ni Lecuna y asociadas publicaron los planteos realizados ni las respuestas o al menos comentarios.
Aquella urgencia, se repite a 40 días del cambio de Gobierno y luego de perder las elecciones, ¿Qué razón o razones existen para modificar el PLOTS cuando está terminando la gestión del actual gobierno departamental? ¿Por qué se envía a la Junta Departamental ahora? ¿No era más prudente esperar que el próximo Intendente resuelva? ¿Para qué innovar en esas circunstancias? Este hecho de por sí levanta, sin ninguna necesidad, sospechas sobre a quién o quiénes se busca beneficiar.
Estos aspectos se suman a otros que también llaman la atención.
La escala
La propuesta aumenta 454 hectáreas (un 13%) el área de Salto. Es casi como si Montevideo incorporara de un día para otro una extensión equivalente a toda la superficie construida al sur del eje 8 de Octubre – Camino Carrasco en régimen de countries.
La ciudad de Salto tiene sin urbanizar más de un tercio de la superficie de suelo categorizado como urbano, sin contar la gran cantidad de terrenos baldíos o sin uso, incluso en el centro. Además, el muy poco crecimiento de la población registrada por el Censo 2023 no amerita ninguna ampliación de la mancha urbana.
Existenya 228 ha autorizadas para la instalación de UPH (barrios cerrados) con destino residencial turístico por el Plan de Termas de Daymán de 2012 que no ha sido desarrollado por falta de interés.
La voluntad de ampliar el suelo urbano disponible, hace pensar en un negocio de especulación inmobiliaria asociado al aumento del precio del suelo por cambio de categoría (de rural a urbano) que favorece a algunos propietarios.
Arroyo San Antonio
La zona es mayormente cuenca del arroyo San Antonio, una zona de alta vulnerabilidad ambiental que podría padecer impactos ambientales irreversibles.
A las actuales condiciones, con uso intensivo de producción primaria y la existencia del vertedero a cielo abierto se le suman la posibilidad de construir o modificar los terrenos en zonas inundables eliminando monte nativo de gran valor ecológico; el aumento de la carga de contaminación microbiológica (pocos metros aguas arriba de la toma de agua de OSE); aumento de la erosión y sedimentación de la cuenca y alteraciones en las aguas subterráneas del sistema acuífero Salto-Arapey indisolublemente conectado con el Arroyo.
A pesar de la previsible pérdida de servicios ecosistémicos, no se proponen medidas de mitigación, de recuperación del patrimonio natural ni mucho menos de mejora de las actuales condiciones.
La dimensión política partidaria
La propuesta, planteada desde la Intendencia del Frente Amplio se opone a las Bases Programáticas que ese partido propuso a la ciudadanía hace pocos meses “Se deberá evitar la construcción de barrios o enclaves cerrados. Para ello, es imprescindible integrar a las personas excluidas del espacio público y del derecho a la ciudad (se deberá cambiar la lógica de intervención en los asentamientos) y evitar en la aplicación de las políticas públicas, la autoexclusión en enclaves cerrados (barrios privados o cualquier eufemismo), para los que la planificación deberá establecer formas de integración al espacio democrático, integración a la ciudad de todos y todas”.
También contradice el programa de Gobierno con que el Frente Amplio ganó las elecciones departamentales de 2020: “Ciudad Inclusiva: El bienestar de las personas será el centro de la acción política, se fomentarán todas las formas de integración y heterogeneidad social, restringiendo las modalidades excluyentes como barrios privados y cerrados, y otras formas de inversión especulativa en lugares de especial valor inmobiliario”.
Si bien estas contradicciones tendrán que aclararlas en la fuerza política refuerzan la idea que se trata de una carencia de identidad ideológica que incluso llegaría desde una perspectiva marxista a reflejar una falta de conciencia de clase.
Debilidad argumental
Desde la Intendencia se ha respaldado esta propuesta con dos pseudo-argumentos:
Primero, la posibilidad de construir “viviendas sociales y cooperativas” en una zona que no cuenta ni siquiera con los mínimos servicios urbanos que requiere una familia (escuela, liceo, atención de la salud, etc.). La apariencia del argumento se desvanece tan pronto se considere que la premisa es falsa: no hay servicios; por ende, no se pueden construir viviendas sociales o cooperativas, pues sin los primeros no tienen sentido racional estas últimas.
Segundo, por los puestos de trabajo, que según las consultoras y la propia administración “se podrán estimar en cientos si los proyectos se viabilizan en simultáneo durante los próximos años” (foja 173 del expediente 2022-51537). Parte de la base que la modificación del PLOTS viabilizaría la concreción de proyectos inmobiliarios para concluir que éstos generarían cientos de puestos de trabajo. De una premisa cierta (modificación del Plan) se extraen consecuencias puramente conjeturales, convirtiendo el argumento en una mera suposición.
Los únicos trabajos de calidad son durante la construcción, que no son permanentes y son igual cantidad que si la obra se hiciera en otro lugar de la ciudad. Los demás trabajos (serenos, jardineros, mucamas, etc.) son de muy baja remuneración y Salto requiere empleo de calidad. Según el INE, 18,8% de los salteños están bajo la línea de pobreza en la medición por el ingreso y 34,0% medida desde lo multidimensional.
Nada dicen del desafío que implica para Salto financiar los servicios urbanos necesarios para el funcionamiento de esta área, que aunque la inversión inicial sea privada, el mantenimiento será de cargo público. Quedará menos dinero para atender otros problemas, como asentamientos, espacio público o financiar cartera de tierras.
Errores conceptuales
Sorprende que actores públicos digan que un barrio privado es lo mismo que un conjunto de viviendas agrupadas dentro de la ciudad porque son privados y están cerrados. Se olvidan que funcionan articuladas con el resto de la ciudad a través de sus espacios públicos, sus calles, sus servicios, son parte de ella y conviven sinérgicamente, sin perjuicio de lo que circunstancialmente los haya llevado a cerrar su perímetro. Sin embargo, los barrios privados funcionan como una ciudadela (nombre dado en Ecuador) confinados con sus propias lógicas, como un apéndice de la estructura urbana que usa los recursos sin ser parte; autoexcluidos, pero favorecidos por lo que la ciudad genera o los beneficios ambientales que gozan en exclusividad.
Preocupa que se exprese con total liviandad que es lo mismo un conjunto de viviendas construidopor el sistema cooperativo (incluso con imprescindibles subsidios para afrontar la cuota) que un barrio cerrado, country o como se los quiera llamar. Cuando lo afirma una autoridad de Gobierno demuestra no captar lo que implica la vivienda como parte de la construcción del hábitat.Es no entender nada. Los protagonistas del sistema cooperativo de viviendas deberían rechazar públicamente estas expresiones y combatirlas con argumentos en defensa de sus principios.
En la construcción del hábitat no es válida la expresión “y si tienen plata pueden hacerlo”. Es una de las razones de la función social de la propiedad del suelo, que genera derechos pero también deberes para con el resto de la sociedad; concepto muy discutido pero consolidado durante el trámite parlamentario de la LOTDS.
Hay un claro error de concepción sobre el ámbito en que opera: se piensa que al ser viviendas en un barrio privado es un tema de Derecho Privado, basado en el principio de libertad, de que se puede hacer todo lo que no está prohibido. En realidad se está en presencia de la modificación del PLOTS, regido por la ley 18.308, que establece imperativamenteel marco regulador para el ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible, declarado de interés general, en el que los instrumentos de ordenamiento territorial son de orden público y se establece además que “el ordenamiento territorial es cometido esencial del Estado y sus disposiciones son de orden público”. En pocas palabras, está en juego el interés general, no el de los particulares. No es un asunto de los privados, son disposiciones de orden público basadas en el interés general de la sociedad.
A modo de cierre
Salto se enfrenta a una encrucijada que afectará su estructura territorial y social al permitir desarrollar este tipo de proyectos. Las señales contrarían lo establecido en el art. 3 de la LOTDS que establece que el Ordenamiento territorial debe abocarse a “mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales”.
La modificación del plan no demuestra que un importante incremento del área urbana de la Ciudad de Salto (sin agotar el suelo urbano disponible existente) garantice un uso racional del suelo urbano y mantengalos equilibrios ambientales, sociales y económicos.
La historia del urbanismo occidental es la historia del conflicto entre políticas públicas y la propiedad privada del suelo. Está claro que los barrios cerrados, que fomentan la segregación socio-territorial beneficiando solo a unos pocos privilegiados, no pueden ser parte de la política pública. Seguramente esta insistencia se explique en la estrategia de lobbies de propietarios de suelo que han traccionado para manipular una política pública a su medida.
Arq. Osvaldo Sabaño y Arq. Rogelio Texeira. Los autores son docentes del Departamento de Arquitectura e integran el Grupo de Estudios Territoriales en el Cenur-LN de la UdelaR
Salto, 31/mayo/2025
