El 17 de agosto de 2025 el semanario Qué pasa de El País de Uruguay publicó una investigación que dejó sin aliento a la comunidad católica del Río de la Plata. Bajo el título “Los crímenes del padre Juanjo: excura uruguayo escondido en Salto tras denuncia por abuso a 30 niños en Bolivia”, el diario encontró en el barrio Palomar de Salto a Juan José Sant’Anna, un ex sacerdote que huyó de Bolivia en 2007 tras ser denunciado por abusar sexualmente de una treintena de adolescentes. Durante 17 años nadie lo detuvo y él se convirtió en una sombra.
Cómo llegó a Salto un presbítero boliviano
Juan José Sant’Anna comenzó su formación religiosa en 1989 como aspirante de la congregación salesiana en Uruguay, pero sus superiores lo describían como extremadamente tímido y con “dificultades para la vida en comunidad”. Durante las prácticas en los colegios Maturana y Don Bosco se acercaba demasiado a algunos alumnos: ex compañeros cuentan que elegía “sus favoritos”, jugaba al fútbol con ellos, los invitaba a ver películas en un salón del colegio y a veces los acompañaba a sus casas, incluso esperaba que se bañaran o cambiaran de ropa. Nada de aquello fue documentado en los archivos salesianos, pero muchos de quienes estudiaron con él lo recordaron luego de los escándalos en Bolivia.
En 1999 Sant’Anna dejó los salesianos y, tiempo después, fue ordenado sacerdote secular en Bolivia. Según El País, en 2005 llegó al internado Ángel Gelmi, en la provincia de Tapacarí, donde dirigía el ala masculina de la residencia. La zona es rural y pobre; la gente lo llamaba “padrecito” y lo veía tomar mate acompañado de un grupo de chicos.
Las acusaciones en Bolivia
La investigación de El País reconstruye las denuncias presentadas en octubre de 2007. Un informe del diario boliviano Opinión de mayo de 2008 sostuvo que el sacerdote invitaba a niños de entre seis y 18 años a ver vídeos en su habitación, cerraba la puerta con llave y luego los sometía a distintos abusos sexuales, desde tocamientos hasta penetración. Ese mismo año el juzgado de Quillacollo declaró a Sant’Anna “rebelde” por no presentarse ante la Justicia y autorizó a Interpol su captura.
La investigación de El País muestra que la reacción de la Iglesia fue lenta: pasaron más de 20 días desde que una religiosa denunció el hecho hasta que la Policía y la Fiscalía fueron notificadas. Durante ese tiempo Sant’Anna desapareció. El arzobispo de Cochabamba, monseñor Tito Solari, comunicó públicamente que un sacerdote había cometido abusos y prometió colaborar con la justicia, pero la orden de aprehensión llegó tarde y nunca se ejecutó. La fiscalía boliviana responsabilizó a la Iglesia por el manejo hermético de la denuncia, mientras que representantes eclesiásticos culparon a la fiscal por haber ido a Tapacarí con un “séquito” de policías y periodistas, lo que habría atemorizado a las familias y evitado que declararan.
Un fugitivo que nunca se escondió del todo
El reportaje detalla cómo, tras huir de Bolivia, Sant’Anna regresó a Salto y se refugió en la casa de sus padres. A pesar de que Interpol localizó al ex sacerdote en 2008, nunca fue detenido, en parte por la falta de recursos para que policías bolivianos viajaran a Uruguay. En 2010 el periodista Diego Guillermo Fernández, del diario uruguayo La República, logró hablar con él; Sant’Anna admitió que las acusaciones eran ciertas y dijo: “Son ciertas. Es lo que te puedo decir…; sabés una cosa, estoy muerto”. En 2023 el periodista boliviano Erick Ortega también lo entrevistó y el excura se declaró “recontra arrepentido” pero no pidió perdón a las víctimas.
Cuando la periodista Mariangel Solomita de El País lo encontró en 2025, Sant’Anna apenas abría la puerta. “Preferiría no decir nada. Y con todo el tiempo que ya pasó, con más razón todavía”, respondió. El hombre —ahora de poco más de cincuenta años— pasa los días encerrado, sale solo a caminar una vuelta a la manzana y no mantiene contacto con la comunidad. Muchos vecinos de Salto desconocen su historia.
¿Por qué nunca fue juzgado?
A pesar de que la orden de captura se emitió en 2008, El País constató que Sant’Anna no figura hoy en la base de datos de Interpol y que el Ministerio del Interior uruguayo reserva toda la información vinculada al caso por 15 años más. Tampoco se conoce una solicitud formal de extradición. La investigación destaca que la Congregación para la Doctrina de la Fe decretó su expulsión del sacerdocio recién en 2011, y que Sant’Anna firmó la renuncia y volvió a su encierro.
La abogada boliviana Zulma Bonifacio Zeballos, del colectivo Mujeres de Fuego, rastreó el expediente y cree que es posible pedir el desarchivo del caso. Además, juristas uruguayos señalan que el artículo 10 del Código Penal de Uruguay habilitaría a juzgar en Uruguay a un ciudadano acusado en el extranjero cuando su delito también está tipificado en la legislación nacional y no existe pedido de extradición. Sin embargo, advierten que no sería un proceso sencillo.
Contexto de abusos eclesiales en Bolivia
El trabajo de El País se enmarca en un momento de creciente debate en Bolivia sobre los delitos sexuales cometidos por clérigos. La abogada Ana Paola García, directora de la ONG Casa de la Mujer, explicó a la periodista que Bolivia registra unos 30 casos de abuso sexual al día, el 80 % de las víctimas son menores y existe una “impunidad cultural” que protege a los agresores religiosos. Las comunidades rurales tienden a callar los abusos, especialmente cuando las víctimas son varones.
Importancia de la investigación
La reconstrucción de El País reúne testimonios de ex compañeros, ex alumnos, sacerdotes y abogados para explicar cómo un joven tímido se transformó en un predador denunciado por tres decenas de menores. El reportaje destaca las fallas institucionales —desde la tardanza de la Iglesia hasta la ausencia de cooperación policial— y al mismo tiempo ofrece una grieta de esperanza: el caso podría reabrirse y, quizá, juzgarse en Uruguay
Fuente e investigación completa en: elpais.com.uy
