A un año de gestión, el gobierno de Carlos Albisu defiende el ordenamiento financiero, mientras la oposición cuestiona la falta de resultados visibles.
Entre la promesa del cambio, la pesada herencia y las críticas por la falta de resultados
La primera experiencia de la Coalición Republicana en el gobierno departamental abrió una nueva etapa política en Salto, marcada por el discurso de reconstrucción financiera, anuncios de obras y una oposición que cuestiona la ausencia de transformaciones visibles
A un año de la llegada del Dr. Carlos Albisu a la Intendencia de Salto, el balance de su gestión se instala como uno de los principales temas de debate político en el departamento. Su triunfo en 2025 no fue uno más: representó el desembarco de la Coalición Republicana en el gobierno departamental salteño y, al mismo tiempo, el fin de una década de administraciones frenteamplistas. La expectativa era alta, tanto por el carácter histórico de la alternancia como por la promesa de un “cambio” en la forma de administrar, ordenar las cuentas y encarar obras largamente reclamadas.
Desde el oficialismo, el primer año de Albisu es presentado como una etapa de reorganización, saneamiento financiero y puesta en marcha de proyectos estructurales. El argumento central del gobierno departamental es que la administración asumió en un contexto complejo, con dificultades económicas, compromisos financieros pesados y una estructura municipal que exigía decisiones urgentes antes de poder desplegar un plan de obras de mayor alcance. Bajo esa lógica, se sostiene que estos primeros doce meses fueron de “acomodar la casa”, construir mayorías políticas, asegurar herramientas de financiamiento y sentar las bases para una segunda etapa de gestión con resultados más tangibles para la ciudadanía.
Pero del otro lado, la oposición –principalmente el Frente Amplio– cuestiona con dureza ese relato. Señala que, más allá de los anuncios, no hay hasta ahora una transformación visible de la realidad departamental, ni en obras, ni en servicios, ni en empleo, ni en la recuperación de la confianza institucional. Para sus dirigentes, el gobierno de Albisu ha hecho un uso político del argumento de la “herencia recibida” para justificar demoras, falta de ejecución y decisiones polémicas, mientras concentra sus energías en la construcción de poder, en la obtención de respaldo para endeudarse y en una estrategia comunicacional que, a juicio de la oposición, ha estado por encima de la gestión concreta.
En ese cruce de visiones se juega hoy la evaluación del primer año de gobierno. Para unos, fue el tiempo inevitable de ordenar un departamento golpeado y preparar las condiciones para empezar a transformar. Para otros, fue un año perdido, con más titulares que resultados, más marketing que obras y más relato que soluciones. Lo cierto es que el primer aniversario de la administración Albisu encuentra a Salto en una discusión de fondo: si este período inicial fue una transición necesaria hacia un nuevo rumbo o si, por el contrario, ya dejó señales de un gobierno que no ha logrado estar a la altura de las expectativas que generó.
EL OFICIALISMO: UN AÑO PARA ORDENAR, NEGOCIAR Y PREPARAR LA GESTIÓN
La defensa del gobierno departamental se apoya en una idea clara: la administración de Albisu recibió una Intendencia con fuertes restricciones financieras, compromisos acumulados y escaso margen de maniobra inmediata. Desde esa perspectiva, el primer año no podía medirse solamente por la cantidad de obras inauguradas, sino por la capacidad de estabilizar la situación institucional y económica del departamento.
En ese marco, el oficialismo destaca la aprobación del presupuesto, la búsqueda de financiamiento para obras, la conformación de un equipo de gobierno de coalición y la instalación de una nueva impronta política en la conducción de la Intendencia. También reivindica la presencia de Albisu en ámbitos nacionales, su articulación con el Congreso de Intendentes y la voluntad de posicionar a Salto en la agenda del país, buscando inversiones, apoyos y proyectos que, según aseguran, comenzarán a verse con más claridad en la segunda parte del período.
Para el entorno del intendente, este primer año fue el de la reconstrucción administrativa y financiera, el de tomar decisiones incómodas pero necesarias y el de sentar bases para que el resto del quinquenio tenga capacidad real de ejecución.
LA OPOSICIÓN: ANUNCIOS, ENDEUDAMIENTO Y POCOS RESULTADOS CONCRETOS
La mirada opositora es mucho más severa. Desde el Frente Amplio se afirma que el gobierno departamental construyó un discurso de crisis permanente para justificar su lentitud y para obtener respaldo político a decisiones clave, especialmente en materia de financiamiento y endeudamiento. Según esta visión, la administración de Albisu no ha logrado mostrar hasta ahora una agenda de transformaciones palpables en la vida cotidiana de los salteños, ni una mejora sustantiva en la gestión de los servicios públicos departamentales.
La oposición cuestiona, además, la forma en que se construyeron acuerdos en la Junta Departamental, el tono confrontativo con el pasado reciente y la tendencia del oficialismo a presentar como grandes hitos anuncios que todavía no se traducen en obras terminadas o beneficios concretos para la población. Para los críticos, el gobierno ha privilegiado la comunicación y la instalación de un relato político antes que la resolución efectiva de los problemas de Salto.
Desde ese lugar, el balance del primer año no es el de una administración en transición, sino el de un gobierno que ya tuvo tiempo suficiente para mostrar un rumbo más claro y resultados más visibles.
EL VERDADERO EXAMEN: LO QUE VENGA A PARTIR DE AHORA
Más allá de la disputa política, el primer año de Albisu deja planteada una pregunta central: si el tiempo de ordenar y diagnosticar ya terminó, ¿comienza ahora el tiempo de ejecutar y mostrar resultados? Ese será, probablemente, el eje de la discusión en los próximos meses.
El oficialismo apuesta a que las obras proyectadas, el presupuesto aprobado y las herramientas financieras conseguidas permitan cambiar la percepción pública de la gestión. La oposición, en cambio, buscará demostrar que el primer año ya anticipa las limitaciones de un gobierno que prometió mucho más de lo que ha podido concretar.
En definitiva, el primer aniversario de la administración de Carlos Albisu no ofrece una lectura única. Es, más bien, el punto de partida de una disputa por el relato y por la evaluación de una experiencia inédita para el departamento: la de la Coalición Republicana gobernando Salto. Una experiencia que todavía está en desarrollo, pero que ya dejó al descubierto tanto las expectativas que generó como las tensiones, dificultades y cuestionamientos que atraviesan su primer tramo.
Carlos Albisu – Intendente Departamental de Salto:
«Queremos que cada año nuestro equivalga a tres años de otro gobierno»
A casi un año de asumir, el intendente realizó un amplio balance de gestión, repasó la situación encontrada al llegar a la Intendencia, defendió el plan de recuperación de infraestructura, habló de inversiones, anunció ajustes en el gabinete y reiteró que el objetivo es entregar en 2030 «un departamento mucho mejor del que recibimos».
A pocos días de cumplirse el primer año de la actual administración departamental, el intendente Carlos Albisu realizó un extenso balance de gestión, repasando las principales acciones desarrolladas desde julio del año pasado y los desafíos que aún enfrenta el gobierno departamental.
El jefe comunal sostuvo que el comienzo fue mucho más complejo de lo esperado debido a la falta de una transición ordenada y a la situación económica en que, según afirmó, recibió la Intendencia.
«LA TRANSICIÓN LA TERMINAMOS HACIENDO MIENTRAS GOBERNÁBAMOS»
Albisu recordó que al asumir esperaba recibir información detallada sobre el funcionamiento de la administración, pero eso no ocurrió.
«Cuando asumimos hace once meses lo normal hubiera sido tener una transición con todos los datos por parte del gobierno que se iba, pero hubo una ausencia total de eso. Tan así que la transición la terminamos haciendo prácticamente ya gobernando, durante los primeros tres meses.»
El intendente sostuvo que los problemas comenzaron apenas veinte días después de asumir.
«A veces la memoria es frágil porque pasan muchas cosas en poco tiempo, pero nosotros a los veinte días tuvimos que salir corriendo porque había una cuenta cercana a los 300 millones de pesos con el Banco República que debía haberse cancelado antes del cambio de gobierno. Si esa garantía se ejecutaba, los funcionarios de la Intendencia no cobraban sus salarios.»
Explicó que fue necesario realizar gestiones urgentes con distintas instituciones para evitar esa situación.
«Hubo que trabajar con el Banco República, la Junta Departamental y el Tribunal de Cuentas para poder resolver ese problema y garantizar el funcionamiento de la Intendencia.»
A ello sumó el estado del parque automotor y de los servicios municipales.
«Encontramos mucha maquinaria rota, camiones recolectores fuera de servicio y una Intendencia prácticamente sin recursos. Todo eso hizo muy difícil comenzar a trabajar.»
«EL DÉFICIT MÁS GRANDE SON LAS CALLES, LA BASURA Y LA ILUMINACIÓN»
Albisu afirmó que más allá de los números, la principal deuda que heredó el departamento es la infraestructura.
«Uno habla muchas veces de deuda y de plata, pero el déficit más grande que hoy tiene Salto son las calles, la basura, la iluminación y toda la infraestructura básica.»
En ese sentido destacó la aprobación del fideicomiso, cuyos recursos comenzarán a ejecutarse durante los próximos meses.
«Una parte importante será para cancelar los más de mil millones de pesos que se deben a empresas salteñas y nacionales. Queremos empezar pagando a las empresas locales porque muchas hace años que están esperando.»
La otra mitad, explicó, estará destinada a obras.
«El presupuesto que aprobamos es el más grande de la historia del departamento en infraestructura. Vamos a invertir como nunca en recuperar las calles, solucionar el problema ambiental y mejorar la iluminación.»
EL OBJETIVO: INTERVENIR TODA LA RED VIAL
El intendente aseguró que la situación de la caminería urbana es crítica.
«Tenemos unas 3.700 calles y un 52% presenta afectación severa. El otro 48% necesita mantenimiento para que no termine igual.»
Recordó que ya comenzaron distintas intervenciones.
«Ya estamos trabajando en Apolón, Rodó, Manuel Oribe, Pascual Harriague y ahora salen nuevas licitaciones para seguir avanzando. La idea es intervenir el cien por ciento de la ciudad durante este período.»
También anunció mejoras en varias avenidas y en la infraestructura vinculada al aeropuerto.
«Queremos dejar iluminadas 2.200 cuadras y además todas las nuevas avenidas. Hay compromisos que venían de hace años y que ahora queremos cumplir.»
Respecto al interior del departamento, indicó que habrá obras en caminería rural y construcción de puentes para evitar el aislamiento de varias localidades.
«VEMOS UN CLIMA POSITIVO PARA INVERTIR EN SALTO»
Albisu destacó que, paralelamente a las obras públicas, la administración trabaja para atraer inversiones privadas.
«Nosotros vemos un clima positivo de negocios en Salto. La desocupación bajó prácticamente tres puntos y, a diferencia de otros departamentos, acá no cerró ninguna empresa importante.»
Enumeró algunos proyectos ya concretados y otros que avanzan.
«Se instalaron nuevos comercios, hay inversiones hoteleras en Arapey, Solanas comienza un desarrollo importante, el frigorífico proyecta ampliar su producción y hay otros emprendimientos que todavía no podemos anunciar porque los goles se gritan cuando la pelota cruza la línea.»
LOS EVENTOS COMO MOTOR ECONÓMICO
El intendente también defendió la política de eventos impulsada por la Intendencia.
«Todo suma. El Rally, la Vuelta Ciclista, los espectáculos en Arapey, Daymán, Espacio Puerto y las plazas generan movimiento para hoteles, restaurantes y también para el pequeño vendedor.»
Recordó además el impacto económico registrado durante la Semana de Turismo.
«Según estudios de la Universidad de la República quedaron alrededor de diez millones de dólares en Salto. Eso demuestra que el turismo mueve la economía y genera oportunidades para mucha gente.»
HABRÁ AJUSTES EN EL GABINETE
Consultado sobre posibles cambios dentro del Ejecutivo departamental, Albisu confirmó que habrá algunas modificaciones.
«Van a existir algunos ajustes, algunos corrimientos y cambios puntuales, pero ningún terremoto. Son ajustes normales de cualquier equipo que quiere mejorar.»
Agregó que la intensidad de trabajo continuará siendo la misma.
«Algunos dicen que parece que lleváramos tres años de gobierno y todavía no cumplimos uno. Eso habla de la dinámica que tiene este equipo y queremos mantenerla.»
REDUCIR FUNCIONARIOS Y FORTALECER AL SECTOR PRIVADO
Otro de los objetivos planteados por el intendente es disminuir gradualmente la plantilla de funcionarios municipales.
«Cuando asumimos había unos 2.080 funcionarios. Aspiramos a cerrar este año con alrededor de quinientos menos y terminar el período por debajo de los 1.400.»
Explicó que la apuesta es fortalecer el empleo privado.
«Nosotros entendemos que el trabajo tiene que venir por las inversiones y por el sector privado. El Estado tiene un límite: o hace obras o paga sueldos, y no siempre puede hacer las dos cosas al mismo tiempo.»
Finalmente, Albisu resumió cuál es la meta que se trazó para estos cinco años de gestión.
«Tenemos que hacer que cada año nuestro equivalga a tres años de otro gobierno. Queremos llegar al 10 de julio de 2030 y entregarle al próximo intendente un departamento mucho mejor del que recibimos.»
Ramón Fonticiella – Ex Intendente de Salto
“El gobierno departamental no cumple y derrocha”
El Mtro. Ramón Fonticiella, exintendente de Salto por el Frente Amplio durante el período 2005-2010, fue una de las principales figuras políticas del departamento en las últimas décadas. Maestro de profesión y referente histórico de la izquierda salteña, ha mantenido una activa participación en el debate público, caracterizándose por una visión crítica sobre la gestión departamental y la defensa de los principios de transparencia, austeridad y justicia social. En el siguiente artículo comparte su análisis sobre el primer año de gobierno de la Coalición Republicana en Salto, exponiendo sus cuestionamientos al rumbo de la administración encabezada por el Dr. Carlos Albisu.
UNA VISIÓN ANUNCIADA DESDE LA CAMPAÑA ELECTORAL
Desde antes de las elecciones departamentales me opuse a un gobierno de Albisu; de lo contrario no habría sido candidato. Por sus antecedentes en Salto Grande, por su pensamiento político , por su estrategia para conseguir adhesiones y por la situación departamental, entendía que su administración no nos haría bien. Di razones; fundamentadas en la línea ideológica histórica del Frente Amplio, nacida de un crisol de humanismo, batllismo y marxismo, que exigen la atención prioritaria de los menos privilegiados, de respetar las diferencias individuales, de no favorecer a clases que no lo necesitan y de operar con total transparencia. Esas condiciones no las veía tampoco en las otras candidaturas que votaron en el Frente, cuya historia reciente exhibía tantas fallas como el pretendiente blanco.
Lo pensé, lo dije y traté de convencer a los votantes. Obviamente mi propuesta fue rechazada por aplastamiento. Los vientos sociales y políticos que azotan el mundo, coletean en Uruguay y es casi lógico que se lleven toda idea que se oponga al personalismo, la autocracia y el amiguismo. No por eso dejaré de reclamar un gobierno transparente, ejecutivo, legalista, austero, equitativo, trabajador, sacrificado, sincero…
EL FRENTE AMPLIO Y LOS PRINCIPIOS DE GOBIERNO
Hoy no hay en Salto un gobierno como el que pretendo. No me conforma el de Albisu y su equipo de históricos y recién llegados. Aunque “comulguemos en diferentes parroquias” (sentido figurado), podría aceptar algunos procedimientos; pero es imposible. Carlos Albisu y su gobierno de la CORE , no guardan respeto por las condiciones que enumeré líneas arriba.
CRÍTICAS A LA FALTA DE TRANSPARENCIA Y AL AUMENTO DEL GASTO
No es transparente. Toma decisiones a espaldas del pueblo, como armar una verdadera estructura partidaria con cargos de la Intendencia, costeados por el Pueblo (antes fue en CTM). Por supuesto que no se menciona, pero la siembra de referentes en los puestos departamentales, aún creando cargos para ello, habla a las claras de procurar consolidar un esquema orgánico funcional a los intereses partidarios. Los salarios que se distribuyen entre esas personas suman “toneladas” de dinero que pone la población y que obligarán a un endeudamiento único en la historia del departamento. Por lo dicho, no es una gestión austera y por tanto las promesas electorales de gastar bien y menos, se transformaron en mentiras: tampoco es sincero. No es ejecutivo: en un año ha hecho poco y nada sólido y perdurable; ha reutilizado la política demagógica de tener al pueblo entretenido, que esté transitoriamente contento, aunque siga tan jorobado como antes y caminando sobre los mismos pozos.
LAS CONTRATACIONES Y EL RESPETO A LA LEGALIDAD
No es legalista. Criticó duramente el sistema de contrataciones de Lima, pero parece que en sus manos es válido. ADEOMS ha denunciado la continuidad de los cargos monotributistas, que no son municipales, cuyo salario no figurará en el Rubro Cero, pero que igual pagaremos todos los salteños. Configura una gambeta al Estatuto del Funcionario de la Intendencia, que aunque viejo, está vigente. Es más: cabe esperar que empiecen contrataciones a “organizaciones sociales”, disfrazando la salida de dinero y (ojalá me equivoque) cumpliendo con allegados a la CORE. He oído que una altísima jerarquía del “gobierno departamental”, habría admitido que se aplican formas de evitar la ley: tiene que ser broma…
UN GOBIERNO QUE, SEGÚN FONTICIELLA, NO PRIORIZA A LA CIUDADANÍA
Me quedan serias dudas de que sea un gobierno trabajador. Si no ejecuta, si contrata “una bolsa” de cargos directivos, si en su presupuesto tiene gastos millonarios sin destino expreso, si tiene que integrar (y pagar) personas que tuvieron cargos nacionales de dudosa eficacia, que poco conocen el departamento, si tuvo que pagar por fuera un informe de miles de dólares para conocer la realidad financiera de la administración (teniendo todos los datos gratis), tengo la clara visión de que no es gobierno trabajador. Más se parece a vividor.
Entiéndanme. No he vivido setenta y ocho años en vano, de los cuales he dedicado más de sesenta a la política sin tener un solo cargo que no fuera por elección popular: alguna experiencia he logrado. Se vive un cambio de época, pero los principios son los mismos: lo bueno es bueno y lo fulero, sirve poco.
EL ENDEUDAMIENTO Y UNA ADVERTENCIA SOBRE EL FUTURO DE SALTO
Este gobierno de Salto ganó por paliza, pero no cumple con lo que prometió. Va camino a torrar una fortuna de impuestos departamentales (la mayor de la historia), transferencias constitucionales del Estado Nacional y un fideicomiso que nos endeudará por décadas…
Tenemos hoy al intendente que dispondrá de mayor cantidad de dinero desde la creación del departamento, que podrá pasar a la historia con obras faraónicas, pero que como viene, no mejorará la calidad de vida de hoy y mañana de más de cien mil personas. Los gobiernos no existen para la gloria de una persona o un partido: son ejecutores de obras, planes y ajustes económicos y sociales para quienes los votaron, aunque los gobernantes y sus referentes empobrezcan. Sé que soy romántico y que a la mayoría sólo le importa su metro cuadrado. Gran razón para no callar. Para tener concreciones depende de la época en que se viva. La presente no es de fervor patriótico o revolucionario que encienda masas defensoras del colectivo, sin pensar en el individualismo.
No quejarse cuando apriete el zapato propio. Siempre habrá tiempo de buscar un talle más cómodo…para todos.
Pienso en las decenas de miles que eligieron estar a la moda y no buscaron la horma necesaria, quizás se arrepientan del calzado (gobierno) elegido.
Seguiré diciendo como antes de las elecciones: un gobierno de Albisu (y sus allegados cercanos) no es bueno para las mayorías populares: podrá haber caridad, pero no justicia.
Pablo Williams – Coordinador de bancada CORE
A un año de gobierno, la Coalición Republicana destaca la coordinación política y el rumbo de la gestión de Albisu
El coordinador de la bancada de la Coalición Republicana en la Junta Departamental, Pablo Williams, aseguró que la articulación entre el Legislativo y el Ejecutivo ha sido clave para ordenar la administración, impulsar proyectos y generar consensos en beneficio de Salto. En el balance del primer año de gestión de Carlos Albisu, Williams defendió el trabajo conjunto entre la Junta Departamental y el Ejecutivo, destacó el ordenamiento financiero y afirmó que el departamento comienza a mostrar resultados de una planificación sostenida. Para el coordinador de bancada, la primera mitad del período permitió ordenar la casa y construir una base política para avanzar con mayor firmeza.
“EL DIÁLOGO PERMANENTE HA SIDO UNA DE LAS FORTALEZAS DE ESTA GESTIÓN”
Cuando el gobierno departamental de Carlos Albisu transita su primer año, Pablo Williams explicó que existe una relación fluida con el Intendente, el Secretario General y los directores de las distintas áreas. Esa dinámica permite que la bancada conozca con anticipación las iniciativas del Ejecutivo y pueda aportar sugerencias antes de que los proyectos lleguen formalmente a consideración de la Junta Departamental.
“Muchas veces no esperan que nosotros consultemos; son ellos quienes nos convocan para intercambiar opiniones y analizar la viabilidad política de los proyectos”, señaló.
Para Williams, ese intercambio previo ordena el trabajo legislativo y permite que los ediles lleguen mejor preparados. A su entender, coordinar no significa evitar el debate, sino generar condiciones para decidir con mayor responsabilidad.
UNA JUNTA QUE TRASCIENDE EL DEBATE POLÍTICO
El dirigente sostuvo que la Junta Departamental cumple una función mucho más amplia que la aprobación de decretos y resoluciones. Según afirmó, las comisiones se han convertido en ámbitos permanentes de intercambio con organizaciones sociales, instituciones y vecinos que acercan propuestas, reclamos o planteos vinculados a la realidad cotidiana de los barrios y del interior.
Asimismo, remarcó que uno de los principales objetivos es que la ciudadanía perciba a la Junta como una institución cercana y accesible. “La Junta no puede ser vista como un lugar lejano o reservado solo para los ediles. Tiene que ser un espacio abierto, donde cada vecino sepa que puede acercarse, plantear una inquietud y ser escuchado”, expresó.
EL RESPALDO LEGISLATIVO A LA GESTIÓN
Dentro de los asuntos más relevantes tratados durante este año, Williams ubicó la aprobación del presupuesto departamental, las autorizaciones vinculadas al financiamiento de la Intendencia y el funcionamiento presupuestal del propio Legislativo. A su entender, estas decisiones permitieron dotar al Ejecutivo de las herramientas necesarias para ejecutar su programa de gobierno.
Al mismo tiempo, recordó que continúan analizándose proyectos vinculados al transporte, al uso de espacios públicos, a exoneraciones para cooperativas y a diversas iniciativas impulsadas por los propios ediles. Williams afirmó que cada tema requiere estudio y diálogo, porque las decisiones de la Junta impactan sobre vecinos, trabajadores e instituciones.
CONSTRUIR ACUERDOS POR ENCIMA DE LAS DIFERENCIAS
Como coordinador de bancada, Williams aseguró que una parte importante de su tarea consiste en generar consensos tanto dentro de la Coalición Republicana como con la oposición. Indicó que mantiene un diálogo permanente con el coordinador del Frente Amplio y con los restantes ediles, convencido de que el respeto institucional permite alcanzar acuerdos cuando los temas son relevantes.
“Nuestro trabajo es facilitar que los proyectos importantes puedan avanzar más allá de las diferencias políticas”, expresó.
El coordinador sostuvo que la Junta es un espacio de debate y discrepancia, pero también de responsabilidad. En esa línea, remarcó que las diferencias partidarias no deben impedir el tratamiento serio de los asuntos que involucran a Salto.
ORDENAR LAS CUENTAS PARA COMENZAR A TRANSFORMAR
Consultado sobre la evaluación de la administración encabezada por Carlos Albisu, Williams sostuvo que el gobierno recibió una situación financiera compleja y que buena parte del esfuerzo inicial estuvo dirigido a reorganizar la economía de la Intendencia.
Según manifestó, la actual administración logró establecer un mayor orden en las cuentas públicas, renegociar compromisos y generar mejores condiciones para ejecutar futuras inversiones. Afirmó que ese proceso no siempre se ve de inmediato, pero resulta imprescindible para que las obras y los proyectos puedan sostenerse en el tiempo.
En esa línea, afirmó que la regularización financiera permitirá avanzar con mayor intensidad en infraestructura, caminería y recuperación urbana. También valoró el trabajo realizado en Cultura, donde destacó la recuperación de espacios emblemáticos y el impulso a nuevas actividades.
LOS DESAFÍOS DE LA SEGUNDA MITAD DEL PERÍODO
Si bien reconoció que persisten dificultades, especialmente en materia de empleo y desarrollo económico, Williams consideró que la concreción de nuevos proyectos de obra pública permitirá dinamizar la actividad local mediante la contratación de mano de obra salteña.
Asimismo, señaló que la situación de frontera continúa siendo uno de los principales condicionantes de la economía departamental y requiere respuestas coordinadas entre los distintos niveles de gobierno. Indicó que Salto no puede analizar su realidad económica de manera aislada, porque la diferencia de precios con la región incide sobre el comercio, el consumo y el empleo.
En paralelo, destacó la intención de fortalecer la descentralización, llevando el trabajo de las comisiones al interior profundo para acercar la Junta a las localidades que no cuentan con municipios. Para Williams, esa presencia territorial es clave para que las decisiones no queden concentradas únicamente en la ciudad.
“LA JUNTA TIENE LAS PUERTAS ABIERTAS”
Al cerrar la entrevista, Williams dejó un mensaje dirigido a la ciudadanía. Invitó a los salteños a acercarse a la Junta Departamental para plantear inquietudes, presentar proyectos o canalizar reclamos.
“Nuestro compromiso es escuchar, trabajar y generar los vínculos necesarios para que las soluciones lleguen. La Junta es la casa de todos los salteños y queremos que cada vecino sienta que puede acercarse para ser escuchado”, concluyó.
Con la mirada puesta en la segunda mitad del período, Williams entiende que el primer año estuvo marcado por el ordenamiento administrativo y la construcción de consensos. Ahora, sostiene, el desafío será transformar esa planificación en obras, empleo y mejoras concretas para la calidad de vida de los salteños.
Mario Furtado – Coordinador Bancada Frente Amplio
“No se gobierna con anuncios; los logros tienen que verse en la calle”
A un año del gobierno departamental, el Coordinador de la Bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental, Mario Furtado, cuestionó la falta de obras concretas, el endeudamiento impulsado por la administración, la ruptura política con sus socios y el manejo de la gestión de personal. “Se apostó al relato, a la foto fácil y al titular, pero la gente sigue esperando respuestas”, afirmó.
SEVERO BALANCE
Al cumplirse un año del actual gobierno departamental, el coordinador de la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental de Salto, Mario Furtado, trazó un balance severo sobre la gestión encabezada por la coalición de gobierno. Con una extensa trayectoria política y un rol central en la tarea de contralor desde la oposición, Furtado sostiene que estos primeros doce meses estuvieron marcados más por los anuncios que por las concreciones, más por la construcción de relato que por la ejecución de obras, y por una forma de gobernar que —según afirmó— ha privilegiado el monólogo por encima del diálogo institucional.
Desde su lugar en la Junta Departamental, el edil frenteamplista ha sido una de las voces más críticas de la administración, cuestionando especialmente el endeudamiento aprobado, la falta de transparencia en determinadas decisiones, el deterioro de la obra pública y el impacto humano de las cesantías y reestructuras. En esta evaluación del primer año, Furtado advierte sobre un gobierno “encerrado en sí mismo”, que no escucha a la oposición y que, a su entender, aún no ha dado respuestas a los principales problemas de los salteños.
UN AÑO MARCADO POR ANUNCIOS Y PROMESAS
Para Mario Furtado, el rasgo más evidente de este primer año de gobierno departamental ha sido la distancia entre lo anunciado y lo efectivamente concretado. A su juicio, la coalición que administra Salto apostó desde el comienzo a una estrategia centrada en el impacto comunicacional: conferencias de prensa, titulares y promesas de grandes inversiones, pero con escasos resultados visibles en la vida cotidiana de la gente.
“Doce meses después, lo que queda no son las obras sino los anuncios. No las inversiones, sino la promesa de inversores que todavía no llegaron”, resumió. Según el coordinador de la bancada frenteamplista, la administración eligió el camino del relato antes que el de la gestión, priorizando la foto, la puesta en escena y el discurso público, mientras los problemas estructurales del departamento siguieron esperando solución.
En ese sentido, sostuvo que la lógica de funcionamiento del gobierno ha sido “primero anunciar y después, si sobra tiempo, informar o enviar los temas a la Junta”. A su entender, esa metodología no solo desordena la gestión, sino que además erosiona la institucionalidad, al relegar el papel de los ámbitos de contralor y de discusión política.
EL ENDEUDAMIENTO COMO EJE DE LA ESTRATEGIA OFICIAL
Uno de los puntos más duros del balance realizado por Furtado es el referido al endeudamiento aprobado durante este primer año. Para el edil, ese fue el verdadero objetivo político del gobierno departamental, por encima de las obras anunciadas o de los proyectos presentados públicamente.
“No fueron las seis avenidas, ni el Estadio Bernasconi, ni la piscina de Belén. El objetivo central fue endeudar a las próximas administraciones”, afirmó. Desde su perspectiva, la administración concentró todos sus esfuerzos en conseguir respaldo económico a cualquier costo, presentando esa decisión como un gran logro político, cuando en realidad —según dijo— se trata de una “hipoteca sobre el futuro de los salteños”.
Furtado fue especialmente crítico con la forma en que se alcanzó ese acuerdo, al sostener que el proceso estuvo lejos de construirse sobre consensos genuinos. Habló de una negociación “poco transparente”, con presiones, aprovechamiento de debilidades y utilización de “atajos que la democracia no merece”. Para el Frente Amplio, explicó, el problema no es solamente el monto o el destino del endeudamiento, sino la lógica política con la que se obtuvo.
RUPTURA POLÍTICA Y AISLAMIENTO DEL GOBIERNO
Otro de los ejes del balance es la situación política de la coalición de gobierno. Para Furtado, uno de los principales signos de debilidad de la actual administración es no haber logrado sostener el vínculo con el socio que le permitió ganar la elección departamental.
“No pudieron mantener a su socio principal. Dinamitaron los puentes y hoy gobiernan solos, encerrados, sin escuchar a nadie”, señaló. A su entender, ese quiebre no es un episodio menor, sino una muestra de un estilo de conducción que rehúye el diálogo, que desprecia la construcción colectiva y que, al aislarse, termina debilitando al propio gobierno.
Desde la oposición, sostiene, se ha intentado mantener una actitud de control y propuesta, pero denuncia que la respuesta oficial ha sido muchas veces la descalificación, el intento de dividir y la búsqueda permanente de responsabilizar al otro por las dificultades de gestión.
CESANTÍAS, PRECARIZACIÓN Y UN FUERTE COSTO HUMANO
El coordinador de la bancada frenteamplista también puso el foco en la política de personal aplicada por la Intendencia durante este primer año. Aseguró que no se trató solo de decisiones administrativas, sino de medidas con un profundo impacto humano y social.
“Cesaron a decenas de funcionarios. Detrás de cada cese hubo familias, angustia, incertidumbre y daño psicológico”, sostuvo. Para Furtado, el problema no fue únicamente la desvinculación de trabajadores, sino el modo en que se produjo y las consecuencias que generó en áreas sensibles de la gestión departamental.
Según indicó, muchas oficinas y servicios quedaron resentidos, se desmantelaron equipos de trabajo y, cuando la presión de vecinos y de la oposición hizo insostenible la situación, el gobierno optó por “parches” en lugar de soluciones de fondo. En ese marco, cuestionó la precarización laboral y la contratación directa de empresas que, según dijo, aparecieron “como salvadoras”, sin licitación ni transparencia suficiente. “La gestión no se sostiene con planificación, sino con improvisación”, resumió.
LA OBRA PÚBLICA, ENTRE PROMESAS Y ATRASO
En el diagnóstico del Frente Amplio, el mayor fracaso de este primer año está en la obra pública. Furtado considera que el gobierno no ha logrado encontrar un rumbo claro en materia de infraestructura y que, lejos de mejorar, la situación del departamento se ha deteriorado.
“Prometieron transformar la ciudad y las calles están cada vez peor. Los pozos son cráteres, los barrios siguen esperando y donde hay cartel de obra no hay obreros”, expresó. La crítica apunta a una desconexión entre el discurso oficial y lo que efectivamente se observa en la calle: anuncios reiterados, cronogramas que no se cumplen y obras que no avanzan al ritmo prometido.
Desde la bancada frenteamplista entienden que, con la llegada de los recursos provenientes del endeudamiento, se termina la principal excusa del gobierno: la falta de dinero. Por eso, Furtado planteó una serie de exigencias concretas a la administración departamental.
LO QUE LA OPOSICIÓN EXIGE A PARTIR DE AHORA
De cara a la nueva etapa que se abre con el ingreso de fondos, el edil enumeró cinco prioridades que, a su entender, el gobierno debe cumplir sin más dilaciones: la reconstrucción a nuevo de las seis avenidas prometidas; la recuperación real del Estadio Bernasconi; la intervención urgente del vertedero municipal por su impacto ambiental y sanitario; la construcción de la piscina de Belén con la inversión anunciada de 600 mil dólares; y el pago de las deudas que la Intendencia mantiene con proveedores y empresas.
“Ahora no hay pretextos. La excusa de la falta de plata se terminó”, afirmó. Y añadió que el Frente Amplio no pretende “trancar” al departamento, sino controlar, proponer y exigir que se haga lo que se prometió.
“LOS LOGROS TIENEN QUE VERSE EN LA VIDA DE LA GENTE”
En el tramo final de su balance, Mario Furtado apeló a una reflexión política más amplia sobre el modo de gobernar. Señaló que un gobierno no puede sostenerse solo en el anuncio permanente ni en la búsqueda de enemigos para justificar sus falencias. “Los anuncios sin concreción solo generan frustración, enojo y descreimiento en la gente”, advirtió.
Para el coordinador de la bancada del Frente Amplio, el desafío del gobierno departamental es abandonar la lógica del enfrentamiento y asumir una relación más respetuosa con la oposición, con la Junta Departamental y con la ciudadanía. “En democracia nadie es dueño de la verdad. Los logros tienen que verse en la calle, en los barrios, en la vida de la gente. Si no se ven, no existen”, concluyó.
Con ese mensaje, Furtado dejó planteado un balance crítico del primer año de gestión, pero también una advertencia hacia el futuro inmediato: con recursos en camino y promesas ya formuladas, la administración departamental deberá empezar a mostrar resultados concretos. Porque, para la oposición, el tiempo de los anuncios ya pasó y lo que la ciudadanía espera ahora es que la política, finalmente, cumpla.
Entre el conflicto permanente y la defensa de los trabajadores
ADEOMS y el primer año del gobierno de Albisu
Un año marcado por la confrontación sindical con la nueva administración departamental.
Desde la asunción del intendente Carlos Albisu, la relación entre la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (ADEOMS) y el gobierno departamental ha estado caracterizada por una fuerte tensión. A lo largo del primer año de gestión, el sindicato mantuvo una postura crítica frente a varias decisiones del Ejecutivo, denunciando incumplimientos de acuerdos, afectaciones a la negociación colectiva y medidas que, a su entender, vulneran derechos laborales adquiridos.
Este apartado es un análisis de situación entre ADEOMS y el Gobierno actual por parte de El Pueblo. No se pudo coordinar una entrevista con autoridades del sindicato, quienes habían accedido a hacerlo, no obstante, dejamos la puerta abierta de nuestra redacción.
UNA OPOSICIÓN SINDICAL DESDE EL COMIENZO
Aunque históricamente ADEOMS ha mantenido independencia frente a las distintas administraciones, con el cambio de gobierno el vínculo con la Intendencia se deterioró rápidamente. Las diferencias comenzaron a hacerse visibles en torno a la política de recursos humanos, la organización de los servicios y la continuidad de trabajadores contratados.
El gremio sostuvo reiteradamente que varias decisiones fueron adoptadas sin el debido diálogo previo, cuestionando que la administración dejara de lado los ámbitos de negociación colectiva previstos por la normativa vigente. Esa postura se tradujo en comunicados públicos, movilizaciones, asambleas y reclamos formales ante organismos nacionales.
LA DEFENSA DE LA ESTABILIDAD LABORAL
Uno de los principales ejes de la actuación sindical durante este primer año fue la defensa de la estabilidad de los funcionarios municipales.
ADEOMS argumentó que muchos trabajadores desempeñaban tareas permanentes y que, por lo tanto, correspondía preservar su continuidad laboral. El sindicato insistió en que los convenios colectivos alcanzados durante administraciones anteriores debían respetarse independientemente del cambio político producido en el gobierno departamental.
EL CONFLICTO POR LOS CESES DE FUNCIONARIOS
El momento de mayor confrontación llegó con la decisión del Ejecutivo departamental de no renovar centenares de contratos.
Para la administración de Albisu, la medida respondió a una revisión de las contrataciones realizadas en el período anterior y a criterios de reorganización administrativa. En cambio, ADEOMS denunció que se trataba de una decisión con motivaciones políticas y calificó la situación como un caso de «revanchismo político», afirmando además que existía una violación a la negociación colectiva.
A partir de ese episodio, el sindicato resolvió declararse en conflicto, realizó paros, movilizaciones y concentraciones frente a dependencias municipales, al tiempo que solicitó la intervención de autoridades nacionales para analizar la legalidad de las medidas adoptadas.
CRÍTICAS A LA POLÍTICA DE DESIGNACIONES
Otro de los cuestionamientos planteados por ADEOMS estuvo relacionado con las nuevas designaciones efectuadas por la administración.
Mientras denunciaba la desvinculación de trabajadores, el sindicato sostuvo que simultáneamente se incorporaban funcionarios mediante designaciones directas y otras modalidades contractuales, situación que consideró contradictoria con los argumentos oficiales sobre reducción de personal y racionalización del gasto.
LA VISIÓN DEL GOBIERNO
Desde la Intendencia, en tanto, las autoridades han defendido las decisiones adoptadas señalando la necesidad de ordenar la estructura administrativa, revisar situaciones heredadas y cumplir con los compromisos asumidos durante la campaña electoral.
El Ejecutivo sostiene que sus resoluciones se encuentran dentro del marco legal y forman parte de un proceso de reorganización de la administración departamental.
UN CONFLICTO CON IMPACTO POLÍTICO
Más allá de los aspectos estrictamente laborales, el enfrentamiento entre ADEOMS y el gobierno de Albisu adquirió rápidamente una dimensión política.
Las diferencias trascendieron el ámbito municipal y llegaron al debate nacional, con pronunciamientos de dirigentes sindicales, legisladores y organizaciones vinculadas al movimiento sindical. El conflicto también reavivó la discusión sobre la estabilidad de los funcionarios públicos, el alcance de la negociación colectiva y los límites de las decisiones que puede adoptar una nueva administración al asumir el gobierno.
BALANCE DE UN AÑO
El primer año de gestión departamental deja una relación claramente distante entre ADEOMS y el Ejecutivo encabezado por Carlos Albisu. El sindicato se consolidó como uno de los principales actores de oposición a varias decisiones de la administración, colocando en el centro del debate temas como la estabilidad laboral, el respeto a los convenios colectivos y la negociación entre trabajadores y gobierno.
Con varios frentes aún abiertos y sin señales claras de un acercamiento entre ambas partes, el vínculo entre la Intendencia y el gremio municipal aparece como uno de los principales focos de tensión política y sindical en el departamento de Salto.
Salto en la encrucijada:
La anatomía de un gobierno entre la promesa de reconstrucción y el fantasma del endeudamiento
Salto atraviesa uno de los momentos políticos e institucionales más complejos de su historia reciente. Tras una década de gobiernos frenteamplistas, la llegada de la Coalición Republicana a la Intendencia, bajo el liderazgo de Carlos Albisu, marcó un cambio político profundo y abrió una fuerte disputa sobre el rumbo de la administración.
El oficialismo sostiene que recibió una comuna endeudada, con dificultades financieras urgentes e infraestructura deteriorada. Desde esa mirada, los primeros años de gestión estuvieron centrados en “ordenar la casa”, atender compromisos pendientes y buscar herramientas de financiamiento para evitar la parálisis.
La oposición, en cambio, acusa al gobierno departamental de apoyarse en marketing político, endeudamiento y anuncios sin resultados visibles. Dirigentes del Frente Amplio cuestionan la falta de obras concretas, la precarización laboral y una gestión que, según afirman, hipotecaría el futuro de los salteños.
Entre el relato de la pesada herencia y las denuncias de opacidad, la administración Albisu enfrenta su verdadero examen: demostrar si el cambio prometido se traduce en mejoras reales para la ciudadanía.
LA ZONA CERO FINANCIERA: EL ARGUMENTO DE LA HERENCIA Y LA URGENCIA DEL FIDEICOMISO
Nuestra investigación inicia en el punto de quiebre que define la estrategia del oficialismo: el estado de las arcas municipales al momento del cambio de mando. El intendente Carlos Albisu denuncia una «ausencia total» de transición ordenada, revelando que a los veinte días de asumir debieron enfrentar una cuenta de casi 300 millones de pesos con el Banco República. De haberse ejecutado esta garantía, el pago de salarios de los funcionarios municipales habría colapsado.
Para el coordinador de bancada de la Coalición Republicana, Pablo Williams, esta asfixia financiera obligó a que la primera mitad del gobierno se centrara exclusivamente en el «ordenamiento administrativo» y la renegociación de compromisos. La solución impulsada fue la aprobación de un fideicomiso multimillonario, defendido por el oficialismo como la herramienta salvadora para cancelar más de mil millones de pesos en deudas a proveedores locales históricos y financiar el plan de obras más grande del departamento.
Sin embargo, la mirada opositora desmonta esta narrativa, calificando el fideicomiso no como una salvación, sino como una condena intergeneracional. El edil Mario Furtado (Frente Amplio) advierte que el endeudamiento se obtuvo mediante negociaciones poco transparentes y «atajos que la democracia no merece», convirtiéndose en una «hipoteca sobre el futuro de los salteños». Desde esta perspectiva, el gobierno estructuró un discurso de crisis permanente para forzar la aprobación de fondos sin el debido escrutinio.
INFRAESTRUCTURA Y EL ESPEJISMO DE LOS ANUNCIOS
El estado del espacio público es, según los propios documentos, el termómetro de la crisis. Albisu admite que el 52% de las 3.700 calles de Salto presentan una «afectación severa», sumado a graves deficiencias en recolección de basura e iluminación. El oficialismo promete intervenir el 100% de la ciudad con licitaciones en marcha para grandes avenidas (Apolón, Rodó, Manuel Oribe).
No obstante, la investigación de campo contrastada con los discursos opositores revela una desconexión alarmante entre el relato oficial y la realidad. Furtado es categórico: «Prometieron transformar la ciudad y las calles están cada vez peor. Los pozos son cráteres […] y donde hay cartel de obra no hay obreros». La oposición acusa a la administración de sufrir del síndrome del anuncio crónico, donde la foto de prensa reemplaza a la gestión. Con el ingreso de los fondos del fideicomiso, el Frente Amplio ha puesto un ultimátum, exigiendo resultados inmediatos en el vertedero municipal, el Estadio Bernasconi y la piscina de Belén, argumentando que «la excusa de la falta de plata se terminó».
CLIENTELISMO, CESANTÍAS Y LA OPACIDAD DEL «RUBRO CERO»
Uno de los hallazgos más graves de este análisis recae en el manejo de los recursos humanos de la Intendencia. Mientras Albisu presume de una estrategia para reducir la plantilla de funcionarios de 2.080 a menos de 1.400, apostando al crecimiento del sector privado, los métodos para lograrlo levantan serias sospechas de irregularidad.
El exintendente Ramón Fonticiella (FA) aporta una mirada lapidaria sobre el presunto clientelismo y fraude a la ley. Denuncia que la administración ha armado una «verdadera estructura partidaria» financiada con fondos públicos, inventando cargos para referentes políticos. Más aún, expone las denuncias del sindicato ADEOMS sobre el uso de «cargos monotributistas» para evadir el Estatuto del Funcionario y ocultar salarios fuera del Rubro Cero municipal. Furtado añade que esta precarización fue precedida por despidos masivos de funcionarios (con graves daños psicológicos a familias enteras), cuyos vacíos fueron luego llenados mediante contrataciones directas de empresas sin licitación ni transparencia, operando como «parches» improvisados.
AISLAMIENTO POLÍTICO Y EL DEBILITAMIENTO INSTITUCIONAL
A nivel de gobernanza, el gobierno de la Coalición Republicana muestra fisuras preocupantes. A pesar de los esfuerzos de figuras como Pablo Williams por proyectar una imagen de diálogo constante y puertas abiertas en la Junta Departamental, la realidad política indica una fractura. La coalición gobernante perdió a socios clave a poco de andar, terminando «encerrados en sí mismos», gobernando en soledad y reemplazando el diálogo por la descalificación de la oposición.
Fonticiella resume este déficit democrático acusando a Albisu de gobernar «a espaldas del pueblo», abandonando los principios de equidad y justicia social para favorecer el amiguismo y el personalismo.
CONCLUSIÓN
La gestión de Carlos Albisu se encuentra en una carrera contra el tiempo. El intendente ha fijado una meta sumamente ambiciosa: «Hacer que cada año nuestro equivalga a tres años de otro gobierno». Sin embargo, la evidencia recopilada demuestra que el costo de esta aceleración ha sido el enfrentamiento constante, un endeudamiento histórico y una política laboral fuertemente cuestionada. El verdadero examen para esta administración ya no reside en justificar sus fallas por el pasado, sino en demostrar si los millones hipotecados se convertirán en asfalto o si, como advierte la oposición, Salto quedará atrapado en un laberinto de deudas y promesas rotas.
