En nuestro país, desde el año 2018, se encuentra vigente la Ley N.º 19.691, que aprueba un conjunto de normas orientadas a la promoción del trabajo para personas con discapacidad. En su artículo 4, la ley introduce el concepto de Empleo con Apoyo y establece la figura del Operador Laboral, definido como el técnico encargado de facilitar la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Entre las competencias del Operador Laboral se destacan: la preparación del trabajador para un adecuado desempeño en su puesto, el asesoramiento en materia de accesibilidad, la capacitación del equipo laboral receptor y la identificación de apoyos naturales en el entorno, hasta que el trabajador pueda actuar con autonomía.
El artículo 5 de la misma ley establece, además, el derecho de las personas con discapacidad a recibir este apoyo, aclarando expresamente que solo puede ser brindado por un Operador Laboral. También se dispone que los costos de estos servicios deben ser asumidos por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Comisión Nacional de Inclusión Laboral.
Sin embargo, pese a la existencia de este marco legal, en la práctica la figura del Operador Laboral solo se ha implementado en el departamento de Río Negro, dejando sin cobertura a los restantes departamentos del país. Esta realidad implica un incumplimiento de la Ley N.º 19.691 y una vulneración directa de derechos fundamentales, como la igualdad ante la ley y el acceso al empleo.
Esta falta de implementación afecta gravemente a una población que, en muchos casos, depende de estos apoyos técnicos para poder ejercer su derecho al trabajo en condiciones de equidad. La inacción estatal en este sentido desconoce tanto el espíritu como la letra de la normativa vigente.
Frente a esta situación, se considera urgente que el Parlamento dé trámite a este asunto, y que se discuta la asignación de nuevas partidas presupuestales para garantizar la extensión del servicio de Operadores Laborales a todos los departamentos del país. Solo de esta forma se podrá hacer efectivo el cumplimiento de la Ley y asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al trabajo con apoyo técnico, en todo el territorio nacional.
En virtud de lo expuesto, se solicita que esta exposición sea elevada a los Representantes de la Cámara de Diputados, al Ministerio de Desarrollo Social, a la Comisión Nacional de Inclusión Laboral y a los medios de prensa del departamento, a los efectos de visibilizar la situación y promover soluciones concretas.
