Críticas en educación, seguridad, economía y medio ambiente
El Consejo Directivo Central de la UdelaR, emitió en los últimos días una declaración analizando varios aspectos del proyecto de ley de urgente consideración. Explica que es un «mandato constitucional» de la UdelaR generar insumos para la «comprensión pública» de temas relevantes a nivel nacional, por lo que hace una valoración sobre algunas disposiciones.
Educación
El CDC dice que se debería «sustraer» todo el articulado, es decir, desglosarlo de la LUC y habilitar su tratamiento «sin las limitaciones de participación democrática que el carácter de urgente consideración le impone».
En cuanto a propuestas específicas, el comunicado reafirma la expresión de su rector Rodrigo Arim ante la Comisión Especial del Senado del 15 de mayo que habló sobre la necesidad de «impulsar la constitución de un Sistema Nacional de Educación Pública, que asegure mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación y Cultura y los entes autónomos de la enseñanza».
Con relación al Plan de Política Educativa Nacional, la UdelaR reafirmó «la necesidad de incluir la mayor cantidad de actores como parte de la discusión sobre el futuro de la educación», y propone que se modifique la redacción de los artículos 145 y 152 para que el Plan de Política Educativa sea elaborado «por los respectivos organismos estatales autónomos de enseñanza y no centralmente desde el MEC».
Seguridad
UdelaR entiende que son «preocupantes» los artículos referidos a seguridad ciudadana, «en tanto son en general regresivos en materia de derechos humanos y contravienen la legislación nacional vigente, la normativa internacional y sus orientaciones doctrinarias, así como las recomendaciones de investigadores y académicos en la materia».
«Las propuestas erosionan las garantías, propias de un Estado de derecho, que cuentan con larga tradición en el país, y ambientan la reproducción de la violencia estatal e institucional al conferir amplia discrecionalidad a las agencias de control social sin fortalecer mecanismos institucionales que la prevengan», señala el docuemento de la CDC, y asegura que las nuevas disposiciones podrían intensificar «el hacinamiento carcelario o el desbordamiento de las fiscalías».
Las normas propuestas relacionadas con droga «desatienden los aspectos relativos a la salud pública en favor de medidas punitivas que resultan simbólicas y represivas», dice el documento.
Más adelante, el documento señala que las normas que modifican la Ley de Procedimiento Policial y el Código de Proceso Penal «presentan riesgos para las libertades republicanas al ampliar las facultades de la Policía y relajar los controles a los que debe someterse, así como al habilitar a policías y militares retirados a portar armas y permitir a estos últimos intervenir en tareas policiales».
UdelaR considera «especialmente preocupante» que el control de identidad que pueden realizar la Policía pueda efectuarse en cualquier caso: «Si la persona no cuenta con documento de identidad, la Policía estará facultada a conducirla a sus dependencias.
Al abrir la puerta a las detenciones arbitrarias, esta modificación rebaja las garantías ciudadanas y expone sobre todo a personas que hacen uso del espacio público, como las que están en situación de calle, las y los jóvenes, las personas que protesten en la vía pública y a los propios funcionarios policiales, pues el uso de este instrumento puede erosionar la confianza en la institución policial y poner en riesgo la convivencia».
Por último, también dicen que «la restricción del derecho a huelga es inadmisible en tanto intenta reglamentar el ejercicio de un derecho fundamental a través de un mecanismo excepcional que se utiliza en situaciones de urgencia».
Economía
La UdelaR critica a la regla fiscal: «Si bien es oportuno discutir y evaluar la regla fiscal actual, que merece revisión, la falta de lineamientos específicos para la implementación de la nueva regla fiscal propuesta no garantiza su efectividad e incluso puede resultar contraproducente, ya que establece rigideces excesivas que pueden no ser adecuadas, por ejemplo, para afrontar circunstancias como las que actualmente estamos viviendo».
También preocupa las reformas que «podrían favorecer a la privatización de recursos estratégicos» de las empresas públicas. Además, asegura que «se plantean ámbitos y formas de regulación que, buscando promover la competencia y la participación privada en los mercados, pueden poner en cuestión la viabilidad de largo plazo de las empresas públicas y dificultar que cumplan funciones de alto interés social y nacional».
Por último, aseguran que las modificaciones con respecto a la libertad financiera «podrían favorecer el lavado de activos, la evasión fiscal, la corrupción y la informalidad, aspectos en cuya regulación se han logrado avances importantes en los últimos tiempos».
Áreas protegidas
Respecto a los artículos relativos al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), la UdelaR muestra su «preocupación» por la posibilidad de que «se debilite y se comprometa su expansión y eficacia para enfrentar las crecientes presiones y amenazas sobre el ambiente», entre otros puntos.
