AGENDA LEGAL: REFLEXIONES SOBRE EL DERECHO
La promulgación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres basada en Género, Ley N.º 19.580, significó un avance normativo trascendental dentro del sistema jurídico nacional. Desde una perspectiva discursiva, dicha normativa busca combatir la violencia estructural a través de un marco jurídico integral que tutela el vínculo intersubjetivo entre sujetos de derecho, particularmente vulnerables frente a la coerción sociocultural patriarcal. La legislación impone obligaciones jurídicas de resultado y proceso para el Estado en la prevención, protección y facilitación del acceso a la justicia para las víctimas. En este contexto, la implementación de medidas como el uso de tobilleras electrónicas para proteger a las mujeres víctimas resulta una herramienta legítima y necesaria, representando un avance en la garantía efectiva de la integridad física y psicológica.
Sin embargo, bajando del pedestal del formalismo jurídico y abordando la realidad cotidiana con espíritu crítico, surge una paradoja inquietante: en el afán legítimo y urgente de proteger a las mujeres, el sistema ha generado espacios para un abuso denunciatorio que muchas veces se transforma en un arma procesal espuria. Sin desconocer la gravedad de la violencia de género y la necesidad de intervención, no podemos soslayar las denuncias infundadas o exageradas que, con frecuencia, desequilibran el justo proceso y afectan derechos fundamentales. El uso indiscriminado y a veces laxamente controlado de herramientas como las tobilleras electrónicas puede transformarse en un mecanismo que, si bien está concebido para protección, termina funcionando como un símbolo de la hipervigilancia y desconfianza sistemática.
El sistema tiende a polarizarse entre el victimismo exacerbado y la negación de la problemática real, generando un caldo de cultivo donde se vulneran garantías con la excusa de la protección. La consecuencia es una doble victimización y la transformación de la justicia en un campo de batalla política más que un espacio de reparación y prevención seria.
Así, la realidad judicial parece ligada a la crónica de una demora anunciada: procesos lentos, investigaciones a medias y un sinnúmero de denuncias que insuflan confusión y desconfianza. Las “protecciones” se convierten en castigos provisionales sin suficiente control, que a la larga no resuelven ni atajan el drama social, sino que simplemente lo desplazan o encienden nuevas tensiones.
Nuestra verdadera contribución es mantener el equilibrio entre la protección genuina y la garantía del debido proceso, denunciando demagogias y abrazando la justicia con mayúsculas, aún cuando Netflix no haga buen rating con eso.
Hasta la próxima semana.
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