El 8 de enero de 2023, miles de simpatizantes del ex presidente invadieron el Congreso Nacional, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal. El asalto a los tres poderes de Brasil, el 8 de enero de 2023, dejó más de 370 condenados, más de 60 fugitivos con pedidos de extradición y al ex presidente Jair Bolsonaro investigado por incitar la asonada que sacudió la democracia del gigante sudamericano.
Por esa razón, esta semana, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, habilitó el proceso de juzgamiento contra el ex mandatario, siendo la primera vez en la historia que en ese país se juzgará a un ex presidente por un delito similar.
EL TRABAJO DE FISCALÍA Y LA JUSTICIA
Por unanimidad, la primera sala del STF, integrada por cinco magistrados, aceptó la denuncia presentada en febrero por la fiscalía general para que Bolsonaro y siete de sus aliados respondan por cinco delitos, entre ellos golpe de Estado, asociación criminal violenta y deterioro de patrimonio protegido, que sumados podrían valerle una pena de hasta 40 años de cárcel.
Además de Bolsonaro, se convirtieron en reos Alexandre Ramagen, exjefe de Inteligencia; Almir Garnier, exjefe de la Marina; Mauro Cid, exayudante presidencial; Anderson Torres, exministro de Justicia; Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional; Paulo Nogueira, exministro de Defensa; y Walter Braga Netto, exministro jefe de la Casa Civil y compañero de fórmula de Bolsonaro en 2022.
Para la justicia, todos ellos compusieron el “núcleo crucial” de la trama con la que intentaron impedir que Lula da Silva asumiera el Palacio presidencial del Planalto tras imponerse a Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2022.
El juez Alexandre de Moraes, relator de la denuncia en la Corte, presentó el voto más extenso, de una hora y cincuenta minutos, apoyado por videos de los vándalos destruyendo las sedes de los tres poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023.
“Aquellos que se olvidaron, de buena o mala fe, que hubo gravísima violencia, van a recordarlo ahora”, dijo el juez, poco antes de compartir las imágenes de lo que calificó como un “intento de golpe de Estado violentísimo”.
De las más de 1.600 denuncias ofrecidas por la Fiscalía, el Supremo ha condenado hasta el momento a 371 personas involucradas en la violenta invasión de las sedes de la Presidencia, el Congreso y el propio Supremo, en Brasilia.
Ese día, los tres poderes de la Nación sufrieron graves daños por parte de miles de bolsonaristas radicales en su intento por promover una intervención militar para derrocar el Gobierno recién investido de Luiz Inácio Lula da Silva.
Más de la mitad de los condenados (60%) recibieron penas de cárcel de entre 3 y 17 años por delitos graves, como tentativa de abolición del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado, asociación criminal armada y deterioro del patrimonio.
De estos, 71 ya agotaron sus recursos en la Justicia y empezaron a cumplir la sentencia recibida en régimen cerrado, según un informe del alto tribunal.
527 acuerdos de no persecución penal
Para los casos menos graves, las autoridades ofrecieron a los acusados la posibilidad de cerrar acuerdos bajo una serie de condiciones, entre ellas reconocer los hechos, prestar servicios comunitarios, hacer un curso sobre democracia, no entrar en redes sociales temporalmente y pagar una multa. Según los datos del Supremo, se han homologado 527 acuerdos a través de los cuales se recaudaron casi 1,8 millones de reales (unos 300.000 dólares).
61 fugitivos con pedidos en extradición
En su último balance, el Supremo señaló que actualmente hay 61 prófugos —investigados o condenados por el 8 de enero— con pedidos de extradición en abierto, es decir, que huyeron a otros países. En junio pasado, la Corte solicitó la extradición de ese grupo de fugitivos a Argentina, donde se estima que huyeron.
Las autoridades argentinas ya han detenido a algunos, lo que provocó que otros, ante el riesgo de ser capturados, hayan optado por irse a otros países de la región con el objetivo final de llegar a Estados Unidos, según la prensa local.
Casi 20.000 decisiones judiciales y 15 investigaciones
Desde el 8 de enero de 2023, el Supremo ha abierto 15 investigaciones y emitido 19.938 decisiones judiciales relacionadas con el asalto de Brasilia.
El juez instructor del caso es Alexandre de Moraes, objeto desde hace años de una campaña de difamación por parte del propio Bolsonaro y sus aliados, quienes acusan al magistrado de “dictador”.
Las causas por el 8 de enero están lejos de cerrarse. El Supremo tiene decenas de denuncias pendientes y la Policía aún está detrás de los organizadores y los financiadores de la asonada.
La tesis de la Policía es que el asalto de Brasilia fue el colofón de una conspiración político-militar que buscó anular la victoria de Lula en las presidenciales de 2022 y promover una intervención militar que mantuviera a Bolsonaro en el poder.
Moraes afirmó que no hay dudas de que Bolsonaro estaba al tanto de la existencia de un documento denominado “borrador del golpe”, el cual fue discutido con el alto mando de las Fuerzas Armadas y con el que intentaba anular el resultado de las elecciones de 2022.
“Jair Messias Bolsonaro conocía, manoseaba y discutía el borrador del golpe”, aseguró Moraes, en un voto que dejó pocas dudas sobre una futura condena al expresidente.
El juez leyó extractos de discursos y transmisiones en vivo de Bolsonaro desde 2021, en los que atacaba al Supremo y a las urnas electrónicas, los cuales habrían preparado el terreno para cuestionar una posible derrota electoral y fomentar actos antidemocráticos. Además, incluyó el discurso del 7 de septiembre de 2021, durante la conmemoración del Día de la Independencia, cuando el entonces presidente amenazó con desobedecer las decisiones de la Corte.
Los otros cuatro jueces de la primera sala, Cristiano Zanin, Cármen Lucía, Flávio Dino y Luiz Fux acompañaron el voto del relator. Este último marcó, sin embargo, algunas divergencias.
Fux expresó dudas sobre la distinción entre un delito “intentado” y un delito “consumado”, un punto que podría ser explorado en el futuro por la defensa de Bolsonaro y los demás acusados. También planteó objeciones sobre la dosificación de las penas que la Corte ha aplicado a los ya condenados por las invasiones del 8 de enero.
Se trata de una decisión histórica, ya que es la primera vez en la historia de Brasil que los acusados de intentar un golpe de Estado serán juzgados por ese delito.
A partir de ahora, el expresidente brasileño y los demás acusados comenzarán a responder penalmente por el proceso. Sus defensas podrán presentar pruebas y los imputados ofrecer declaraciones, antes de que la Corte eleve el caso a juicio.
Bolsonaro seguirá el trámite en libertad. Su prisión preventiva sólo está prevista en caso de que la corte entienda que existe riesgo de fuga o que puede entorpecer el trámite. Un eventual arresto del expresidente sólo llegaría después de una condena y tras el agotamiento de recursos posteriores que su defensa podría presentar.
La expectativa es que el juicio culmine en el segundo semestre de este año. La corte intenta que el fallo no quede contaminado por el debate político de 2026, cuando Brasil tendrá nuevas elecciones presidenciales.
BOLSONARO EN EL OJO DE LA TORMENTA
El ex mandatario Jair Bolsonaro, de 70 años recién cumplidos, consta como investigado en la causa por incitar a sus acólitos a invadir los tres poderes de la Nación. Pero el líder ultraderechista enfrenta una acusación más grave: la Policía lo señaló en noviembre pasado, junto a militares de alto rango y antiguos ministros, de planear un Golpe de Estado en el que se sopesó incluso asesinar a Lula y a otras altas autoridades. Bolsonaro enfrenta cargos de “abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, Golpe de Estado y asociación ilícita”. Las penas combinadas por esos delitos rondan entre los 30 y 40 años de prisión.
El expresidente habló con la prensa en el Congreso de Brasilia, Brasil, el pasado miércoles, después de que un panel de jueces del Tribunal Supremo de Brasil aceptara los cargos en su contra por un supuesto intento de permanecer en el cargo tras su derrota electoral en 2022.
Hasta ahora, y pese a que está inhabilitado políticamente hasta 2030 por condenas que en la corte electoral, Bolsonaro ha insistido en que él es el plan “A, B y C” para 2026.
El expresidente reaccionó el miércoles a la decisión de la corte, presentándose una vez más como víctima de persecución política: “Parece que hay algo personal contra mí. La acusación es muy grave y es infundada”.
A diferencia del martes, primer día de análisis de la denuncia, cuando había comparecido al tribunal, siguió la decisión en el Senado, en el gabinete de su hijo Flavio.
“Están con prisa, mucha prisa. El proceso contra mí avanza 14 veces más rápidamente que el Mensalao y al menos unas 10 veces más rápidamente que el de Lula en Lava Jato”, aseguró en una nota compartida en redes sociales, poco después de que se conociera el fallo.
“El motivo es político, no jurídico. Intentan impedir que sea juzgado en 2026, porque quieren impedir que llegue libre a las elecciones porque saben que, en una disputa justa, no hay candidato capaz de vencerme”, agregó en la misma publicación.
Con expectativas prácticamente nulas de ser absuelto por la corte, el expresidente de Brasil trabaja no sólo en una defensa en el campo jurídico sino político.
El bolsonarismo convocó una nueva manifestación para el 6 de abril en la avenida Paulista de San Pablo, con la amnistía para los condenados por los sucesos del 8 de enero como principal demanda.
Aliados del expresidente en el Congreso buscan intensificar la presión para que el proyecto, impulsado por el diputado federal Vitor Hugo, del Partido Liberal, sea tratado con urgencia. Además, intentan reunir una gran multitud para enviar un mensaje a la Corte sobre el costo que tendría un posible arresto de Bolsonaro.
“Vamos a continuar con esta lucha. La amnistía es perdón, es borrar el pasado y hacer que Brasil vuelva a la normalidad. No quiero conflicto ni enfrentamientos, quiero el bienestar del pueblo”, afirmó el expresidente.
LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
Más allá de las simpatías o antipatías que pueda concitar en líder brasileño, el reconocimiento a la independencia de un sistema de Justicia que engrane la investigación policial, fiscal y judicial con absoluta libertad de compromisos políticos, evidencia la madurez de una Democracia que, al verse amenazada, puede respaldarse en sus Instituciones, leyes y en la mismísima Constitución.
Que sea juzgado y, eventualmente condenado, constituirá un hecho histórico no solo en Brasil, sino también en el continente y en el mundo.
