«No hay mayor fracaso moral de un Estado que enseñar, mediante sus leyes, que algunas vidas merecen más protección y más consideración jurídica que otras.»
Esta columna es un grito de alerta dirigido a las madres del Uruguay. Un llamado a levantarse en defensa de sus hijos frente al avance de la ideología del feminismo radical que, en nombre de la igualdad, promueve leyes que distinguen entre ciudadanos según su sexo.
Un llamado a esas madres que se niegan a aceptar un país donde unas vidas merecen mayor consideración jurídica que otras, donde algunos reciben más garantías que otros y donde la igualdad ante la ley es sustituida por ciudadanos de primera y de segunda categoría. Para que levanten la voz por sus hijos ante el ataque sin cuartel del feminismo ultra radical de nuestro país.
Nuestros representantes políticos parecen haber perdido todo límite cuando se trata de aprobar leyes que erosionan los principios más básicos del Estado de Derecho. Ahora pretenden incorporar la figura del denominado «suicidio feminicida», mediante la cual se busca responsabilizar penalmente a un hombre por el suicidio de una mujer cuando este sea asociado a antecedentes de violencia de género o violencia sexual. Una vez más, se impulsa una norma que abandona la igualdad ante la ley y avanza hacia un sistema jurídico cada vez más desigual, incierto y discriminatorio.
Esta iniciativa encierra peligros profundos para el Estado de Derecho, y especialmente para los hombres, pero con repercusiones para la sociedad toda. Se trata de otra norma feminista que pretende destruir al hombre por su condición de tal.
Se trata de una nueva ruptura del principio de igualdad ante la ley. El Estado vuelve a establecer diferencias entre vidas humanas según el sexo de las personas. Y la paradoja es tan evidente como dolorosa: Uruguay padece desde hace años una verdadera epidemia de suicidios masculinos, con cifras alarmantes y de las más altas de la región. Sin embargo, frente a esta tragedia que golpea a miles de padres, hijos y hermanos, se impulsa una ley que sólo otorga una consideración penal especial al suicidio de la mujer, pero no al del hombre. El mensaje que se transmite es devastador: en el Uruguay de hoy, todas las vidas son valiosas, pero algunas parecen ser consideradas más valiosas que otras ante la ley.
Otra norma más que siembra odio y división, profundiza el enfrentamiento y consagra la injusticia. El objetivo no es enfrentar el suicidio como una tragedia humana que merece la misma preocupación y la misma protección para todos. El criterio elegido es otro: el sexo de la víctima. Ya no se legisla en función de la igual dignidad de la persona humana, sino en función de los genitales. Y cuando el Derecho comienza a distinguir el valor jurídico de las vidas según el sexo de quien sufre, el principio de igualdad ante la ley ha sido herido de muerte. El mensaje que se da es tremendo: algunas vidas merecen una protección penal especial y otras no.
Esta norma es un peligro pues expande la responsabilidad penal hacia terrenos de enorme incertidumbre. El suicidio es uno de los fenómenos humanos más complejos que existen. En él intervienen factores psicológicos, psiquiátricos, familiares, económicos y sociales. Pretender atribuir penalmente a otra persona una decisión tan dramática y multicausal exige un nivel de certeza tan absoluto como extraordinario. Sin embargo, esta figura invita precisamente a recorrer el camino contrario: construir responsabilidades penales sobre relaciones humanas complejas y reconstruidas después de la tragedia. Es realmente preocupante.
Es el debilitamiento de todas las garantías, que ya son completamente inexistentes para los hombres. Todo sistema de libertades se sostiene sobre un principio elemental: las personas deben responder por sus acciones, por sus hechos concretos, claramente acreditados y jurídicamente delimitados. Cuanto más se expande el ámbito de la responsabilidad penal hacia terrenos interpretativos, mayor es el riesgo de arbitrariedad, siendo la puerta de entrada del totalitarismo ideológico feminista.
Se consolida un Derecho Penal diferenciado según el sexo de las personas. Hace años que nuestro país viene incorporando figuras penales especiales, agravantes específicos y regímenes jurídicos en contra de los hombres, que parten de la premisa de que la vida y el sufrimiento de unos merecen un tratamiento distinto al de otros. Ahora se pretende dar un paso más: valorar de manera diferente incluso el suicidio.
Por todo esto que aquí escribo las madres deben hacerse una pregunta fundamental.
Si mañana quien se quita la vida es su hijo, ¿el Estado reaccionará con la misma intensidad? ¿Se hablará de un «suicidio masculinizado»? ¿Se impulsarán figuras penales especiales? ¿Se movilizará el sistema político con la misma urgencia?
Todos conocemos la respuesta.
Entonces:
¿Qué mensaje se está dando? ¿Qué unas vidas merecen una protección penal especial y otras no? Ya crearon el femicidio como agravante especial y ahora salen con esto. ¿Dónde van a parar? ¿Cuál es su límite? ¿Acaso el sufrimiento de un hijo, de un hermano o de un padre vale menos?
Por eso en esta batalla estamos toda la sociedad: hombres y mujeres; padres y madres; abuelos y abuelas, porque esto es una discusión sobre la igualdad, la justicia, las libertades y la calidad de nuestra democracia.
Madres del Uruguay: esta causa también es suya.
La ideología feminista ha dejado de ver en sus hijos a personas con derechos y dignidad propia, para pasar a verlos como machos opresores, patriarcales, esclavizadores de la mujer, y por eso los odian, por ser hombres, y los quieren ver presos a como de lugar. Ellas saben muy bien que, destruyendo a los hombres, destruyen a la familia, y es ese su objetivo primordial, pues se hacen gala de las frases de sus referentes feministras como Kate Millet, que dijo que «La familia es la principal institución del patriarcado» o cuando Linda Gordon, expreso que: «La familia nuclear debe ser destruida…»
Por eso madres uruguayas, levanten la voz por sus hijos antes de que sea demasiado tarde. Porque el bien más preciado que es su libertad está en peligro. Defiendan el derecho de que sean juzgados por sus acciones, no por su sexo. Luchen por el derecho de vivir en un país donde la ley no los presuma violentos u opresores por el solo hecho de haber nacido hombres.
No acepten un país donde sus hijos reciban menos garantías jurídicas, donde el valor de su sufrimiento sea relativizado o donde la igualdad ante la ley sea reemplazada por categorías de ciudadanos más protegidos que otros.
La libertad esta en riesgo.
