Nunca antes me he sentido tan alejado de la realidad. Cuando veo que alguien políticamente se ha radicalizado a punto tal que desconoce los elementos básicos de una democracia, me doy cuenta que hemos retrocedido.
Siempre lucharé y trataré de conseguir que mi país adopte las mejores ideas, sin desconocer que existe una polémica abierta de cual es la mejor idea de gobierno y lo que nosotros defendemos y fomentamos con uñas y dientes puede no ser lo mejor para quien piensa diferente a nosotros.
La cuestión radica para nosotros en algo innegociable, la justicia social. Si todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Si realmente lo que pregonaron los constituyentes casi 200 años atrás, se hace carne en nosotros, entonces no habría dos caminos diferentes.
Que las diferencias entre personas sólo radicaran en sus conocimientos, en su preparación, en su idoneidad y no en su forma de pensar, en los colores que defiende, porque esto de por sí es injusto, es lo que se ha escrito y pregonado.
Alguien muy cercano a nosotros nos ha hecho saber de su discrepancia en relación a la designación de quienes deben ejercer los puestos de confianza de un gobierno, ya sea departamental o nacional.
Es admisible que se piense diferente e incluso que se defiendan formas diferentes de designar a las personas a ocupar esos cargos. Lo admitimos, pero con una sola condición: que no se cometan injusticias ni se sanciones por la sencilla razón de pensar diferente.
Nadie puede hacernos cambiar de idea en ese sentido. La designación directa, sin sorteo ni concurso, sino por militancia, tiene un enorme riesgo, el de manejarse en forma injusta, el de rodearse por gente incapaz o falto de idoneidad, lo sabemos todos y sencillamente defendemos sistemas diferentes.
Nada tenemos contra quienes han obtenido la mayoría de las voluntades en la expresión popular. Nada tenemos contra quienes han de desempeñar cargos muy cercanos a quienes gobiernan
Y por lo tanto deben asegurar lo que Wilson Ferreira Aldunate denominaba las “gobernabilidad”, esto es, la posibilidad de poner en práctica (con los votos parlamentarios necesarios) lo que se ha prometido, que es lo que la ciudadanía ha preferido. Si es acertado o no. Si es lo mejor el tiempo lo dirá.
Esto es admisible, siempre y cuando reiteramos el concepto, de que no sea injusto con quienes sencillamente piensan diferente, porque lo que aquí se hace, aquí se paga, y las injusticias terminan por caérsenos encima.
A.R.D.
