La Intendencia de Salto enfrenta un cierre de año complejo en materia de recursos humanos. Este miércoles 31 de diciembre marcará el final del vínculo laboral para 306 beneficiarios del programa Uruguay Impulsa.
Se trata de los trabajadores que ingresaron mediante sorteo en setiembre de este año. Cumplieron funciones tanto en la ciudad como en los municipios del interior del departamento.
La finalización de estos contratos supone un desafío operativo inmediato para la administración. La reducción de personal afectará áreas sensibles que requieren mano de obra intensiva a diario.
La confirmación oficial
Desde el Gobierno departamental reconocieron la dificultad que se avecina. Alejandro Secco, coordinador de Gestión Humana, admitió que la merma de trabajadores impactará en la calidad de los servicios.
El jerarca explicó que las áreas más golpeadas serán vigilancia, barrido y servicios auxiliares.
La comuna analiza ahora estrategias para reorganizar las cuadrillas restantes. El objetivo trazado por las autoridades busca minimizar las molestias a los vecinos durante la temporada estival.
Sin margen legal
La normativa del programa nacional es clara y no permite excepciones locales. Las intendencias carecen de potestades jurídicas para extender estos contratos más allá de la fecha estipulada.
Uruguay Impulsa (ex Jornales Solidarios) posee un calendario riguroso de inicio y fin. Su naturaleza es transitoria y no genera derechos de permanencia en la función pública.
La administración debe acatar el cese de actividades el 31 de diciembre. A nivel nacional se evalúa una nueva edición para el año 2026, aunque con cambios en el perfil de los beneficiarios.
La próxima etapa podría orientarse específicamente a mujeres y jóvenes. Sin embargo, eso no resuelve el agujero operativo que queda en Salto durante los próximos meses.
Una tormenta perfecta
El escenario para enero se presenta crítico por la suma de varios factores. A la salida de estos 306 jornaleros se le suma el reciente despido de 291 funcionarios municipales.
Esta decisión del intendente Albisu recortó drásticamente la plantilla estable de la comuna. La medida desató un fuerte conflicto con el gremio de ADEOMS que aún mantiene rispideces.
La ecuación se complica todavía más por la época del año. Enero y febrero son los meses donde la mayoría del personal toma su licencia reglamentaria.
La disponibilidad de funcionarios de carrera será mínima en las primeras semanas del 2026. Esto dejará a la ciudad con una fuerza laboral muy reducida para atender varios servicios.
El impacto social
Más allá de la logística, el fin del programa golpea la economía de cientos de hogares salteños. Los beneficiarios dejarán de percibir la prestación mensual de 19.728 pesos.
Este dinero representaba un alivio fundamental para familias sin otros ingresos formales. El programa exigía no tener otros subsidios ni salarios, por lo que estos 306 salteños vuelven a una situación de vulnerabilidad.
Durante cuatro meses, estos trabajadores contaron con cobertura de salud y aportes jubilatorios. También accedieron a cursos de capacitación que buscaron mejorar sus chances en el mercado laboral privado.
Promesas de reingreso
En medio de la incertidumbre, surge una luz de esperanza para un sector reducido. El intendente Albisu comunicó recientemente que en enero iniciará un proceso de recontratación.
Esta medida apuntará a recuperar a algunos de los 291 funcionarios cesados anteriormente. No obstante, las autoridades aclararon que el número de ingresos será muy inferior al total de desvinculados.
La administración departamental deberá hacer malabares para cubrir los huecos. La prioridad será mantener la higiene de la ciudad con los reducidos recursos humanos disponibles en el verano.
