El diputado Federico Preve presentó un proyecto de ley para crear un Servicio de Atención en Salud Pública Transitorio. El objetivo central es resolver la desigual distribución de médicos especialistas en Uruguay, históricamente concentrados en Montevideo. Esta desigualdad dificulta el acceso a consultas críticas en el interior del país y afecta la equidad del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Claves del proyecto de ley
• Establece un servicio obligatorio y transitorio para profesionales que culminen su formación de posgrado en especialidades médicas (y otros grados o posgrados de salud).
• Se deberá cumplir por un período de dos años, con una carga horaria de entre 4 y 16 horas semanales.
• El trabajo se realizará en prestadores públicos (ASSE, Hospital de Clínicas, Sanidad Policial y Militar).
• El Ministerio de Salud Pública (MSP) asignará los destinos priorizando las zonas con mayor déficit de profesionales.
• El servicio será remunerado según laudos vigentes e incluirá incentivos, como descuentos en el impuesto a la renta personal.
• Solo aplicará a quienes inicien su formación de posgrado tras la entrada en vigencia de la ley. En caso de incumplimiento, el MSP no registrará ni habilitará el título profesional.
El debate: equidad frente a libertad profesional
La propuesta abre una discusión profunda sobre el rol del Estado. Desde la perspectiva del interés general, la iniciativa se ampara en el deber constitucional de garantizar la salud pública, buscando acortar listas de espera y mejorar la cobertura en áreas vulnerables. Además, puede representar una oportunidad de experiencia laboral para recién egresados y fomentar el arraigo en el interior.
Por otro lado, la obligatoriedad genera resistencias al tensionar derechos individuales como la libertad de trabajo. Diversos sectores advierten que, si la medida se percibe como una carga rígida, podría provocar la fuga de talentos hacia el exterior o hacia el sector privado, afectando la continuidad asistencial. El desafío de la política radicará en lograr un equilibrio efectivo entre la obligación y los incentivos ofrecidos.
Análisis de una tensión irresuelta: equidad sanitaria versus libertad profesional
La arquitectura de una medida de shock
El diagnóstico que motiva la intervención legislativa no admite discrepancias entre los actores del sistema: existe una grave concentración de especialistas en Montevideo que desabastece a los departamentos del interior, golpeando con mayor dureza a los más de 1,7 millones de usuarios del sistema público. Para desarticular esta dinámica, el proyecto de Preve establece que los profesionales que culminen su formación de posgrado, así como otros profesionales de la salud, deberán cumplir una carga horaria semanal de entre 4 y 16 horas en instituciones públicas. Este desempeño abarcará a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Sanidad Militar, Sanidad Policial y el Hospital de Clínicas, percibiendo una remuneración acorde a los laudos vigentes.
La obligatoriedad de la medida es absoluta para las nuevas generaciones: el Ministerio de Salud Pública retendrá el registro y la habilitación del título profesional mientras dure el incumplimiento del servicio, bloqueando de facto el ejercicio libre de la especialidad. Para el legislador impulsor, esta herramienta de shock es la única vía capaz de garantizar que la salud sea un derecho efectivo a corto plazo, argumentando que las políticas de descentralización educativa demorarán años en arrojar resultados tangibles.
El rechazo sindical y la advertencia sobre la coerción
La reacción de las agrupaciones médicas ha sido de un rechazo rotundo al carácter impositivo del proyecto. Desde el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), el vicepresidente Dr. Rodrigo Perna califica la iniciativa como punitiva y advierte que la medida es inllevable si mantiene su naturaleza coercitiva. El análisis sindical sostiene que obligar a un médico a trasladarse al interior es una táctica superficial que ignora el verdadero problema estructural: la falta de condiciones laborales, la carencia de infraestructura adecuada y la ausencia de apoyo técnico en los hospitales alejados.
Perna subraya un factor humano fundamental que el texto legislativo parece omitir: los médicos especialistas culminan su formación en una etapa de la vida donde ya poseen familias constituidas. Forzar un traslado sin ofrecer incentivos reales, oportunidades de desarrollo profesional o un entorno adecuado para la vida familiar, está condenado al fracaso y podría incentivar la migración de profesionales al exterior. Para el SMU, la respuesta no radica en la coerción legal, sino en la creación de cargos de alta dedicación y en la promoción del desarrollo académico en el interior de manera voluntaria.
La perspectiva de FEMI: el arraigo no se decreta
La Federación Médica del Interior (FEMI), voz autorizada en la materia, comparte la preocupación por la carencia de especialistas, pero fustiga duramente la metodología del proyecto oficialista. El presidente de la gremial, Dr. Gustavo Alonso, argumenta que la imposición de servicios representa un retroceso inaceptable de las libertades individuales, revelando además que se evalúan posibles inconstitucionalidades en la redacción. FEMI detecta un elemento contradictorio en la letra del proyecto: al incluir hospitales ubicados en Montevideo, como el Militar o el de Clínicas, la ley evidencia que su objetivo real es tapar agujeros generales del sector público, desdibujando la supuesta meta de descentralizar la atención hacia el interior.
Además, la institución alerta sobre el peligroso precedente de extender esta obligación a licenciados en enfermería, psicólogos y otros técnicos. Alonso cuestiona dónde está el límite, sugiriendo que mañana el Estado podría obligar a docentes u otras profesiones universitarias bajo la misma lógica justificativa. La alternativa que defiende FEMI se basa en la descentralización de las residencias médicas. El arraigo territorial, argumentan, se construye durante los años de formación; si un residente estudia y forja sus vínculos afectivos y laborales en el interior, es altamente probable que decida radicarse allí permanentemente de forma voluntaria.
La trinchera rural y el cambio cultural
Más allá de los estrados legislativos y las sedes sindicales, la realidad empírica aporta matices insoslayables. El Dr. Ramón Soto, referente médico con vasta trayectoria en el interior profundo de Salto, expone la crudeza de una inequidad territorial que, a su juicio, rompe los ojos. Aunque reconoce que el aspecto obligatorio genera choques lógicos, Soto relativiza su impacto, recordando que se trata de un período acotado de dos años con su respectiva compensación económica, destinado a saldar una emergencia social urgente.
El análisis de Soto profundiza en una transformación cultural de la propia medicina: la sociedad actual, impregnada de inmediatez, fomenta que los profesionales prioricen el confort urbano y el prestigio académico por encima de la vocación tradicional de servicio en zonas rurales. Introduce aquí un concepto vital para la evaluación de cualquier política pública sanitaria: la acercabilidad. De nada sirve que el sistema garantice formalmente el acceso a un especialista si las distancias kilométricas y los tiempos burocráticos vuelven la consulta una quimera para el paciente del medio rural.
El debate sobre el servicio obligatorio transitorio ha destapado una de las falencias más críticas de la política de Estado en Uruguay. La resolución de esta crisis exigirá un equilibrio superlativo entre el derecho inalienable de la población a recibir atención de calidad y el respeto a las libertades profesionales, demostrando que la equidad sanitaria requiere mucho más que decretos legislativos: demanda inversión en infraestructura, inteligencia en los incentivos y una reestructuración de la formación académica a nivel nacional.
Dr. Federico Preve
“El objetivo es garantizar que la salud sea efectivamente un derecho para todos los uruguayos, independientemente del lugar donde vivan”.
El diputado frenteamplista Federico Preve, médico neurólogo de formación, se ha posicionado en los últimos meses como una de las voces más activas en la discusión sobre el acceso a la salud en Uruguay. Con experiencia clínica y participación en el diseño de políticas sanitarias, su mirada combina la práctica médica con una preocupación estructural: las desigualdades en el acceso a especialistas dentro del sistema sanitario. En ese marco, presentó un proyecto de ley que apunta a reforzar la atención pública y acortar las brechas entre usuarios del sector público y privado.
UNA RESPUESTA A UN PROBLEMA ESTRUCTURAL
El proyecto parte de un diagnóstico ampliamente compartido: Uruguay cuenta con un sistema de salud mixto, con cobertura universal a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero con desigualdades persistentes en el acceso a especialistas, especialmente en el interior del país y en el sector público.
En ese contexto, la iniciativa reconoce dos brechas principales: Territorial, con concentración de especialistas en Montevideo.Socioeconómica, con mejores tiempos de atención en el sector privado.
Según se fundamenta en la propuesta, más de 1,7 millones de usuarios del sistema público (ASSE, Sanidad Militar, Policial y Hospital de Clínicas) podrían verse beneficiados si se logra mejorar la disponibilidad de especialistas.
EL NÚCLEO DEL PROYECTO: SERVICIO OBLIGATORIO Y TRANSITORIO
El eje central de la iniciativa es la creación de un servicio de atención médica especializada de carácter obligatorio y temporal para profesionales recién egresados. En términos concretos, el proyecto establece: Obligación para médicos y otros profesionales de la salud tras finalizar su formación.
Prestación de servicios en instituciones públicas de todo el país. Duración aproximada de dos años. Carga horaria semanal entre 4 y 16 horas. Remuneración acorde a los laudos vigentes.
La lógica es doble: por un lado, reforzar la atención en el corto plazo, y por otro, facilitar la inserción laboral de los nuevos especialistas.
IMPACTO ESPERADO: MENOS ESPERA, MÁS EQUIDAD
Preve ha señalado que el objetivo es reducir tiempos de espera y evitar agravamiento de patologías por demoras.
En términos prácticos, esto implicaría:
Acceso más rápido a consultas con especialistas (como neurólogos o diabetólogos).
Mayor disponibilidad para estudios diagnósticos.
Reducción de intervenciones tardías.
Menor presión sobre servicios saturados.
La propuesta se presenta, además, como una medida de impacto inmediato, en contraste con otras políticas estructurales (como la descentralización de la formación médica) que requieren plazos más largos para dar resultados.
UN PROYECTO CON RESPALDO POLÍTICO, PERO NO EXENTO DE DEBATE
El legislador sostuvo que la iniciativa fue trabajada durante más de un año y logró respaldo dentro de la bancada del Frente Amplio antes de su presentación formal.
Sin embargo, uno de los puntos más sensibles es su carácter obligatorio, que ya ha generado discusión en ámbitos médicos y políticos. La idea de exigir un período de servicio público tras la formación plantea interrogantes: ¿Puede considerarse una contraprestación legítima por la formación recibida?
¿O implica una restricción a la libertad profesional?
El debate no es nuevo y tiene antecedentes en otros países, donde esquemas similares han sido utilizados para corregir desigualdades territoriales.
ANÁLISIS: ENTRE LA URGENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD
Desde una perspectiva de política pública, el proyecto presenta fortalezas claras: Ataca un problema real y actual: la falta de especialistas en el sector público.
Ofrece una solución de corto plazo, sin esperar reformas estructurales. Integra formación y servicio, alineando incentivos profesionales con necesidades sociales. No obstante, también plantea desafíos:
Sostenibilidad en el tiempo: ¿es una solución transitoria o el inicio de un modelo permanente?
Aceptación del cuerpo médico, clave para su implementación efectiva.
Riesgo de efectos no deseados, como la migración de profesionales o cambios en decisiones de especialización.
EL DERECHO A LA SALUD
La propuesta de Federico Preve se inserta en un debate central para el Uruguay contemporáneo: cómo garantizar que el derecho a la salud —reconocido como fundamental— se traduzca en acceso real y equitativo en todo el territorio.
En un sistema que ha logrado universalidad en la cobertura, el desafío ahora es la equidad en la calidad y oportunidad de la atención. El proyecto pone sobre la mesa una herramienta concreta para avanzar en ese sentido, aunque su viabilidad dependerá del equilibrio entre necesidad social, consenso político y aceptación profesional.
Más allá de su aprobación o no, la iniciativa ya cumple un rol clave: volver a colocar en agenda una de las tensiones más sensibles del sistema sanitario uruguayo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según explicó el diputado y médico Federico Preve, el proyecto parte de una realidad conocida pero persistente: en Uruguay el acceso a especialistas continúa dependiendo en gran medida del lugar donde vive cada persona. Mientras en Montevideo existe una mayor disponibilidad de médicos y otros profesionales de la salud, en muchas localidades del interior las consultas especializadas suponen largas esperas, viajes de cientos de kilómetros o, directamente, la ausencia de cobertura adecuada.
Preve señaló que esta desigualdad afecta especialmente a quienes dependen del sistema público de salud, generando una clara inequidad territorial y social. “No es aceptable que el acceso a un especialista dependa del código postal o de la capacidad económica de cada familia”, sostuvo.
El legislador indicó que, si bien existen políticas orientadas a descentralizar la formación de especialistas, sus resultados se verán en el mediano y largo plazo. Por ello, consideró necesario adoptar medidas inmediatas que permitan llevar profesionales calificados a las zonas donde hoy existe escasez.
En ese marco, la iniciativa propone que los nuevos especialistas y otros profesionales de la salud, una vez culminada su formación, presten por un período acotado y remunerado un servicio en el sistema público. Según Preve, esta herramienta permitirá mejorar rápidamente la cobertura en el interior del país y, al mismo tiempo, facilitar la inserción laboral de los jóvenes profesionales.
“El objetivo es garantizar que la salud sea efectivamente un derecho para todos los uruguayos, independientemente del lugar donde vivan”, afirmó. A su juicio, reducir las inequidades en el acceso a la atención especializada y fortalecer el sistema público constituye una tarea impostergable para avanzar hacia una mayor equidad sanitaria en todo el país.
El Dr. Rodrigo Perna
“Obligar a los médicos recién recibidos a trabajar en el interior no soluciona la raíz del problema”
El Dr. Rodrigo Perna analiza la propuesta de Federico Preve sobre médicos recién egresados y su impacto en el interior.
Ante la reciente propuesta del diputado Federico Preve, que busca que médicos especialistas recién egresados cumplan dos años de trabajo obligatorio en el sistema público, dialogamos con el Dr. Rodrigo Perna, vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay, sobre los alcances y desafíos de la iniciativa.
—Dr. Perna, ¿cuál es la posición del Sindicato Médico respecto a esta propuesta?
La ley, tal como está planteada, obliga a los médicos a trabajar durante dos años tras finalizar su especialidad en distintos lugares del interior del país, sin especificar zonas rurales concretas. Oficialmente, el sindicato aún no ha tomado una postura, algo que personalmente critico. Hay una relación muy cercana entre FOSALBA —agrupación que dirige el sindicato— y el diputado Preve, lo que explica cierta demora. Sin embargo, nuestra función es defender a los médicos y sus condiciones laborales, y esta medida, obligatoria y coercitiva, contradice este principio.
—¿Cree que la medida podría ayudar a disminuir desigualdades en el acceso a la salud?
No creo que esta ley resuelva la problemática. Es punitiva y limita la libertad profesional, y el problema real del sistema es estructural. Obligar a un profesional a trasladarse no garantiza que mejore la atención ni que se solucionen las desigualdades. Hay que pensar en el contexto completo: remuneración, condiciones laborales, infraestructura, formación de recursos humanos, y también en la vida familiar del médico.
—Entonces, ¿el problema no es la falta de médicos en el interior?
No, el problema principal es que las condiciones laborales y la estructura del sistema no están diseñadas para retener profesionales en el interior. Además, muchos médicos ya tienen familias establecidas al finalizar su especialidad y no es sencillo trasladarlas. La propuesta de Preve, además de obligatoria, no contempla incentivos que hagan atractivo trabajar en localidades alejadas.
—¿Qué tipo de incentivos serían más efectivos?
El incentivo más potente es formar médicos en el interior, donde nacen y crecen, para que regresen a su región. La remuneración es importante, pero también lo son las condiciones laborales, la posibilidad de desarrollo profesional y el equilibrio con la vida familiar. Un profesional recién recibido en el interior necesita garantías de calidad de vida y oportunidades de crecimiento, no imposiciones punitivas.
—¿La propuesta podría interpretarse como una limitación a la libertad profesional?
Sin dudas. Desde el sindicato, consideramos que la ley es inllevable si mantiene el carácter obligatorio y punitivo. Podemos discutir otros aspectos de la legislación, pero no podemos aceptar que se obligue a un profesional a ejercer en condiciones que él no elige.
—¿Qué acciones propone el sindicato para enfrentar esta problemática?
Trabajamos en la descentralización y en la formación de recursos humanos en el interior, asegurando que la calidad académica sea equivalente a la de Montevideo. También promovemos cargos de alta dedicación para mejorar la calidad de vida de los médicos y prevenir el síndrome de burnout y otras enfermedades asociadas a la carga laboral. La idea es ofrecer condiciones atractivas, no imponer obligaciones.
—En términos generales, ¿cómo ve la iniciativa del diputado Preve?
El planteamiento del diputado apunta a un problema real y nos parece válido debatirlo, pero creemos que la obligación punitiva es contraproducente. El sindicato está abierto al diálogo, a encontrar soluciones y a discutir condiciones de trabajo, siempre y cuando se elimine el carácter coercitivo de la ley. Solo así se podrá abordar el problema de forma eficaz y sostenible, fomentando la permanencia de médicos en el interior de manera voluntaria y con incentivos reales.
Además, el Dr. Perna subraya que el problema no solo se limita a la falta de médicos: “Hay un déficit estructural en la distribución de recursos humanos y en la infraestructura sanitaria del interior. No sirve que haya profesionales si no cuentan con hospitales equipados, laboratorios, personal de apoyo y la posibilidad de seguir capacitándose. Las soluciones requieren políticas integrales, que incluyan formación, incentivos y mejoras laborales, no medidas coercitivas.”
Respecto al atractivo de las localidades alejadas, Perna señala que “muchos jóvenes médicos prefieren quedarse en Montevideo porque allí pueden desarrollar sus carreras con mayor amplitud y acceso a pacientes de distintas patologías, lo que enriquece su formación. Además, trasladar a toda una familia no es trivial; cualquier política que ignore el contexto personal del profesional está condenada al fracaso.”
El vicepresidente del sindicato asegura que la clave está en la descentralización académica: “Formar profesionales en su propio departamento aumenta las probabilidades de que regresen. Si se genera un entorno adecuado, con incentivos reales, calidad de vida y oportunidades de crecimiento, se logra mucho más que con obligaciones legales punitivas.”
Finalmente, concluye: “Estamos abiertos al debate y a colaborar con propuestas que fortalezcan la salud pública en el interior, pero siempre respetando la libertad y el profesionalismo de los médicos. La coerción no es solución; el desarrollo sostenido sí lo es.”
Dr. Ramón Soto
“La salud debe convertirse en una verdadera política de Estado”
El debate generado por la propuesta impulsada por el diputado Federico Preve para reforzar la atención pública de salud y reducir la brecha de especialistas entre Montevideo y el interior continúa despertando repercusiones en distintos ámbitos del país. Entre quienes analizaron la iniciativa aparece la voz del Dr. Ramón Soto, reconocido médico con extensa trayectoria en el interior profundo y referente en temas vinculados al acceso a la salud fuera de la capital.
Con décadas de experiencia en el departamento de Salto y una permanente defensa de la descentralización sanitaria, Soto sostuvo que el problema de la falta de especialistas “es enorme” y que el país necesita comenzar a discutir soluciones de fondo, incluso aquellas que puedan generar resistencias dentro del propio sector médico.
UN PROBLEMA QUE “ROMPE LOS OJOS”
Durante la entrevista, el profesional fue contundente al señalar que las inequidades territoriales en materia sanitaria son cada vez más visibles y profundas. A su juicio, las dificultades para acceder a especialistas no solamente afectan al norte del país, sino también a múltiples localidades alejadas de los grandes centros urbanos.
“El problema es enorme y va aumentando”, expresó, remarcando que no se trata únicamente de médicos especialistas, sino también de enfermería especializada, psicología y otros recursos humanos vinculados a la salud.
Soto valoró positivamente que finalmente el tema esté instalado en la discusión pública y parlamentaria, aunque reconoció que existen puntos polémicos dentro de la iniciativa, particularmente aquellos vinculados a la eventual obligación de los nuevos especialistas de desempeñarse durante determinado tiempo en zonas del interior.
LA POLÉMICA SOBRE LA “OBLIGACIÓN”
Uno de los aspectos más debatidos de la propuesta es la posibilidad de que quienes reciban apoyo para especializarse deban luego trabajar durante un período en determinadas zonas del país. Sobre este punto, Soto entendió que el concepto debe analizarse con matices.
“El asunto choca un poco por el tema de la obligación, pero tampoco es una obligación de por vida. Son dos años y además existiría una compensación”, señaló.
Para el médico, el país necesita encontrar mecanismos que permitan cubrir necesidades urgentes en regiones donde hoy resulta extremadamente difícil acceder a determinadas especialidades. En ese sentido, insistió en que no existen “soluciones mágicas”, pero sí la necesidad de sentarse a discutir alternativas reales y sostenidas en el tiempo.
EL CAMBIO CULTURAL Y LA MEDICINA ACTUAL
Consultado acerca de por qué muchas veces las mayores resistencias surgen desde el propio sector médico, Soto realizó una reflexión más amplia sobre la transformación social y cultural de las últimas décadas.
Según indicó, la sociedad uruguaya ha cambiado profundamente y eso también repercute en la profesión médica. “Vivimos en una sociedad inmediatista”, afirmó, señalando que la lógica actual muchas veces prioriza el confort, la realización académica o las oportunidades urbanas por encima de la vocación tradicional de ejercer en el interior profundo.
Aun así, aclaró que no se trata exclusivamente de un problema salarial. Si bien consideró fundamental que exista igualdad de remuneración por igual tarea, sostuvo que también deberían contemplarse las dificultades particulares que implica trabajar lejos de los grandes centros urbanos.
“LA SALUD DEBE SER UNA POLÍTICA DE ESTADO”
Otro de los conceptos centrales planteados por Soto fue la necesidad de consolidar una auténtica política de Estado en materia sanitaria, más allá de los cambios de gobierno.
El profesional reconoció avances derivados del Sistema Nacional Integrado de Salud impulsado durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, aunque sostuvo que actualmente el principal desafío pasa por modificar el modelo asistencial.
En ese sentido, introdujo dos conceptos que consideró claves: la accesibilidad y la “acercabilidad”. Explicó que no alcanza con que formalmente exista el derecho a consultar un especialista si luego los tiempos de espera o las distancias hacen imposible concretarlo.
“Se le puede decir a alguien que tiene acceso a un psiquiatra, pero ¿cuándo lo consigue?”, cuestionó.
Para Soto, el desafío consiste en acercar los recursos tecnológicos y los especialistas a la población, especialmente en departamentos alejados de Montevideo y en las zonas rurales.
EL ROL DE INTENDENTES Y ALCALDES
El médico también defendió la participación activa de los gobiernos departamentales y municipales en las políticas sanitarias. Según manifestó, los intendentes y alcaldes son autoridades de cercanía que diariamente reciben reclamos vinculados al acceso a la salud.
En particular, destacó que muchos jerarcas departamentales respaldan iniciativas vinculadas a mejorar la cobertura sanitaria porque conocen directamente las dificultades que atraviesan los vecinos.
TELESALUD Y FORTALECIMIENTO DEL INTERIOR RURAL
Hacia el final de la entrevista, Soto insistió en que la principal prioridad debería ser fortalecer los recursos humanos en el interior y especialmente en las zonas rurales.
“El objetivo es derribar las inequidades territoriales”, afirmó, señalando que las diferencias que existen entre Montevideo y el interior también se reproducen entre las capitales departamentales y el medio rural.
En ese marco, consideró que la telesalud y la telemedicina pueden transformarse en herramientas fundamentales para acercar especialistas a lugares remotos y mejorar la cobertura sanitaria sin depender exclusivamente de la radicación física permanente de profesionales.
FALTA DE VOLUNTAD O FALTA DE CONSENSOS
Finalmente, Soto rechazó la idea de que la situación actual sea consecuencia únicamente de falta de voluntad política. A su entender, han existido intentos y propuestas, pero muchas veces faltó continuidad y consenso para sostenerlas en el tiempo.
“Los esfuerzos no han sido constantes”, sostuvo, advirtiendo que la propia inercia del sistema termina ampliando las brechas territoriales en lugar de reducirlas.
El médico concluyó señalando que Uruguay necesita pensar la salud “en clave de país y de futuro”, dejando de lado cálculos políticos de corto plazo y apostando a soluciones coordinadas entre el Estado, el sistema sanitario y la sociedad.
Dr. Gustavo Alonso – Pte. FEMI
FEMI respaldó el debate sobre especialistas, pero cuestionó la obligatoriedad del proyecto de Preve
El presidente de la Federación Médica del Interior, Gustavo Alonso, sostuvo que el problema de la falta de especialistas en el interior existe desde hace años, aunque advirtió que imponer servicios obligatorios para los profesionales de la salud puede afectar libertades y generar efectos contraproducentes.
La discusión sobre la falta de especialistas en el interior del país volvió al centro del debate político y sanitario tras la propuesta impulsada por el diputado Federico Preve para reforzar la atención pública de salud mediante mecanismos obligatorios para profesionales recién egresados. En ese contexto, el presidente de la Federación Médica del Interior (FEMI), Federación Médica del Interior, Dr. Gustavo Alonso, valoró que el tema haya sido instalado públicamente, aunque manifestó reparos importantes respecto al contenido del proyecto.
Alonso explicó que la problemática no es nueva y que FEMI viene advirtiendo desde hace años sobre la disminución de especialistas en distintas zonas del interior. Según señaló, la federación ya había expuesto esta preocupación en el Parlamento y promovido ámbitos de discusión con actores públicos y privados del sistema sanitario.
UN PROBLEMA QUE, SEGÚN FEMI, NO SE RESUELVE CON IMPOSICIONES
El titular de FEMI sostuvo que el principal desacuerdo con la iniciativa radica en el concepto de obligatoriedad. A su entender, la dificultad para radicar especialistas en el interior no responde únicamente a una falta de médicos, sino a una fuerte concentración de recursos académicos y de formación en Montevideo.
“Hay muy pocos residentes que se pueden formar en el interior y pensamos que el trabajo se debe desarrollar por ese lado”, afirmó Alonso, quien agregó que imponer obligaciones laborales a los profesionales representa “un retroceso de libertades”. También indicó que asesores jurídicos de la institución manejan posibles cuestionamientos de constitucionalidad sobre algunos aspectos de la propuesta.
Desde FEMI se advierte además que el proyecto no estaría orientado exclusivamente al interior del país, ya que también contempla servicios en instituciones ubicadas en Montevideo, como el Hospital Militar, el Hospital Policial y el Hospital de Clínicas. Según Alonso, eso demuestra que la iniciativa busca cubrir necesidades generales de la salud pública y no únicamente descentralizar especialistas.
“NO ES SOLO PARA MÉDICOS”
Otro de los aspectos cuestionados por la federación es que la obligación alcanzaría a distintos profesionales vinculados al área de la salud y no solamente a médicos especialistas. Alonso mencionó que el texto también involucraría a licenciados en enfermería, psicólogos, radiólogos y otros técnicos formados en el sistema universitario público.
A juicio de FEMI, esto podría generar un precedente riesgoso para otras profesiones. “Hoy arrancamos obligando al personal de salud y mañana se podría obligar a docentes u otros profesionales”, sostuvo.
El dirigente también cuestionó que el proyecto establezca que la habilitación definitiva del título profesional se otorgue recién después de cumplir con el período obligatorio de servicios. Según indicó, eso generaría problemas legales y de cobertura para los médicos, ya que ejercerían una especialidad sin contar aún con la habilitación plena del título.
LA APUESTA DE FEMI: FORMACIÓN Y ARRAIGO EN EL INTERIOR
Como alternativa, FEMI plantea profundizar la descentralización de las residencias médicas y fortalecer las unidades académicas en el interior del país. Alonso explicó que el objetivo debe ser que los profesionales se formen directamente fuera de Montevideo, ya que durante los años de especialización es cuando suelen consolidar vínculos familiares y laborales permanentes.
“Si tú estás haciendo una residencia en el interior, esos vínculos familiares los empezás a hacer allí y eso te puede ayudar a arraigarte”, expresó.
En ese sentido, destacó que varias instituciones del interior ya avanzan en programas de residencias médicas, mencionando experiencias en Maldonado, Cerro Largo, Rocha y otros departamentos. Para FEMI, ese es el camino adecuado para resolver el déficit de especialistas sin recurrir a mecanismos coercitivos.
DIÁLOGO ABIERTO CON EL DIPUTADO PREVE
Pese a las diferencias, Alonso destacó que mantuvieron una reunión con el diputado Federico Preve en “excelentes términos”, donde hubo intercambio de propuestas y apertura para seguir trabajando sobre modificaciones al proyecto.
Según indicó, FEMI presentará contrapropuestas formales si la iniciativa continúa su trámite parlamentario. El presidente de la federación consideró que existen posibilidades de alcanzar acuerdos que permitan construir una ley con respaldo amplio, siempre que se introduzcan cambios sustanciales respecto a la obligatoriedad planteada inicialmente.
En definitiva, desde FEMI se comparte la preocupación por la falta de especialistas en el interior, pero se insiste en que la solución pasa por fortalecer la formación, descentralizar las residencias y generar condiciones reales de arraigo profesional, evitando —según remarcan— medidas obligatorias que puedan terminar desalentando la formación de nuevos especialistas.
Gremio Estudiantil de Medicina Salto
Estudiantes de Medicina respaldan proyecto de Preve y defienden su impacto en el acceso a especialistas en el interior
El gremio estudiantil de Medicina en Salto considera que la propuesta impulsada por el diputado Federico Preve apunta a responder una problemática histórica de la falta de especialistas y las largas demoras en la atención en el interior del país.
En el marco del debate generado por el Proyecto de Ley de Creación del Servicio de Atención en Salud Pública EL PUEBLO sonsideró la postura de la Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) en Salto.
El delegado estudiantil Matías Correa manifestó el respaldo del gremio a la iniciativa impulsada por el diputado Federico Preve, entendiendo que se trata de una herramienta orientada a enfrentar las desigualdades estructurales en el acceso a la salud pública fuera de Montevideo.
“Somos estudiantes avanzados en Medicina y tenemos un gremio acá en Salto que en realidad es una sede del gremio de Montevideo, de la Asociación de Estudiantes de Medicina. Surgió hace dos años como respuesta a algunas problemáticas que ha atravesado la carrera en el norte y seguimos trabajando para fortalecer el movimiento estudiantil”, explicó Correa.
El estudiante señaló que el gremio comenzó a analizar el proyecto hace varias semanas y que la posición favorable fue resultado de un proceso interno de discusión e intercambio.
“Se tomó bastante tiempo para elaborarla justamente por una razón de primero informarse con el proyecto de ley, las interpretaciones que se le puedan dar y también escuchar lo que explicó Federico Preve públicamente. Lo que se decidió por parte de AEM es justamente apoyar el proyecto entendiendo lo favorable y sabiendo que plantea una respuesta concreta a algo que está pasando en el interior”, sostuvo.
Cubre una necesidad
Para Correa, el principal problema que busca atender la iniciativa es la falta de especialistas y las largas demoras que enfrentan miles de usuarios de ASSE.
“Se entiende primero que nada que la salud es un derecho. Y también entendemos que hay una necesidad muy grande de la población del interior que está esperando meses para ver a un especialista. Ahí está la dualida, por un lado el poder de decisión de los médicos recién egresados y por otro la necesidad de miles de usuarios que sufren esas demoras”, expresó.
La Asociación de Estudiantes de Medicina dejó asentada esa postura en un comunicado emitido recientemente donde sostiene que “la salud, como derecho constitucional y fundamento central de este proyecto de ley, debe ser garantizada por el Estado de forma democrática, accesible y de calidad”.
El documento remarca que actualmente ese derecho continúa vulnerado para gran parte de la población del interior del país, donde muchas personas esperan durante meses para acceder a consultas especializadas.
Condiciones de trabajo favorables
Correa destacó además que el proyecto prevé condiciones laborales específicas para quienes deban desempeñarse en el interior, incluyendo remuneración, cobertura de traslados y viáticos.
“Con respecto a viajes, viáticos, zona para quedarse y demás, eso está cubierto. También está el tema de las remuneraciones acorde a las horas trabajadas. La carga horaria tiene un máximo de 16 horas semanales y un mínimo de 4, dependiendo de la distancia respecto a la capital”, indicó.
Según explicó, desde el gremio estudiantil se entiende que el proyecto no representa un perjuicio para los futuros especialistas, sino una posibilidad de inserción laboral inmediata y adquisición de experiencia.
“Yo personalmente lo veo bastante positivo en el sentido de que una persona que se recibe siendo especialista ya tiene un trabajo garantizado. Entiendo que eso también forma un incentivo para que médicos recién egresados quieran trabajar en el interior”, señaló.
El estudiante agregó que las remuneraciones planteadas serían acordes a las exigencias y podrían rondar los 300 mil pesos mensuales en algunos casos, de acuerdo a lo planteado públicamente durante la discusión del proyecto.
La AEM también sostiene en su comunicado que la iniciativa implica “trabajo garantizado al egreso, inserción laboral inmediata, acumulación de experiencia y una carga horaria que no imposibilita el desempeño en otros ámbitos”.
Consecuencias de la desigualdad
Otro de los puntos que Correa consideró relevantes es el impacto social de la desigualdad en el acceso a especialistas entre el sistema público y privado.
“El proyecto habla mucho de cómo las personas terminan teniendo que elegir entre esperar meses en el sistema público o pagar salud privada para acceder más rápido a un especialista. Y no todos pueden permitirse eso. Esa es una barrera muy importante”, afirmó.
En el comunicado, la AEM sostiene que diariamente los estudiantes observan durante las prácticas clínicas pacientes que llegan a internación por patologías que podrían haberse tratado oportunamente si hubieran tenido acceso temprano a profesionales especializados.
“Las consecuencias de esta desigualdad son profundas: sufrimiento, deterioro en la calidad de vida y, en muchos casos, muertes evitables”, expresa el documento.
La organización estudiantil también cuestionó algunas críticas realizadas al proyecto y rechazó situaciones que calificaron como “desinformación”, especialmente tras coberturas mediáticas realizadas en la Facultad de Medicina.
“Nos preocupan mucho las posturas de rechazo que se sostienen desde la desinformación y sin disposición al intercambio reflexivo”, manifestó la asociación.
Correa subrayó además la necesidad de fortalecer la representación estudiantil en el interior del país.
“Acá en el interior realmente no hay otro gremio de estudiantes de Medicina. En Salto y Paysandú hay una crisis bastante grande de organización estudiantil y estamos trabajando justamente para tratar de solventarla”, afirmó.
Finalmente, el comunicado de la Asociación de Estudiantes de Medicina plantea una reflexión sobre el rol social de los futuros profesionales de la salud y el compromiso con un sistema sanitario más equitativo.
“¿Qué nos motiva a transitar esta carrera? ¿Cuál es el papel que queremos asumir como futuros profesionales en la construcción de un sistema de salud más justo, equitativo y verdaderamente universal?”, concluye el texto.
La AEM anunció además la realización de un conversatorio junto al diputado Federico Preve para profundizar en los alcances del proyecto, evacuar dudas y promover el intercambio sobre una iniciativa que continúa generando debate dentro y fuera del ámbito universitario.
