El TCR aprobó por unanimidad el financiamiento de largo plazo solicitado por la Intendencia de Salto, habilitando a la Junta a continuar con su análisis.
El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) aprobó por unanimidad la solicitud de financiamiento de largo plazo presentada por la Intendencia de Salto, un paso clave dentro del proceso institucional que ahora habilita a la Junta Departamental a continuar con el estudio y eventual votación del proyecto. La resolución Nº 2967/2025 y el informe emitido el 20 de noviembre confirman que no hubo votos discordes entre los siete miembros del organismo, lo que constituye un aval técnico y jurídico de especial relevancia.
El dictamen del TCR establece que el pedido cumple plenamente con los requisitos del artículo 301 de la Constitución de la República y con las disposiciones aplicables a los gobiernos departamentales. La solicitud, enviada por la Junta Departamental mediante el Oficio Nº 1066/2025, plantea la autorización para constituir un financiamiento de hasta 380 millones de Unidades Indexadas —equivalentes a unos sesenta millones de dólares— a un plazo máximo de veinte años.
El informe analiza la estructura del financiamiento, los compromisos asumidos y la legalidad del proceso, concluyendo que la solicitud cuenta con la viabilidad jurídica necesaria y con un marco financiero adecuado. También incorpora el estudio de flujos de fondos proyectados para el período 2025–2046, donde se verifica la capacidad de repago estimada para todo el plazo, elemento central para la aprobación del organismo de contralor.
Según la documentación oficial, el financiamiento forma parte de un plan integral destinado a ordenar pasivos heredados, estabilizar la situación económica del gobierno departamental y, simultáneamente, ejecutar obras estratégicas en distintos puntos de la ciudad y del interior del departamento. La evaluación del TCR destaca que el planteo se ajusta a los parámetros exigidos y se apoya en proyecciones consideradas razonables.
Días antes de conocerse el pronunciamiento del Tribunal, el intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, había convocado a representantes de todas las fuerzas políticas con el fin de presentar de manera directa, técnica y detallada el mecanismo de financiamiento. En ese encuentro, Albisu subrayó la importancia de la transparencia y de brindar toda la información disponible para que cada bancada pudiera evaluar el proyecto con rigor y sin especulaciones. La intención, remarcó, era asegurar un proceso claro antes de su ingreso definitivo a la Junta Departamental.
La resolución del Tribunal de Cuentas establece dos disposiciones centrales: aprobar el informe técnico emitido y comunicar su pronunciamiento tanto a la Intendencia como a la Junta Departamental de Salto. Con este respaldo, el Legislativo adquiere ahora la responsabilidad de continuar con el análisis político y jurídico del financiamiento, cuya aprobación final será determinante para el desarrollo de las obras previstas y para la regularización financiera que plantea el Ejecutivo.
El aval unánime del organismo de contralor representa un elemento decisivo en la discusión departamental. Otorga garantías sobre la legalidad del procedimiento y sobre la solidez del planteo financiero, a la vez que despeja dudas respecto al cumplimiento de las normativas vigentes. Para la Intendencia, se trata de un paso imprescindible hacia la concreción de un conjunto de inversiones orientadas a modernizar la infraestructura, atender obligaciones acumuladas y generar mejores condiciones para el crecimiento y la calidad de vida en Salto.
Con el pronunciamiento del TCR ya en manos de la Junta, el proceso ingresa en su etapa final, donde el sistema político deberá decidir si acompaña o no una iniciativa presentada como estratégica para el futuro del departamento.
