La Policía descubrió a una veintena de adultos mayores en condiciones de hambre, hacinamiento e insalubridad en un residencial de Montevideo.
Personas inescrupulosas hacían dinero con las vicisitudes humanas en un residencial capitalino
Felizmente, el caso del residencial para personas de la tercera edad ubicado en la zona de La Unión, en Montevideo, terminó como era natural: la propietaria del local y su secretaria fueron procesadas luego de ser conducidas a Fiscalía. A ambas se les adjudicaron varios delitos, principalmente por violar todo tipo de derechos humanos.
A raíz de las denuncias realizadas por vecinos de la zona, la Policía procedió a inspeccionar el residencial, donde encontró a una veintena de ancianos inmersos en la máxima miseria humana: con hambre, hacinados y en condiciones similares a las de un campo de concentración nazi de la Segunda Guerra Mundial.
Entre los delitos imputados a las detenidas, responsables de esta maniobra, se encuentran aquellos relacionados con el estado físico de los residentes y la manipulación del dinero que cobraban por el servicio. Los familiares abonaban para que las personas de la tercera edad recibieran los cuidados necesarios, teniendo en cuenta su edad, sus problemas de salud y su frágil condición física.
Funcionaba en dos edificios
Luego de que todo este panorama quedara al descubierto, se pudo establecer que el residencial funcionaba en dos edificios. Uno de ellos estaba bien acondicionado y era donde recibían a los familiares de los residentes. De esta manera, lograban mostrar que todo marchaba con normalidad y que la empresa funcionaba como otros residenciales dedicados al cuidado de personas mayores.
Sin embargo, la cara oculta de la realidad salió a la luz cuando los efectivos policiales ingresaron por un pasillo contiguo al edificio central y se encontraron con un panorama desolador: ancianos que pedían comida, otros en condiciones de total abandono e insalubridad y muchos de ellos durmiendo sobre colchones colocados en el suelo.
Al margen de esta situación, que llegó a conocimiento de la opinión pública gracias a las denuncias de los vecinos, el caso deja varias reflexiones e interrogantes. Uno de ellos es cómo pudieron evitar durante tanto tiempo que el Ministerio de Salud Pública constatara estas anomalías, considerando que normalmente este tipo de residenciales es controlado periódicamente por el organismo.
De todas formas, el accionar de las responsables resulta aberrante y rechazable desde todo punto de vista. Los familiares, como ocurre en todos los residenciales, abonaban una cuota para que sus seres queridos fueran cuidados, con la tranquilidad de creer que los dejaban en buenas manos.
Pese a ello, las detenidas y procesadas por varios delitos hicieron exactamente lo contrario. Pensaron únicamente en enriquecerse mediante este negocio y terminaron en prisión por su maniobra.
