“Lo que comenzó como una reparación terminó convirtiéndose en una estructura económica permanente.”
Dr. Ignacio Supparo Teixeira
Como sostiene el escritor Álvaro Alfonso en su libro Operación Verdad, “la verdad y justicia tuvo también un contenido económico”. Y éste es un debate que los uruguayos decidimos ignorar y evitar: cuándo una reparación deja de ser justicia y empieza a transformarse en un privilegio permanente financiado por toda la sociedad.
En palabras de Alfonso, estas reparaciones dieron origen a un sistema de “hijos y entenados”, donde algunos ciudadanos viven bajo las reglas comunes y otros acceden a beneficios excepcionales blindados política y moralmente. Las llamadas “reparaciones históricas” vinculadas a ex guerrilleros, ex presos políticos y militantes perseguidos durante los años de violencia política y dictadura integran claramente esa categoría de “hijos privilegiados”.
Y aquí es cuando es necesario cuestionar lo siguiente: ¿hasta qué punto una reparación estatal es justa cuando se transforma en un sistema permanente de privilegios jurídicos y económicos costosísimos que son financiados por el rico y el pobre de nuestra sociedad?
Acá hay que entender lo siguiente: lo que originalmente fue presentado como una reparación excepcional y limitada, se convirtió, con el correr de los años, en una verdadera estructura estatal de beneficios diferenciales sostenida por los contribuyentes comunes.
Y este punto altera completamente la naturaleza del debate puesto a que salimos del plano moral y simbólico (memoria, verdad, justicia) para pasar a otra dimensión muy cuestionable: la económica. Y cuando el privilegio económico se hace presente ya no se trata solamente de discutir hechos históricos sino que se trata de discutir dinero público. Muchísimo dinero público.
Las investigaciones del escritor Alfonso, coloca sobre la mesa un dato que resulta sencillamente impactante: el costo total de estas reparaciones podría alcanzar los 2.000 millones de dólares hacia el año 2030 (U$S 2000.000.000).
Leíste bien: ¡¡¡dos mil millones de dólares!!!
Es claro entonces que esta cifra obliga inevitablemente a cambiar el eje de la discusión.
Porque mientras muchos ciudadanos enfrentan jubilaciones mínimas insuficientes; el BPS arrastra un déficit estructural alarmante; la presión fiscal se vuelve cada vez más insoportable; los servicios públicos y la seguridad continúan deteriorándose; y miles de jóvenes emigran porque ya no encuentran futuro en el país, el Estado uruguayo sigue sosteniendo un régimen excepcional que beneficia a un sector muy específico y privilegiado de la sociedad.
Y entonces la pregunta se vuelve inevitable: ¿cuántos niños podrían salir de la pobreza con ese dinero? ¿Cuántos hospitales, escuelas, viviendas o centros de rehabilitación podrían construirse? ¿Cuántas jubilaciones mínimas podrían mejorarse si esos recursos dejaran de alimentar un sistema de privilegios políticos permanentes?
Detrás de esto existe una arquitectura jurídica y un sistema, creado por nuestros legisladores, que se fue construyendo progresivamente a través de varias normas, pero donde dos leyes resultan centrales: la Ley 18.033 y la Ley 18.596.
La primera estableció jubilaciones y pensiones reparatorias especiales para personas perseguidas por razones políticas, ideológicas o gremiales. Sin embargo, el mecanismo no se limitó a una compensación simbólica. Incluyó cómputos fictos de años de trabajo, beneficios previsionales diferenciales y prestaciones especiales que exceden claramente el régimen común aplicable al resto de los ciudadanos.
Sumado a esto, la ley les otorga un privilegio que es tan injusto como inaceptable, y que no goza ningún uruguayo: esas prestaciones pagadas por el BPS son heredables. Es decir, la reparación deja de ser estrictamente individual y pasa a proyectarse sobre familiares.
Y este punto cambia en forma radical la naturaleza jurídica y moral del sistema. Porque el trabajador común no hereda jubilaciones especiales. El comerciante que aportó cuarenta años no transmite privilegios previsionales extraordinarios a sus hijos, si tiene la desgracia de morir mientras tramita su jubilación. Todo el dinero que aporto se lo queda el Estado, todo ese esfuerzo de 40 años no va a su familia, sino que parte termina en el bolsillo de terceros que reciben su dinero en concepto de “reparaciones históricas”. Asimismo, el obrero y la domestica que pasaron una vida entera trabajando no acceden a cómputos fictos de años ni a regímenes diferenciales.
Al querido lector le pregunto: ¿ven algo justo en esto?
Para todos nosotros existen solamente las reglas comunes: años mínimos, causal jubilatoria, aportes obligatorios y jubilaciones muchas veces insuficientes. Pero paralelamente se consolidó otro universo jurídico, que se traduce en un régimen excepcional reservado para determinados colectivos definidos políticamente. En fin, las leyes reparatorias evidencias un caso muy claro de desigualdad ante la ley.
La situación se vuelve todavía más controvertida con la Ley 18.596: norma que amplió el período reconocido para reparaciones desde 1968 hasta 1985. Este dato es fundamental. En 1968 todavía no existía dictadura militar en Uruguay. Había democracia formal, Parlamento, Constitución y gobiernos elegidos democráticamente. Sin embargo, el Estado uruguayo terminó reconociendo reparaciones económicas especiales incluso por hechos ocurridos durante gobiernos democráticos.
Comprobamos entonces que nuestros legisladores crearon todo un sistema que ya no se limita exclusivamente a reparar víctimas de la dictadura militar sino que extiende el pago a situaciones vinculadas al enfrentamiento entre el Estado democrático uruguayo y organizaciones armadas revolucionarias que operaban antes del golpe de Estado.
Entonces me pregunto: ¿es realmente justo que sea la propia democracia la que termine financiando de forma privilegiada a personas que combatieron contra esa misma democracia, llenando hoy sus bolsillos con el esfuerzo de toda la sociedad?
Inconcebible ¿verdad?
La pregunta no implica justificar abusos estatales posteriores ni relativizar violaciones a los derechos humanos. Pero sí obliga a abandonar una visión simplificada de la historia reciente uruguaya. Y obliga, sobre todo, a discutir los límites de las reparaciones.
Porque una cosa es una compensación excepcional, limitada y estrictamente personal, sobre hechos probados en forma incuestionable. Otra completamente distinta es construir un sistema permanente, hereditario y multimillonario sostenido indefinidamente por generaciones enteras de contribuyentes, muchos de los cuales ni siquiera habían nacido en aquella época. Y que hoy deben mantener a los hijos o nietos de aquellas personas.
¿Hay algo justo en todo esto?
Lo grave de todo esto es el enorme silencio político que rodea el tema. Prácticamente nadie parece dispuesto a discutir seriamente la justicia de este régimen excepcional. Existe miedo: miedo al costo político; a la condena mediática; a cuestionar uno de los pilares simbólicos del relato de izquierda progresista uruguayo.
Mientras tanto, el trabajador común esta más empobrecido y obligado a financiar el Estado mediante impuestos y aportes cada vez más pesados.
Vale la pena preguntarse si realmente estamos frente a una reparación histórica… o frente a una estructura estatal que termino consolidando todo un sistema de privilegios legales.
Uruguay necesita memoria histórica, verdad y honestidad sobre los años más traumáticos de su pasado reciente. Pero necesita también preservar cosas igual de importantes como son: la igualdad ante la ley, la estabilidad institucional, la paz cívica y convivencia y soberanía popular y respeto por las decisiones del pueblo.
Ninguna república puede sostenerse indefinidamente creando ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda dentro de su propio sistema previsional sin terminar erosionando, lenta pero profundamente, la legitimidad de sus instituciones.
Y ese es, quizás, el verdadero debate que Uruguay todavía no se ha animado a dar.
