En momentos en que el país atraviesa cierres, reestructuras y anuncios de despidos colectivos, el debate sobre la obligatoriedad del preaviso empresarial vuelve a poner sobre la mesa una cuestión de fondo: la necesidad de reglas claras, previsibles y equilibradas para sostener el empleo y la inversión.
La discusión no es menor. Por un lado, el gobierno impulsa un proyecto que obligaría a las empresas a notificar con antelación despidos masivos o ceses de actividad, bajo el argumento de que el Estado necesita margen para anticipar crisis y amortiguar su impacto social. Por otro, desde la oposición —entre ellos el Partido Nacional— y desde distintos sectores empresariales se advierte que la medida podría resultar contraproducente si genera incertidumbre o desalienta la creación de nuevas fuentes laborales.
En este contexto, el papel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es clave. No solo por la responsabilidad técnica de diseñar instrumentos eficaces, sino por la necesidad política de actuar como un verdadero fiel de la balanza. Cuando el mercado laboral atraviesa tensiones, el país no necesita discursos que profundicen grietas, sino señales claras de equilibrio, diálogo y responsabilidad institucional.
La experiencia reciente demuestra que las decisiones empresariales pueden tomarse con escaso margen de aviso, especialmente en sectores globalizados donde las definiciones se adoptan fuera de fronteras. Esa realidad exige herramientas ágiles. Pero también es cierto que Uruguay compite por inversiones en un escenario internacional complejo, donde la previsibilidad normativa y la estabilidad jurídica pesan tanto como los costos operativos.
Por eso el eje no debería reducirse a una pulseada entre “empresa” y “trabajador”. El verdadero desafío es construir un marco que proteja el empleo sin erosionar la confianza. La generación de puestos de trabajo no surge de la confrontación permanente, sino de la certeza de que las reglas no cambiarán de manera intempestiva ni se aplicarán con sesgos ideológicos.
Las empresas necesitan saber a qué atenerse. Los trabajadores necesitan garantías. El Estado, por su parte, debe garantizar que ambos intereses se articulen en un sistema justo y sostenible. Ese equilibrio es frágil, pero imprescindible.
Reglas claras, previsibilidad y equilibrio: esa debería ser la hoja de ruta. Porque sin ellas, ni el empleo ni la inversión encuentran terreno firme donde crecer.
